EL COLOMBIANO conoció que la Cancillería estaría analizando dejarle el contrato a la inexperta Imprenta Nacional para evitarse el proceso licitatorio. Ya hay problemas.
El gobierno del presidente Gustavo Petro estaría buscando entregarle “a dedo” la millonaria licitación de pasaportes a la Imprenta Nacional, una entidad del Estado que no tiene experiencia en ese campo y que tendría que aliarse con un viejo conocido para Colombia: la multinacional mexicana Accesos Holográficos, cuyos negocios con la Fábrica de Licores de Antioquia, FLA, terminaron mal.
Esa información –a la que tuvo acceso EL COLOMBIANO con altas fuentes del Gobierno y del proceso de contratación– tomó mucha más fuerza este viernes tras el anuncio del canciller (e), Luis Gilberto Murillo, de suspender la nueva licitación hasta nuevo aviso.
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Con ese freno total al proceso para encontrar la compañía que se encargará de abastecer al país de pasaportes y sellos de visas, el Gobierno podría estar buscando los argumentos necesarios para eliminar definitivamente la licitación y hacer un contrato interadministrativo que es legal porque se paga con una empresa completamente estatal y que les permite asignar el contrato de $600.000 millones a dedo y sacar del camino a la polémica multinacional, Thoma Greg and Sons (TGS).
El lío con toda la contratación inició en 2023, cuando la mayoría de empresas que estaban compitiendo por el contrato empezaron a alegar supuestos favorecimientos a TGS para que tuviera un “contrato de bolsillo” y se quedara con con la impresión de pasaportes como en los últimos 25 años.
Ante los supuestos líos de corrupción, el entonces canciller Álvaro Leyva declaró desierta la licitación y decretó una urgencia manifiesta. Ambas actuaciones terminaron por sacarlo de su cargo con una sanción de la Procuraduría General de la Nación que lo suspendió por tres meses. En todo ese lío, TGS demandó al Estado por daños y perjuicios por un monto de 117.000 millones de pesos.
¿Contrato con la Imprenta?
Pero, mientras el país entero se debatía sobre si entregar una licitación amañada o reiniciarla con la posibilidad de una pérdida millonaria para la Nación, el entonces canciller Leyva tuvo reuniones claves para definir lo que está pasando ahora.
Con la Imprenta Nacional, la Cancillería tuvo una reunión que se hizo pública y otros cuantos encuentros y llamadas confidenciales que corroboró este diario con personas de la Cancillería. En dichos encuentros, Leyva llegó a proponer que la Imprenta tomara el contrato por 1 año, mientras se surtía la nueva licitación o se definía que iba a pasar.
La reunión clave ocurrió el 18 de septiembre de 2023 en el despacho del ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, quien es el jefe máximo de esa entidad.
Pese a que la intención de la Imprenta también era quedarse con el contrato, dijeron lo mismo que todas las otras compañías: era imposible empezar a producir los documentos a partir del 3 de octubre y, por ende, no podían hacerse cargo todavía.
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Así las cosas, y muy en contra de lo que querían Leyva y el presidente Gustavo Petro, el Gobierno terminó por asignarle el contrato de 1 año a Thomas Greg, la única compañía con que podía asumir en tan poco tiempo porque ya viene haciendo el trabajo desde hace dos décadas.
Pero, más allá de que en esa ocasión no se pudiera por capacidad, en la reunión sí quedó claro que la Imprenta Nacional podía asumir ese contrato después mediante “una alianza estratégica” con Accesos Holográficos, la compañía mexicana que sí tiene experiencia en la impresión de documentos de seguridad para varios países de la región.
La Imprenta, entonces, sería casi que un vehículo para subcontratar con esa otra compañía, una situación que podría generar sobrecostos por tener a dos grandes compañías implicadas y queriendo sacar su tajada.
Eso último sin contar con que el gran contrato que ya hizo Accesos Holográficos en Colombia salió mal. En agosto de 2019, este mismo diario reveló un escándalo por presunta corrupción en el que demostró el mismo modus operandi: la FLA contrató a la Imprenta Nacional para imprimir unos sellos de seguridad para sus botellas de aguardiente y la Imprenta subcontrato a Accesos Holográficos para que realizara el trabajo porque ellos no tenían ni la capacidad ni la experiencia para hacerlo.
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En esa ocasión, la FLA aseguró hasta el final que los sellos se habían fabricado en Suecia, un país famoso por la seguridad de sus documentos, pero luego terminó diciendo que no se habían hecho allá y que no importaba el origen, lo que dejó una sombra de duda porque los sellos parecían de mala calidad y fáciles de falsificar pese a que se pagó un contrato de $7.000 millones para eso con recursos público privados.
Pero, lo que fue más grave en su momento fue que a la Imprenta le pagaron $7.000 millones y ella pagó $6.212 para subcontratar. Eso quiere decir que, por poner su nombre, la Imprenta se ganó más de $787 millones, suma que podría configurar un extra costo ¿pasaría lo mismo con los pasaportes?, eso aún está por verse.
Lo cierto es que el Gobierno ya tiene mucha cercanía con la Imprenta no solo porque Velasco es la cabeza principal y porque el presidente Petro es el que elige el gerente, sino porque está a cargo de “La Ruta del Cambio”, el periódico de Presidencia cuyo contrato costó $299 millones.
Por ahora, la nueva licitación que abrió el Gobierno tenía casi las mismas condiciones que favorecían a Thomas y que tumbaron el proceso inicial, “por qué el Gobierno tumbó una licitación y sacó una casi igual. Nos pareció muy raro... A lo mejor es un intento por dilatar las cosas mientras se planea que pasará”, dijo una de las compañías implicadas en la licitación.
Mientras eso ocurre, la contratación está suspendida y a la espera de que la reactiven o que, en efecto, se anuncie este contrato interadministrativo con la Imprenta Nacional que dejaría más dudas que certezas.
