Sigue la preocupación en las entidades promotoras de salud (EPS) por la falta de recursos para sostener el sistema y, a falta de soluciones, lo que está en marcha es un decreto de emergencia en La Guajira que el Gobierno nacional está usando como piloto de implementación de la reforma a la salud.
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La preocupación de las aseguradoras es que la plata para garantizarle a los afiliados el acceso a los servicios de salud se acabaría este mes, por lo que millones de pacientes podrían quedar desatendidos.
Sin embargo, la pregunta que salta a la vista tiene que ver con plata. El Decreto 1085 de 2023 señala que en La Guajira se necesitan para “reorganizar la estructura y el funcionamiento del sistema de salud” y que para lograrlo se debía “establecer un mecanismo de administrativo y financiero en el que se dispongan los recursos excepcionales necesarios para atender, mitigar, y superar las causas que dieron origen a la declaratoria de emergencia económica”.
Esto se traduce en que mientras se aseguran estos recursos con el decreto, las EPS advierten que no llegarán a final de año si el Gobierno no les garantiza $10,45 billones.
Así lo advierte la presidenta de Acemi (gremio de las EPS del régimen contributivo), Paula Acosta: “los recursos no serán suficientes para subrir las necesidades este año, pero además tenemos deudas que vienen, incluso, desde 2021 y que el Gobierno no ha programado para cubrir adecuadamente. Esto son $3,9 billones”.
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Si bien el Decreto 1085 no especifica alguna cifra, indica que las acciones se enfocarán en fortalecer un sistema de salud propio e intercultural de las autoridades indígenas de La Guajira. En palabras del presidente Gustavo Petro es hacer una reforma a la salud “también con decretos de emergencia”, Es decir, “el proyecto de ley que hemos presentado al Congreso, pero lo vamos a aplicar de una vez”.
No obstante, este anuncio no es el primero que va en consonancia con su intento de convertir al sitema de salud en uno preventivo. Así lo advierte el investigador de la Universidad de Harvard, Johnattan García, quien recordó que hace ocho meses “dijo lo mismo (cuando lanzó un programa con mil equipos médicos)” y que “para junio hay más casos y más muertes por desnutrición infantil en La Guajira que los que se registraron en el mismo periodo de 2022”.
Según la herramienta Sivigila del Instituto Nacional de Salud, en 2022 hubo 792 casos, mientras que en 2023 hubo 999 casos de desnutrición aguda, moderada y severa en menores de cinco años.
Por otro lado, datos de la Adres (giradora y administradora de la plata de la salud) conocidos por EL COLOMBIANO muestran que en lo corrido del Gobierno Petro se les ha reconocido a las EPS $56,9 billones por concepto de compensación, recobros, prestaciones económicas y liquidación mensual de afiliados.
Entre tanto, el plan en La Guajira se puso en marcha con la donación por parte de Japón de un equipo de rayos X para el Hospital San José de Maicao; mientras que Acemi recordó que uno de cada cuatro colombianos ha buscado servicios de salud, lo que genera que “hoy tenemos $100 para cubrir a 125 personas”.
Estudio advierte por indicadores de pobreza
Un estudio del Centro de Estudios Económicos Anif reveló que 750 mil personas podrían ingresar a la condición de pobreza si se aprueba la reforma a la salud del Gobierno nacional. Esto, dice la investigación, debido a que los Centros de Atención Prioritaria “suponen una fragmentación del servicio, mayor número de trámites para los usuarios, lo que a la larga se traducen en sobrecostos de tiempo y dinero”. Así mismo, advirtió que cambiar las tareas de la ADRES y de las EPS “puede hacer que el flujo de recursos se vuelva insuficiente”.
