Hay temor entre los habitantes de los municipios La Argentina y La Plata, en el departamento de Huila, por el aumento de la presencia de guerrilleros del Estado Mayor Central (EMC) y sus prácticas terroristas con las que empiezan a someter a las comunidades más apartadas.
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Recientemente se conoció que al menos 94.000 personas deben “respetar” el toque de queda impuesto por los disidentes. En las calles no puede haber nadie después de las 7:00 p.m., según reveló la Fundación Pares.
A los campesinos de las veredas Belén Gallego y Villa Losada, les han llegado notas de voz y mensajes escrito donde les advierten los riesgos en caso de no acatar las medidas e irrespetar el toque de queda. Adicionalmente, impusieron la participación forzada de los adolescentes en las actividades de las Juntas de Acción Comunal y en las mismas tener activa vocería.
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La presencia de los guerrilleros en esta zona del país tiene en máxima alerta a las autoridades locales toda vez que desde hacía varios años que ese territorio vivía en paz y en un ambiente armónico. Por su parte, la Sexta Brigada del Ejército reforzó la seguridad en las zonas limítrofes con Cauca, Caquetá y Tolima, con el objetivo de frenar el accionar violento y las extorsiones de los grupos armados irregulares.
Hoy por hoy, los comerciantes prefieren mantener sus negocios cerrados o desplazarse hacía otras regiones ante la amenaza de los guerrilleros. En el caso de las discotecas, la orden es cerrar a las 12 de la madrugada afectando los ingresos del comercio nocturno.
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“El toque de queda en La Argentina y La Plata ha sido decretado por ‘Jaime Martínez’, miembro del Bloque Occidental Jacobo Arenas. Esto forma parte de una estrategia de expansión territorial en regiones como Huila, Cauca, Caquetá y Tolima, especialmente para ejercer control sobre economías vinculadas a la extorsión, la cual ha sido su principal actividad. Esta medida también implica dinámicas de control territorial que abarcan aspectos como homicidios y restricciones de movilidad, incluyendo limitaciones dirigidas a la juventud y sus prácticas”, dijo Paola Marín, investigadora de la Línea Paz, Posconflicto y Derechos Humanos de la Fundación Paz y Reconciliación (Pares).
El país está atravesando por una convulsionada situación de orden público. Hay aumento de la guerra en departamentos como Cauca, Nariño y Arauca. Los organismos de control han advertido la fragante violación de los derechos humanos de las comunidades de las zonas rurales. Aumentó el desplazamiento forzado, el reclutamiento de menores de edad, secuestro, homicidios y otros delitos.
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La Defensoría del Pueblo ha publicado más de 22 alertas tempranas por los riesgos graves de cientos de familias, además de las reuniones urgentes en las que pide al Gobierno tomar medidas urgentes de protección.
