La Fiscalía General de la Nación inició labores de exhumación en una finca rural del municipio de Silvania, Cundinamarca, en busca de restos humanos que pertenecerían a al menos 14 víctimas de desaparición forzada ocurridas entre 2002 y 2003 en la región del Sumapaz. Esta acción se realiza luego de las declaraciones de varios exintegrantes de las Autodefensas Campesinas del Casanare, quienes aseguran que allí habrían sido enterradas varias de sus víctimas.
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Las labores judiciales fueron ordenadas por un fiscal adscrito a la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos, en el marco de una investigación por la desaparición de cuatro campesinos en octubre de 2002 en Fusagasugá. En este proceso, el juez Cuarto Penal Especializado de ese municipio solicitó investigar al exciclista Luis Alberto “Lucho” Herrera por su presunta implicación en los hechos.
La solicitud fue parte de una sentencia de 23 páginas en la que se condenó a 22 años y seis meses de prisión al exparamilitar Luis Fernando Gómez Flórez por desaparición forzada agravada. Durante el juicio, tanto Gómez Flórez como otros dos exparamilitares entregaron declaraciones que implican directamente a Herrera.
“Yo subo a la finca de Silvania para arriba, llego a la finca, es grande de techo rojo, y me atiende el señor Lucho Herrera, me ofrece algo de beber, me da una botella de agua, y me dice que tiene algo para darme, sale y me da dos sobres de manila, en uno de ellos venía las fotos de 4 personas, que teníamos que recoger, dijo que eran milicianos de la guerrilla que lo iban a secuestrar y en el otro sobre habían $40.000.000 y nos dice que si quiere para comprar unas pistolas y unas motocicletas. Esa gente colindaba con la finca de él, eran fincas pequeñas que colindaban con la finca de él”, narró uno de los exparamilitares en su testimonio, el cual fue recogido en la sentencia.
Las víctimas fueron identificadas como Gonzalo Guerrero Jiménez, Víctor Manuel Rodríguez Martínez, José del Carmen Rodríguez Martínez y Diuviseldo Torres Vega. Pese a las acusaciones de ser supuestos milicianos, los propios exparamilitares aclararon que las víctimas no tenían vínculos con grupos armados, sino que, al parecer, se negaron a vender sus terrenos, los cuales colindaban con la propiedad de Herrera.
“MONTANA cuadró con la gente de la Especial, decían que utilizaron brazaletes del DAS, y luego se supo que estas personas no eran MILICIANAS de la guerrilla, sino que no quisieron venderle las tierras a LUCHO HERRERA y que por eso fue que los mandó a recoger; la familia de las víctimas dice que en ningún momento los desaparecidos eran milicianos de la guerrilla”, se lee en el fallo judicial.
El documento judicial concluye que los campesinos fueron detenidos por un grupo de autodefensas que se hicieron pasar por agentes del DAS. Posteriormente, habrían sido asesinados, desmembrados y enterrados en una fosa común, cuyo paradero aún no ha sido confirmado por las autoridades.
“De todo lo reseñado en precedencia, el despacho logra inferir con certeza, que GONZALO GUERRERO JIMENEZ, VICTOR MANUEL RODRIGUEZ MARTINEZ, JOSE DEL CARMEN RODRIGUEZ MARTINEZ y DIVISELDO TORRES VEGA fueron retenidos por el grupo de autodefensas que se hicieron pasar por agentes del DAS y de manera forzada fueron obligados a abordar un vehículo para luego ser ultimados, sus cuerpos desmembrados y arrojados en una fosa clandestina...”
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Los testimonios fueron entregados por Luis Fernando Gómez Flórez (11 de octubre de 2022), Héctor Díaz Gaitán, alias Camargo (17 de julio de 2018), y Óscar Andrés Huertas Sarmiento, alias Menudencias (26 de julio de 2018), todos exintegrantes de las autodefensas que operaban en la zona.
