La Jurisdicción Especial de Paz denunció la falta de garantías de seguridad para acceder a zonas donde ejerce control alias ‘Iván Mordisco’.
Una grave situación denunció la Jurisdicción Especial de Paz relacionada con las labores de búsqueda de personas reportadas como desaparecidas en el marco del conflicto armado.
Según un documento generado por la Fiscalía de la JEP (UIA), hay evidencia de los riesgos que corren los investigadores de ese tribunal especial de paz cuando acuden a zonas donde ejercen control los disidentes al mando de alias ‘Iván Mordisco’ y alias Calarcá.
Esto estaría ocurriendo en las zonas rurales del municipio de La Unión Peneya (Caquetá), donde tuvieron que suspenderse las intervenciones en el marco de las investigaciones sobre reclutamiento de menores y crímenes sexuales cometidos por las extintas Farc. Allí, según la alerta, no habría ninguna garantía de seguridad, en cambio prevalece el riesgo a ser víctimas de alguna acción criminal por parte de las disidencias.
En el documento, revelado por la W Radio, la Fiscalía de la JEP, allega otros casos relacionados con los ataques a misiones humanitarias en ese mismo territorio a manos de los desertores del proceso de paz. Así como los continuos asesinatos de líderes sociales que servían de apoyo en la búsqueda de los desaparecidos, lo cual advierten, es una evidente vulneración al esclarecimiento de la verdad.
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“La presencia del grupo armado en el centro poblado de La Unión Peneya se ha caracterizado por imponer todo tipo de medidas de control social. De esa forma, controlan qué se puede hacer y quién puede entrar o salir de la zona. Las labores humanitarias no están exentas de estos hechos, ya que el EMC ha atacado a misiones médicas, ambulancias, centros médicos y personas que trabajan en la búsqueda de personas dadas por desaparecidas”, se lee en el informe.
En esta zona es bien sabido que los disidentes ejercen control sobre la movilidad y desplazamiento de la comunidad, tanto así que han fijado horarios de entrada y salida de las veredas. Para la JEP estas restricciones impiden las actividades forenses y la ejecución de los cronogramas, pero sobre todo, genera zozobra e incertidumbre entre los colaboradores.
“Con base en lo anterior, se puede concluir que no hay condiciones de seguridad en el centro poblado de la Unión Peneya, lugar donde están ubicados puntos de interés forense para la JEP”, indica el informe reservado conocido por la W.
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Adicionalmente, en el documento quedó constancia del riesgo prevalente en el que están en la actualidad los firmantes de paz que gracias a su liderazgo se convirtieron en actores indispensables en la búsqueda de fosas comunes y posibles cementerios de víctimas de desaparecidos.
“Se identificaron escenarios de riesgo para agentes del Estado, excombatientes de las otrora FARC-EP y personas que ejercen roles de liderazgo dentro de su contexto comunitario que deben tenerse en cuenta en caso de que se considere realizar la actividad técnico forense”, añade el informe.
