Si bien Petro insistió en que no hubo violencia contra magistrados y lo atribuyó a “narrativas” de medios, diferentes sectores pidieron respeto por la división de poderes.
No cesa el estupor ni la controversia tras la agitada jornada de protestas que azuzó el presidente Gustavo Petro este jueves y que se zanjó con el asedio y la presión contra la Corte Suprema de Justicia. Lo anterior, en el marco del proceso para escoger a la próxima fiscal General de la Nación en reemplazo del saliente Francisco Barbosa y la negativa a que asuma en calidad de encargo la hoy vicefiscal Martha Mancera.
Si bien el Jefe de Estado insiste en hacerle el quite a cualquier tipo de responsabilidad por los desmanes y la retención que vivieron magistrados y empleados, lo cierto es que el episodio de zozobra y tensión que se vivió en el centro de Bogotá permitió unir a la mayoría del país frente al respeto a las instituciones y mandó un poderoso mensaje: Colombia rodea a la democracia y ratifica la independencia judicial.
Cabezas de otras ramas del poder, dirigentes políticos y sociales, representantes de gremios, políticos, sectores de oposición y hasta el propio presidente y sus seguidores coincidieron en un solo clamor: la violencia no tiene justificación y cualquier tipo de presión –política o física–, es un atentado contra la democracia y el Estado social de derecho.
Con cierta ambigüedad, pero sin dejar de lado su retórica pendenciera, el Jefe de Estado reconoció “fallas” en el protocolo de seguridad que debió desplegarse en el Palacio de Justicia “de manera preventiva”. Sin embargo, destacó que su “acción preventiva” se ejecutó “bien en tiempo, modo y lugar”. Incluso, justo en el día del periodista, el mandatario atribuyó a una “narrativa en medios de comunicación falsa y masiva” los disturbios y violencia con la que se zanjó la jornada.
“No hubo violencia en el país. ningún herido, como solía suceder, y no son ciertas las noticias acerca de secuestros de magistrados o violencia sobre ellos. Nunca hubo restricción a la libre movilidad de magistrados (...) no hay ineptitud ni arrogancia. La Corte Suprema siempre contará con el apoyo del Gobierno”, declaró el mandatario a lo largo del viernes.
Esos mensajes, entre lavada de manos y explicaciones a medias, contrastan con la simbólica unión que vinculó a diferentes sectores del país, quienes ante la embestida de unos cuantos ensalzados por Petro, cerraron filas alrededor de la independencia de poderes, la democracia y la autonomía de la rama judicial para adoptar sus decisiones.
Justamente, la propia Corte Constitucional –nada menos que el máximo órgano de justicia del país–, pidió sensatez, al tiempo que pidió no amedrentar a la justicia e hizo votos porque la independencia de la Corte Suprema “sea respetada, sus decisiones acatadas y sus magistrados protegidos”. En el mismo sentido se pronunció el Consejo de Estado, que alertó por el confinamiento que sufrieron los magistrados y pidió que las decisiones estén “libres de presiones o condicionamientos externos”.
En la misma línea, el Consejo Superior de la Judicatura alertó a su turno “una grave amenaza a la independencia a la justicia y la separación de poderes”. Inclusive, dejando de lado su origen político, el Consejo Nacional Electoral (CNE) llamó la atención por hechos que atentan “contra la estabilidad institucional que tradicionalmente ha acompañado al país”.
Los gremios y el sector empresarial hicieron lo propio. El Consejo Gremial sí calificó lo ocurrido como “actos violentos y vandálicos contra la Corte”, mientras que pidió defender su independencia. Por su parte, la Asociación Nacional de Empresarios (ANDI), le pidió al Gobierno que “garantice el libre ejercicio de las funciones de todas las ramas del poder”. Además, el Intergremial Antioquia alertó por lo que calificó como “un llamado a la desobediencia civil”.
La propia clase política, generalmente dispersa y poco cohesionada, se unió al clamor en su gran mayoría. El presidente del Senado, Iván Name (Alianza Verde), pidió actuar con responsabilidad y ponderación, y advirtió que este tipo de manifestaciones “pretenden socavar la independencia y soberanía de la Corte”.
El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, sostuvo que hay quienes “están pasando las líneas rojas que ponen en peligro nuestra democracia”, mientras que el mandatario capitalino, Carlos Fernando Galán, alertó por asedio y presiones contra la Corte: “Hago un llamado a la calma y la sensatez, y a que protejamos la institucionalidad”.
Mientras la mayor parte del país cierra filas alrededor de la independencia judicial, la responsabilidad sigue quedando en manos del presidente Gustavo Petro, cuyos mensajes pueden contribuir a apaciguar los ánimos o seguir echándole leña al fuego. Resta más de una semana para que la Corte se vuelva a reunir e intente elegir a la fiscal. Si no hay éxito, ¿el país estará abocado a una nueva jornada de hostilidad?
