La Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, única entidad habilitada para investigar al presidente de la República, reactivó este lunes 11 de diciembre la investigación en contra del jefe de Estado, Gustavo Petro, por presunta financiación ilegal de su campaña presidencial 2022.
Entérese: “Pretende acallar tiránicamente mi ejercicio a la oposición”: Pastrana le respondió a Petro por su denuncia de injuria y calumnia
El proceso había sido pausado por una serie de recusaciones presentadas por miembros del partido de Gobierno, Pacto Histórico, y otros congresistas que consideraban que era improcedente la indagación contra el mandatario.
Sin embargo, la Comisión de Acusaciones rechazó esos cuatro impedimentos y reactivó el proceso que inició por los audios del exembajador de Colombia en Venezuela, Armando Benedetti, sobre presuntos dineros ilícitos que habrían ingresado a la campaña Petro Presidente.
Dichas comunicaciones involucraban a dos personas del círculo más íntimo del jefe de Estado: Benedetti y su entonces jefa de gabinete, Laura Sarabia.
En uno de esos audios, por ejemplo, se le escuchó decir al exembajador que él había recolectado “15.000 millones de pesos de la costa” para la campaña y que si llegaba a contar de dónde salieron “nos vamos presos todos”.
Una afirmación que, por su puesto, puso a todos los involucrados en el ojo del huracán y principalmente al presidente Gustavo Petro, quien está obligado a enterarse de cada dinero que ingresaba a su campaña y de reportarlo ante el Consejo Nacional Electoral, CNE.
De hecho, en la investigación de la Comisión de Acusaciones también deberán establecer si la campaña presidencial Petro Presidente violó los topes legales o usó dineros que no fueron reportados como establece la Ley.
En contexto: ¿Quién responde por los $15.000 millones fantasma que según Benedetti entraron a la campaña de Petro en la Costa?
Pero esas no son las únicas acusaciones que enlodan la campaña del hoy presidente de la República. Como es bien sabido, el hijo del presidente, Nicolás Petro Burgos, fue capturado y procesado por enriquecimiento ilícito y lavado de activos.
Dos delitos que le imputó la Fiscalía General de la Nación por haber recibido dineros de manos de un exnarcotraficante y un hombre relacionado con grupos paramilitares.
En ambos casos, Nicolás Petro admitió ante medios de comunicación que sí recibió esos dineros y que, además, utilizó varios montos para eventos y gastos de la campaña presidencial. Aunque no ha especificado si el presidente Petro, su papá, sabía de esos movimientos de dinero y de su procedencia.
Así las cosas, la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes decidió pedir una serie de documentos y material probatorio que reposan en la Fiscalía General y en otras entidades. Todo esto para continuar el proceso que aún se encuentra en etapa preliminar y se llevará a cabo de manera reservada.
Entre esas solicitudes del ente acusador, por ejemplo, la Comisión le solicita a la Fiscalía que remita “todos los procesos activos en la entidad relacionados con la campaña presidencial (...) en especial aquellas investigaciones seguidas contra Daysuris del Carmen Vásquez, Nicolás Petro Burgos y Ricardo Roa (...)”.
Como es bien sabido, Daysuris Vásquez es la exesposa de Nicolás Petro Burgos y fue quien reveló en un principio el entramado de corrupción y los dineros ilícitos del hijo del presidente.
Ricardo Roa, por su parte, era el gerente de campaña de Petro Presidente, por lo que debía estar enterado de todos los movimientos, y hoy por hoy es el gerente general de Ecopetrol, por lo que cualquier señalamiento en su contra podría ser perjudicial para esa compañía.
Así mismo, la Comisión también solicitó información relacionada con el caso a la Corte Suprema de Justicia, la Procuraduría General de la Nación, la Contraloría General de la República y otras entidades que tienen procesos abiertos por presunta financiación irregular de dicha campaña.
Entre esas peticiones también hay una que ha generado polémica porque podría atentar contra la libertad de prensa. Según se lee en uno de los apartados de la Comisión, la revista Semana –quien ha revelado varios de estos escándalos– debería compartir “la fuente de la cuál se obtuvieron los audios de Whatsapp de Armando Alberto Benedetti”, una petición extraña si se tiene en cuenta que los medios pueden guardar el secreto profesional para garantizar la independencia y la seguridad de las fuentes.
