Entrevista con la directora de Human Rights Watch para las Américas, Juanita Goebertus. Habla del gobierno Petro y de DD. HH. en la región.
La abogada Juanita Goebertus es la directora de Human Rights Watch para las Américas.
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En medio de un ambiente hostil para los Derechos Humanos en Colombia y el mundo, la directora de Human Rights Watch para las Américas, Juanita Goebertus, respondió sobre los principales riesgos en Colombia y la región.
Sobre la paz total, dijo que Petro aún está a tiempo de corregir el rumbo y que ese proyecto no “puede ser excusa para dejar de cumplir con el deber del Estado de proteger a las comunidades”.
En medio de un ambiente hostil para los Derechos Humanos en Colombia y el mundo, la directora de Human Rights Watch para las Américas, Juanita Goebertus, respondió sobre los principales riesgos en Colombia y la región.
Sobre la paz total, dijo que Petro aún está a tiempo de corregir el rumbo y que ese proyecto no “puede ser excusa para dejar de cumplir con el deber del Estado de proteger a las comunidades”.
Usted ha denunciado que Petro está perdiendo el control territorial, ¿es un riesgo para la paz total?
“Un deber esencial del Estado es buscar la paz, pero también proteger a sus ciudadanos frente a las amenazas de otros. Cuando el Estado no está ahí para evitar que grupos de crimen organizados secuestren, recluten, hagan homicidios contra líderes sociales, contra excombatientes, ahí hay una omisión en el deber de protección del Estado. En el caso colombiano lo que hemos señalado es que si bien aplaudimos la importancia de la búsqueda de la paz, eso no puede ser excusa para dejar de cumplir con el deber del Estado de proteger a las comunidades”.
¿Cuál es el balance de ese incremento de la violencia?
“Lo que estamos viendo en Colombia es un crecimiento muy preocupante del reclutamiento forzado de menores, de los secuestros. Hemos visto que los homicidios de líderes se mantienen en una tasa muy alta. Venimos de 2022 desde la tasa más alta de homicidios de líderes sociales”
Y, ¿qué opina de los ceses al fuego con grupos armados?
“Hemos visto anuncios de cese al fuego en los que en varios casos la Fuerza Pública deja de actuar mientras continúan las afectaciones a la población civil por parte de varios de estos grupos”.
Sobre las relaciones diplomáticas, ¿ha fallado Petro en sus pronunciamientos para condenar violaciones a los Derechos Humanos?
“Lo que nosotros tratamos de monitorear es la importancia de que los países de América Latina observen en su política exterior un compromiso con la defensa de los derechos humanos, que lo hagan de manera coherente independientemente de las ideologías. Y hemos visto en algunos casos una política exterior de Estados Unidos, de Colombia, más coherente en materia de derechos humanos y otras veces menos. Yo creo que en general es importante y tal vez en eso, en América Latina, el presidente Boric ha sido el mejor ejemplo”.
Hablando de la región, la coyuntura ahora es la elección de Javier Milei como presidente de Argentina, ¿qué riesgos ven?
“Esta idea de revisar cuántos fueron los desaparecidos, quiénes fueron los responsables. Esta idea de que hubo simplemente unos errores y no realmente lo que históricamente se conoce en Argentina, que es una dictadura macabra en la que cometieron desaparición forzada, tortura, entre otras. Eso nos preocupa.
Nos preocupa también varias de las afirmaciones en materia de derechos de las mujeres, particularmente derechos sexuales y reproductivos, el acceso al aborto, la interrupción voluntaria del embarazo, que ha sido un logro del movimiento de mujeres y movimiento de derechos humanos en Argentina, que podría estar en riesgo bajo este mandato”.
Eso me lleva a otra pregunta sobre el presidente de El Salvador, Nayib Bukele. Algunos hablan del efecto Bukele en la región, ¿considera que hay un giro a la derecha? ¿Y ¿cómo van allí los DD. HH.?
“Más que un giro a la derecha, nosotros vemos giros pendulares. Ya varios académicos en América Latina han identificado un fenómeno de que quienes están en el poder son derrotados. Es decir, hay un favorecimiento del cambio. Independientemente de si es hacia la izquierda o hacia la derecha.
