En octubre pasado –cuando el presidente Gustavo Petro completaba apenas 2 meses en el poder–, el Gobierno y la Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegán) llegaron a un acuerdo que no vacilaron en calificar de histórico para comprar 3 millones de hectáreas de tierras para entregar a los campesinos. Se trataba del primer paso para avanzar en una reforma agraria.
Sin embargo, hoy, pasado casi un año, ese pacto parece tambalear y, nuevamente, la discordia, la incertidumbre y hasta los señalamientos del más alto calibre parecen ser los derroteros de un asunto que, según expertos e historiadores, es la causa de la mayoría de conflictos en Colombia: la propiedad de la tierra.
Detrás de todo están dos polémicos borradores de decreto expedidos por el Ministerio de Agricultura que han levantando ampolla en el gremio ganadero. Su presidente, José Félix Lafaurie –que además hace las veces de integrante de la mesa de diálogo del Ejecutivo con la guerrilla del ELN–, accedió a hablar con EL COLOMBIANO para detallar sus preocupaciones y alertas. Incluso, se refirió a la controvertida acusación del presidente, quien dijo que las directivas de Fedegán, ante las diferencias, estaban invitando al paramilitarismo.
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¿Ha tenido oportunidad de hablar con el presidente sobre las controversias?
“No, la verdad es que no he hablado con él. He estado en Presidencia en otros temas. Le mandé una carta, eso sí. Y también hubo una reacción que me parece significativa de la Comisión de Paz del Congreso llamando a una concertación con la ministra de Agricultura, Jhenifer Mojica. La firman integrantes destacados, tanto del Pacto Histórico como del Centro Democrático”.
Justo en la carta a Petro usted dice que es un “momento de malentendidos”. ¿Atribuye la polémica alrededor de las tierras a solo “malentendidos” o cree que hay una acción decidida por parte del Gobierno?
“Siempre he creído que uno tiene que evaluar cualquier situación en función de los hechos que se van produciendo. El Gobierno a mí me invita a dos cosas: uno, a firmar un acuerdo de tierras. Lo hacemos y los esfuerzos que hemos venido haciendo son demasiado importantes. Dos, también me invitó a que, como delegado del Gobierno, estuviera en la mesa con el ELN.
He sido una persona que ha venido cumpliendo y seguiré cumpliendo con los compromisos que me he trazado. Por eso para nosotros fue muy sorpresivo, sin que mediara ninguna razón de por medio, que expidieran o que pusieran en consulta dos decretos que son de extrema gravedad”.
El primero da vía libre a financiar movilizaciones y el otro tiene que ver con extinción de dominio. Arranquemos por el segundo, ¿por qué les parece preocupante?
“Porque pone en altísimo riesgo la propiedad privada: en lugar de que sea un juez el que finalmente, a través de un proceso garantista, resuelva extinguir el dominio, le da potestad a un funcionario administrativo que termina siendo juez y parte. Pero se lo explico mejor.
El Gobierno tiene tres formas de hacerse un bien: una es comprarlo, que es el acuerdo. Dos, expropiarlo, pero toda expropiación, de acuerdo con la ley, obliga a que el Gobierno indemnice o pague el valor del bien. Y tercero, extinguir la propiedad, que implica quitarle la propiedad a un tercero”.
¿Y en qué casos procede esa extinción de dominio?
“La extinción se efectúa al bandido, al corrupto o al narcotraficante. Es decir, al que compra un bien a través de un recurso ilícito. En esos casos, para ellos sigue un proceso judicial. Pero con este decreto, al tenedor en buena ley, el que compra o hereda un bien y lo tiene inscrito en el registro de la propiedad –es decir, tiene una matrícula inmobiliaria–, será un funcionario público (que es juez y parte de la Agencia Nacional de Tierras), quien se lo quite sin ningún tipo de resarcimiento económico.
Eso se haría bajo dos tipos de argumentos: que el bien no cumple la función social o porque ha violentado cualquier norma en materia ambiental. Eso no sucede en ninguna parte del mundo, salvo en los países comunistas o socialistas. En Venezuela pasó: le quitaron la propiedad a mucha gente y el Gobierno la incautó. Ese es un decreto que no tendía ningún sentido”.
A propósito, ¿qué balance hace de la compra de tierras?, ¿cómo ese proceso?
“En palabras del propio director de la Agencia Nacional de Tierras (Gerardo Vega) tienen más de 1’600.000 hectáreas ofrecidas y más de 700.000 con factibilidad técnica y jurídica. Por consiguiente ese acuerdo funcionó, tierra hay si lo que quieren hacer es una reforma agraria. El problema no es la tierra. Entonces, cómprenla y se la entregan a los campesinos.
Si el problema no es la tierra, ¿para qué van a movilizar a la gente? Son dos decretos que no se entienden y es el Gobierno que tiene que salir a explicar. Por eso la importancia de la Comisión de Paz del Congreso”.
Ahí está la nuez de la polémica: el decreto que “promueve la movilización y organización campesina” con financiación estatal. ¿Por qué alertan que es inconveniente?
“En el fondo, todo esto termina teniendo un impacto muy fuerte a nivel de territorio, porque va a generar una cantidad de conflictos innecesarios, justo cuando el propio Gobierno promueve una política de paz total y un gran acuerdo nacional.
