Este martes 5 de septiembre, el Ministerio de Justicia y Derecho, confirmó que por medio de un nuevo decreto más de 5.000 madres cabeza de familia que cumplen condenas de prisión igual o inferior a ocho años, por diferentes delitos como hurto, hurto calificado, tráfico de estupefacientes, tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, destinación ilícita de muebles o inmuebles, entre otros, quedarían en libertad para hacer servicio social.
Se trata del decreto 1451 del 4 de septiembre de 2023, en el cual estas mujeres deberán cumplir una serie de reglas para poder ser excarceladas y así pasar a un sistema en el cual podrán realizar servicio social.
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Según el Gobierno nacional, esta medida tiene como objetivo apuntarle a una “resocialización” y la “garantía de los derechos humanos” de las mujeres condenadas, como también a que puedan obtener una disminución en sus penas privativas de la libertad.
Esto va dirigido por los lineamientos que dicta el Plan Nacional de Política Criminal.
¿Cómo se llevará a cabo este proceso?
Tras la confirmación por parte del Gobierno nacional y como se mencionaba anteriormente, todas estas madres acezas de familia que actualmente están cumpliendo una condena en prisión deberán seguir unas reglas pares acceder a esto.
Por otra parte, el proceso será exclusivamente vigilado por un juez de la república y estará acompañado de un servicio social que deberán realizar cada una de las madres.
Además, una serie de actividades como la recuperación de espacios públicos, apoyo a víctimas, bienestar y protección animal, asistencia a comunidades vulnerables y otras actividades de utilidad pública, serán propiamente esos requisitos que deberán cumplir como parte de su proceso de reintegración a la sociedad.
En caso de que alguna madre incumple alguna obligación, será el juez de ejecución de penas y medidas de seguridad quien determine, la gravedad del asunto. Además, si en caso de cometer algo peor, es necesario aplicar el debido proceso.
“Corresponderá al juez de ejecución de penas y medidas de seguridad, determinar la gravedad del incumplimiento, requerimiento a la condenada, dentro del marco del debido proceso”, dicta el decreto.
Esta idea ha causado distintas posiciones en el sector político. Mientras que para unos es el primer paso en el futuro cambio en el sistema de justicia penal en Colombia, que busca el presidente Petro, para otros es seguir favoreciendo a los delincuentes, tal y como lo han afirmado algunas personalidades de la oposición.
Otro factor que deben tener en cuenta las madres a la hora de poder aspirar a obtener este beneficio, es que deben ser afiliadas al Sistema de Seguridad Social. Así que las mujeres que no tengan para pagar la cotización a esta serán remitidas a la Secretaría de Salud del municipio para que se inicie el trámite correspondiente.
Este programa de resocialización tendrá un sistema de información por el cual le podrán hacer seguimiento a todas las madres que estarán haciendo su servicio en diferentes entidades públicas.
Además, participarán organizaciones sin ánimo de lucro y distintas ONG en el proceso.
“Consiste en servicios en beneficios de la sociedad de carácter no remunerado que se ejercen en la libertad a través de instituciones públicas, organizaciones ánimo de lucro o no gubernamentales. Los servicios de utilidad pública no podrán ejercerse a favor, intereses, lucro de empresas u organizaciones privadas”, afirmó el decreto.
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Es importante recalar que, según el decreto y el gobierno nacional de Petro, este decreto no tendrá validez para las mujeres que estén condenadas por uso de menores, para la comisión de delitos o por violencia intrafamiliar.
