El crimen de 4 indígenas a manos del Estado Mayor Central obligó al Gobierno a suspender la tregua con ese grupo armado. Sin embargo, es de forma parcial y mientras se habla de instalar la mesa de negociaciones.
Un nuevo revés puso en jaque la mentada “paz total” del presidente Gustavo Petro, que ahora luce cada vez más incompleta. El crimen de 4 menores indígenas –víctimas de reclutamiento y acribillados cuando intentaban desertar de la guerra– llevó al mandatario a congelar y dejar en veremos el cese bilateral al fuego que sostenía desde final de año con las disidencias del denominado Estado Mayor Central (EMC) de las Farc.
Al calificar los homicidios perpetrados en límites entre Caquetá y Amazonas como un “hecho atroz” y una “bofetada a la paz”, Petro —al término de un consejo extraordinario de seguridad con altos mandos militares— resolvió este lunes suspender la tregua y reactivar las operaciones militares a partir del próximo miércoles. Sin embargo, la decisión es parcial.
Si bien los tentáculos del Estado Mayor Central se extienden por 15 de los 32 departamentos del país (ver infografía al final), el Presidente solo suspendió el cese en 4 zonas: Meta, Caquetá, Guaviare y Putumayo, justamente las regiones donde opera el frente Carolina Ramírez, al mando de alias “Danilo Alvizu”, responsable de las muertes de los jóvenes que hacían parte de la comunidad indígena Murui (Putumayo).
“Matar niños indígenas es un delito de lesa humanidad inadmisible. Reclutar forzadamente menores lo mismo. Un cese al fuego implica cese de hostilidades a la población civil. Esperamos que los diferentes frentes de la EMC en las zonas donde no se levanta el cese al fuego cumplan con este precepto”, declaró Petro.
Aunque el Jefe de Estado responsabilizó al Estado Mayor por otros hechos “que generan incertidumbre y zozobra”, y defendió que invitó a sus delegados para informar la decisión, instó a que se activen los mecanismos locales de monitoreo del cese en aquellas zonas donde seguirá vigente la tregua. Lo anterior, como un paso para avanzar en una mesa de diálogos formal de paz, pues estas disidencias conservan su estatus político.
Sin embargo, la respuesta del Estado Mayor Central, con un dejo de afrenta, parece alejar esa posibilidad de negociación. En un duro comunicado, emitido apenas horas después de la decisión, no se guardaron nada, cuestionaron el “supuesto gobierno del cambio” y llegaron a decir que el de Petro “ha sido el gobierno menos serio para entablar conversaciones”.
Desde días atrás, la guerrilla —que llegó a citar a sus tropas para consultas internas para evaluar la tregua— reclamó que desde la firma del cese al fuego al menos 10 de sus integrantes murieron y otros 20 resultaron heridos. Al sugerir que presuntamente la intención del Gobierno no era la paz, sino ganar tiempo para obtener “ventaja militar”, las disidencias venían vaticinando que la ruptura del cese era responsabilidad del Ejecutivo.
“En la práctica, el cese al fuego siempre fue unilateral porque los operativos militares, que de nuevo dejan entrever el paramilitarismo como política de Estado, jamás cesaron”, reclamó este lunes el EMC, que advirtió desde ya que el rompimiento “desatará guerra y se multiplicarán los muertos, heridos y prisioneros”.
Las disidencias arremetieron también contra el comisionado de Paz, Danilo Rueda, a quien culparon de ser inoperante a la hora “de tramitar lo necesario para detener la maquinaria de guerra estatal”.
De hecho, en paralelo con el comunicado, la guerrilla divulgó en sus redes sociales una supuesta carta del propio Rueda dirigida a alias “Iván Mordisco” y fechada el sábado 20 de mayo, que ha causado controversia por el tono empleado por el alto funcionario.
En ella, Rueda se refirió a la masacre como una “ejecución de niños”, calificó la seguidilla de hechos violentos como “hostilidades” y reconoció los “compromisos con la vida” por parte de la guerrilla. En ese sentido, ratificó la disposición del Gobierno de “iniciar la mesa de conversaciones a la mayor brevedad” y les garantizó que seguirán adelante con las gestiones para el levantamiento de las órdenes de captura de aquellos integrantes que hacen parte del componente judicial del proceso de paz. “¿Continuamos con este trámite?”, declaró Rueda.