En contexto: “Son una invitación al paramilitarismo”: duro choque entre Petro y Lafaurie por brigadas de ganaderos.
Mi interés no es controvertir, es advertir. Además, si yo soy en este momento un aliado del Gobierno en los temas de la tierra, ¿no te parece que mi obligación...? No, la obligación de ellos era haberme informado. No lo hicieron.
La obligación mía es advertirles los riesgos que puede traer esto, porque es que ya vimos lo que pasó en Los Pozos (Caquetá). Eso fue terrible. Terminaron provocando unas movilizaciones de campesinos que terminaron instrumentalizados por las disidencias y mataron a uno de los campesinos. Además, degollaron en la cara de sus compañeros a un policía.
Me parece que en territorios donde hay control por parte de estos grupos armados, que son más de 300 municipios, no es razonable provocar movilizaciones porque terminan instrumentalizadas, y ellos lo deben de saber. Si no lo saben, se los estoy diciendo para que no me digan que no lo sabían”.
Pero, ¿decir que todas las movilizaciones van a terminar instrumentalizadas por grupos armados no es satanizar de entrada la protesta?
“No, yo estoy en otro tema. El Estado tiene un deber, el más importante, cuidar la vida, pero también la propiedad y la honra. Esa es la obligación constitucional del Estado. La libertad natural que todo individuo tiene, que se le transfiere al Estado, es justamente para eso: para que proteja esos derechos y esas libertades.
Para qué el Estado promueve movilizaciones que algunas, no digo que todas, pueden terminar en la generación de conflicto, cuando él es el obligado a darle una respuesta a cualquier desbordamiento del orden público. Me parece inconsecuente”.
Usted reportó que ya hay invasiones a fincas ganaderas, ¿lo atribuye a una consecuencia de estos borradores de decreto?
“Eso dijeron allá, en Cesar, los ganaderos que me llamaron. Lo que me dijeron fue exactamente eso, porque la gente interpreta siempre mal las cosas y obviamente aquí, primero, hay un derecho constitucional a la protesta y a la movilización pacífica. Pero eso no implica que usted pueda invadir un bien privado y afectar los derechos de cualquier ciudadano. No tiene ningún sentido”.
La otra polémica son las Brigadas Solidarias Ganaderas, que usted calificó como “un apoyo a las autoridades, un acompañamiento al vecino en dificultades, bajo el poder disuasivo de la presencia pacífica”. ¿Qué garantiza que no haya confrontación?, ¿en caso tal cómo actuarían?
“Las Brigada Solidarias, como lo he dicho repetidas veces –porque además ya operaron y fue lo que permitió de alguna manera entender el riesgo de todo esto–, son gente que va a apoyar a la Fuerza Pública cuando van a hacer los desalojos y auxilia a la persona que está invadida. Se trata de ver cómo lograr que esa persona tenga todos los apoyos del caso, con la Defensoría del Pueblo”.
¿Y cómo actuarían en caso de una confrontación?, es decir si llegan a un desalojo y aún no están las autoridades.
“Siempre se llega con las autoridades”.
Les dijo a los ganaderos: “Dios no quiera que esto termine en una confrontación de baja intensidad”, ¿qué sería de “baja intensidad”?
“Porque si de pronto se desmadra esta cosa, pues muy seguramente la Fuerza Pública terminará teniendo que intervenir. El punto de fondo es que el Estado no está para crear conflictos, sino para prevenirlos. El Estado está constituido para proteger los derechos de los ciudadanos, no para generar situaciones de riesgo. Entonces lo que yo estoy haciendo es advirtiéndole al Gobierno que lo que está haciendo es una muy mala idea”.
El presidente Petro aseguró que el contenido de la comunicación de Fedegán era una “invitación al paramiltarismo” y hay dirigentes que alertan que las brigadas serían germen de otras Convivir. ¿Cómo hacer para que el medio ganadero no termine estigmatizado?
“¿Qué quiere que le responda con respecto a eso? Yo no soy un criminal. A uno tienen que tratarlo con la decencia debida como uno actúa. Nunca he tenido un arma”.
¿Qué saben de la reforma agraria?, ¿qué conoce Fedegán?
“La reforma agraria no existe. Lo que tenemos es la Ley 160 de 1994 (que crea el Sistema Nacional de Reforma Agraria y Desarrollo Rural Campesino) y el Gobierno tiene que actuar en el marco de esa norma. Pare de contar. No hay más nada. ¿Cuál reforma agraria?, ¿dónde está la reforma agraria? Que apliquen la Ley 160”.
¿Teme represalias del Gobierno por estas posturas en defensa de los ganaderos frente al rol que está desempeñando como negociador con el ELN?
“Uno tiene obligaciones en la vida: mi más importante obligación son los ganaderos. Es una obligación irrenunciable. Yo enfrenté al presidente (Juan Manuel) Santos seis años por defender los mismos temas. En consecuencia, el hecho de que yo haya firmado un acuerdo o que sea delegado del Gobierno en la mesa con el ELN no me inhibe, ni me pueden instrumentalizar, para que esté de acuerdo con cosas con las que no puedo estarlo. Punto”.
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