Las negociaciones entre el Gobierno Nacional y los principales grupos armados de Colombia no solo se han caracterizado por los severos obstáculos que las entorpecen, sino porque ni siquiera han llegado a la mitad de lo proyectado en las agendas y ya les surgieron disidencias a estas organizaciones ilegales.
El caso más paradójico es el del Estado Mayor Central (EMC), que surgió en 2016 como una facción disidente de las antiguas Farc, durante los diálogos de paz de La Habana. Ahora, en 2024, sufrió una fractura interna y recibió una dosis de su propia medicina: la separación de, por lo menos, el 40% de sus huestes.
La disidencia original sigue al mando de Néstor Gregorio Vera (“Iván Mordisco”) y reniega del proyecto de “paz total” del Gobierno; mientras que la nueva es comandada por Alexánder Díaz Mendoza (“Calarcá”) y Carlos Eduardo García Téllez (“Andrey Avendaño”), quienes continúan en la mesa de negociaciones.
La fractura es tan profunda y aparentemente irreversible, que esta semana el propio “Iván Mordisco” anunció en un video que le hará una reestructuración al grupo, ascendiendo a sus comandantes más fieles en los 21 frentes que todavía le obedecen, y relegando a quienes se apartaron para irse con “Calarcá” y “Andrey Avendaño”.
La otra organización insurgente a la cual le apareció una disidencia es el Ejército de Liberación Nacional (ELN). El pasado mes de abril, el frente Comuneros del Sur, que delinque en Nariño bajo el mando de Gabriel Yepes Mejía (“HH”), se apartó de las decisiones del Comando Central de la estructura.
Incluso le planteó al Gobierno Nacional una negociación de paz por aparte, de carácter regional, la cual contó con el respaldo de la Casa de Nariño.
Esta fue una de las principales razones por las que el ELN decidió congelar los diálogos de paz con el gobierno de Gustavo Petro. A juicio del comandante “Antonio García”, la división fue auspiciada por la Inteligencia Militar, con el propósito de debilitar a los elenos.
La crisis causada es tan grave que el próximo 3 de agosto, a la medianoche, se vence el plazo fijado para el cese el fuego bilateral, y no se vislumbran acciones de parte y parte para prorrogarlo, más allá de discursos y comunicados unilaterales.
Las pugnas internas entre grupos criminales le están planteando un desafío al Gobierno, que, en los casos reseñados, comenzó negociando con dos estructuras y ahora tendrá que hacerlo con cuatro, si es que quiere llevar a feliz término su política de “paz total”.
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