La Corte Suprema de Justicia condenó a 13 años de prisión al exsenador Iván Moreno Rojas por el escándalo de corrupción del carrusel de la contratación en Bogotá. Por este caso también fue condenado su hermano, el fallecido exalcalde de Bogotá, Samuel Moreno Rojas.
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Así lo estableció la Sala Especial de Primera Instancia de ese tribunal, lo que significó la segunda condena contra Iván Moreno por el caso de corrupción que sacudió a la capital de la República en 2011.
La Corte Suprema lo halló penalmente responsable de los delitos de concierto para delinquir, enriquecimiento ilícito de particulares, interés indebido en la celebración de contratos y cohecho.
Ante esto, le impuso una condena de 13 años y siete meses de prisión, una multa de más de $5.000 millones y una inhabilidad para el ejercicio de derechos y funciones públicas por más de 13 años.
El motivo de la condena data de hechos ocurridos en 2007 cuando los hermanos Moreno Rojas concertaron con contratistas del distrito, congresistas, concejales de la ciudad y otros particulares con el fin de apoyar política y económicamente la campaña de Samuel con la condición de luego –desde la Alcaldía– nombrar personas de su confianza en las distintas entidades de la ciudad.
Según la Corte, Emilio Tapia –contratista hoy condenado por estos hechos y por el escándalo de los centros poblados– era el intermediario de los hermanos con los contratistas y funcionarios del Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), quienes pactaban entregarles el 8 % del valor de ocho contratos de valorización cuando ganaran las licitaciones.
La primera condena por el carrusel de contratos en Bogotá data de 2014, cuando la Corte Suprema de Justicia lo condenó por los delitos de concusión (hacer uso de su cargo público para pedir dinero), tráfico de influencias y celebración de contratos sin el cumplimiento de requisitos legales.
La sentencia señaló que el exsenador le pidió sobornos a empresarios de Bogotá a cambio de ayudarlos a conseguir contratos y negocios en la Alcaldía Mayor en 2009.
El otro hecho por el que fue condenado es por el contrato de las ambulancias, cuyo fallo fue conocido en abril pasado y lo sentenció a cinco años y cinco meses de prisión por los delitos de peculado por apropiación e interés indebido en la celebración de contratos.
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