43 firmantes del Acuerdo de Paz han sido asesinados en lo que va de 2022.
El Gobierno Nacional lamentó y rechazó los asesinatos de ocho excombatientes firmantes del Acuerdo de Paz del Teatro Colón que se han presentado desde el pasado 7 de agosto hasta la fecha.
El más reciente sucedió en Corinto, Cauca, el pasado domingo, cuando Jonh Janer Palacios Velasco, líder social y defensor de los derechos humanos, murió a manos de un grupo armado que opera y recluta en las inmediaciones de El Palo, según los primeros indicios que arrojó la investigación extrajudicial.
Desde el 1 de enero hasta el 7 de agosto del presente año fueron asesinados 31 firmantes del Acuerdo de Paz, un fenómeno alarmante y lamentable que, pese no haberse detenido por completo, sí mostró una reducción porcentual a partir de la implementación de medidas especiales por parte del Gobierno Petro.
En los Consejos de Seguridad que el Gobierno nacional lleva a cabo todos los lunes, el asesinato de líderes sociales y de firmantes de paz es un tema prioritario de análisis con miras a la formulación de acciones estratégicas para enfrentar factores de riesgo y desmantelar los grupos criminales responsables.
A partir del inicio de este Gobierno se escucharon y se adoptaron las medidas para la protección de la vida propuestas por plataformas de derechos humanos. Así, por ejemplo, se desarrolló una campaña nacional en contra de la estigmatización de excombatientes y líderes, y se instalaron más de 200 Puestos de Mando Unificado por la Vida.
Hace varios meses se reactivaron la Unidad Policial para la Edificación de la Paz, UNIPEP, y la Comisión Nacional de Garantías, definiendo así una política criminal enfocada en el desmonte de estructuras armadas de este tipo. Esta política ya se está ejecutando, y además quedará consignada en el capítulo de implementación del Acuerdo de Paz del próximo Plan Nacional de Desarrollo.
Durante la fase de acercamientos con grupos armados en el marco de la política de Paz Total del Gobierno, varias de estas agrupaciones se han comprometido a un cese al fuego unilateral que necesariamente implica el respeto por la vida y la integridad de toda la población colombiana, de la cual hacen parte integral los firmantes de paz y los líderes sociales.
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Este compromiso es elemental para que los armados demuestren su voluntad de paz y para que el Gobierno autorice el inicio de una fase formal de diálogos con cada grupo.
De la misma manera, a la hora de entablar conversaciones con un grupo armado irregular, este Gobierno ha puesto sobre la mesa las afectaciones a firmantes de paz alrededor de las cuales existan indicios de responsabilidad que apunten a ese grupo en particular.
Bajo esta administración, todas las entidades responsables han desplegado reacciones inmediatas, precisas y específicas al momento de recibir denuncias sobre planes de asesinato o amenazas en contra de firmantes de paz, evitando en muchos casos que estas se materialicen.
La Unidad Nacional Protección (UNP), que hoy está siendo reestructurada, ha diligenciado con prontitud casi la totalidad de las solicitudes que le han remitido firmantes de paz en situación de riesgo. La entidad es consciente de la responsabilidad que significa tener a su cargo la protección de la vida de este grupo poblacional.
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Así mismo, las Fuerzas Militares han desplegado su capacidad en atención a los requerimientos de los firmantes de paz que se encuentran en riesgo, con operaciones de evacuación o de fortalecimiento de la protección.
El enfoque de la seguridad humana pretende brindar las garantías necesarias, no solamente para la vida y la integridad de los firmantes, sino también para el ejercicio pleno de su actividad política.
El Gobierno del Cambio es consciente de que, por más que exista la plena voluntad política, cinco meses son insuficientes para resolver las violencias enquistadas desde siempre en las dinámicas de la política nacional.