Con esta, ya son 3 las treguas ideadas por Petro que quedan en pausa. Primero, fue el sonado portazo que a principios de año dio el ELN a la paz, cuando dijo desconocer cualquier acuerdo para poner un alto al fuego, lo que llevó al mandatario a suspender el cese bilateral. Posteriormente, en marzo pasado Petro puso fin al cese con el Clan del Golfo ante reiteradas andanas de violencia que llegó a calificar como de “zozobra y terror”.
A estos frustrados esfuerzos se suma ahora la decisión de romper la tregua con el Estado Mayor, que se da a poco más de un mes para que concluya la vigencia de los decretos que en las postrimerías de 2022 firmó Petro para formalizar la tregua con cinco grupos. Así, solo dos permanecen vigentes: los ceses con las disidencias de la Segunda Marquetalia y con las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada.
Ante las dificultades, el fiscal Francisco Barbosa —quien ha cuestionado la paz total y ha insistido en una ley de sometimiento para los otros grupos armados— sostuvo que es una “torpeza” el manejo que Petro le ha dado a los procesos y alertó que ese actuar no solo pone en riesgo la seguridad de los ciudadanos, sino que “afecta la labor de la Fiscalía”. Lo anterior, teniendo en cuenta que contra “Danilo Alvizu” pesan 4 órdenes de captura que no se materializaron por cuenta del cese.
“Es inaudito que a los niños indígenas los hayan asesinado por la ausencia de una política de seguridad y defensa de derechos humanos”, reclamó el fiscal a Semana y advirtió que la amenaza de más muertos “no se puede responder con mano tendida, sino con la acción del Estado”.
Desde sectores políticos la oposición arreció en las críticas al Ejecutivo y lo señaló de una supuesta pasividad cómplice por cuenta de las treguas. Según la senadora María Fernanda Cabal (Centro Democrático), Petro dejó a Colombia “en manos de los terroristas” y si a las Farc se les hubiera perseguido, “y no pactado supuestos ceses al fuego, se hubiera evitado la masacre”. A su turno, el senador Carlos Fernando Motoa (Cambio Radical) aseguró que “sin presión militar jamás habrá sometimiento a la justicia”.
Incluso, desde el petrismo hubo un ‘mea culpa’. El senador Inti Asprilla (Alianza Verde) sostuvo que el Gobierno “fue altruista buscando la paz con las disidencias” y que los responsables de la masacre “son delincuentes de la peor calaña”.
Otra fue la lectura del senador Iván Cepeda (Pacto Histórico), uno de los negociadores en los diálogos con la guerrilla del ELN, quien defendió las treguas.
“Ahora los detractores de la paz, los mismos que fabricaron las violencias que hoy padecemos, dicen que los ceses al fuego fracasan. En realidad la protección de la gente no les preocupa. Buscan desalentar cualquier iniciativa para acabar el recrudecimiento de la confrontación”, explicó.
En medio de este enrarecido ambiente, cada vez más empantanado por las acciones de los violentos, Camilo González Posso, presidente del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) —que ha contabilizado 66 crímenes de líderes sociales y 34 masacres en lo corrido de 2023— manifestó que la situación es “supremamente crítica” y debe ser atendida por las partes en los próximos días.
Por ello, instó a que se nombren a los delegados de las conversaciones (de parte del Gobierno ya estarían los elegidos, según Rueda); activación del mecanismo de verificación del cese al fuego; medidas para para proteger a la población civil, y mantener el cese de hostilidades a la comunidad, no hasta el 30 de junio, sino para lo que resta del año. “Ojalá de manera indefinida y con una agenda muy bien establecida”.
Aunque, según la comunicación del comisionado de Paz, la idea del gobierno Petro es instalar la mesa de conversaciones con el EMC “en cuatro semanas o antes” y mantener un “escenario de interlocución” para manejar crisis. Está por verse no solo la disposición de paz de la guerrilla, sino el impacto que tendría en la opinión pública que el Gobierno siga cediendo ante los violentos.
Hechos como la masacre de los indígenas alejan a las partes y acrecientan los cuestionamientos.
Estado Mayor, responsable de 50 violaciones al DIH
Al pedir “verdaderos gestos de paz” y que cesen todas sus acciones en contra de la población civil, la Defensoría del Pueblo reveló que el Estado Mayor Central de las Farc es responsable de al menos 50 violaciones al Derecho Internacional Humanitario (DIH).
El organismo alertó por la falta de transparencia en el establecimiento de los protocolos del cese el fuego y alertó que “la paulatina suspensión de los decretos pone en evidencia la inestabilidad de los procesos de negociación iniciados y con ello, el riesgo inminente del recrudecimiento de la violencia en el país”.
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