Hay un agotamiento generalizado, un sentimiento de descontrol. Llega un gobierno de Bukele que lo que ofrece es seguridad al costo de restringir los derechos humanos. Lo que nosotros hemos reportado son más de 70 mil personas detenidas en el marco del estado de emergencia, personas que han sido detenidas sin garantías de debido proceso, audiencias públicas de más de 500 personas sin acceso a abogados, judicialización de menores de 18 años como si fueran mayores de edad.
Hemos documentado torturas, desapariciones forzadas, más de 170 casos en cárceles de personas que han muerto sin ninguna explicación por parte del gobierno. Hemos documentado el establecimiento de cuotas por parte de la policía de capturar a personas, independientemente de si existe o no hay evidencia de su relación con las pandilla”.
Hablemos de migración. HRW publicó un informe recientemente en el que criticó algunas políticas de EE. UU. y la región...
“Más de medio millón de personas están cruzando el Darién anualmente, en su mayoría venezolanas, seguidas ahora por ecuatorianos y por haitianos que han sido expulsados de sus países justamente por este tipo de violaciones a derechos humanos.
Cuando uno mira la política de Estados Unidos, incluso bajo el gobierno Biden, lo que encuentra es que ha habido negociaciones con países como México, como Guatemala, para buscar establecer obstáculos que impidan que más migrantes lleguen hasta la frontera de Estados Unidos. Una de esas medidas ha sido la imposición de visados.
Entrevistamos a muchas personas y muchas nos contaban que habrían tenido los recursos para poder pagar un vuelo para llegar a México, para llegar a Guatemala, pero que con la imposición de visados a venezolanos y a ecuatorianos, se ha hecho imposible ese trayecto.
Invitamos es a crear un corredor seguro para esos migrantes”.
Estados Unidos dijo que iba a implementar unos centros de reunificación familiar acá en Colombia, ¿han funcionado?
“Estados Unidos ha negociado estas con varios países, incluyendo Guatemala y Colombia. El espíritu es positivo, es poder postular al refugio, al asilo desde otros países para ciertas nacionalidades que quieren llegar a Estados Unidos y que se verifique previamente.
Lo que hemos podido comentar en el caso de Colombia es que en el primero se abrieron 10.000 cupos e inmediatamente se agotaron. Están siendo procesados y el sistema colapsó. Después de esto no ha habido la apertura de nuevos cupos”.
¿Qué es lo que más les preocupa del gobierno Petro?
“Ya lo decía, la pérdida de control territorial y lo que eso significa en términos de omisión por parte del Estado colombiano en la protección de sus ciudadanos a nivel territorial”.
Y, en ese sentido, ¿cuál sería la recomendación para este gobierno que aún está a tiempo de corregir cosas en la paz total?
“Que ponga en marcha una política de seguridad para la protección de la ciudadanía, porque sin eso su política de paz no va a ser exitosa”.
¿Qué opinan de los diálogos de México para solucionar la situación de Venezuela?
“Venezuela es hoy una dictadura. Pero es evidente que la estrategia que impulsó el expresidente Trump y varios de los expresidentes latinoamericanos, incluyendo el expresidente Iván Duque, de hacer ese cerco diplomático, fracasó. En el caso de la democracia latina, bajo el liderazgo de varios gobiernos, incluyendo el presidente Petro, hay una visión distinta de retomar relaciones bilaterales y buscar por los canales diplomáticos una transición a la democracia (...) En HRW creemos que ese es el camino deseable”.
¿Cuál es la prueba de fuego para que Maduro demuestre que está interesado en dejar el poder y salir del conflicto? y ¿qué debería pasar si no cumple?
”Una de las primeras pruebas ácidas es que el gobierno cumpla con lo que se comprometió en el último acuerdo: habilitar a los candidatos elegidos por cada una de las partes, en particular a María Corina Machado, quien fue elegida como la candidata de la oposición. Si no es habilitada, el régimen incumpliría lo acordado y Estados Unidos debería reimponer algunas de las sanciones.
