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Burocracia en la Cancillería se disparó 370%: Pasó de 109 a 521 contratos en cuatro años

Cifras de la oposición revelan además que el gasto se multiplicó por siete, pasando de $3.700 millones a $28.000 millones. Reclaman por “derroche y expansión burocrática”.

  • Recientemente, se denunció que el número de contratistas en la Cancillería es tal que “no hay dónde sentarlos ni qué ponerlos a hacer” y hasta se inventaron una modalidad de pico y placa para evitar las aglomeraciones en las oficinas. FOTO: COLPRENSA
    Recientemente, se denunció que el número de contratistas en la Cancillería es tal que “no hay dónde sentarlos ni qué ponerlos a hacer” y hasta se inventaron una modalidad de pico y placa para evitar las aglomeraciones en las oficinas. FOTO: COLPRENSA
28 de marzo de 2025
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Entre 2021 y 2024, los contratos por prestación de servicios en la Cancillería pasaron de 109 a 521, es decir, un incremento de casi el 370%. A ello se suma un aumento del gasto que se multiplicó por siete, al pasar de $3.700 millones a más de $28.000 millones.

Así lo reveló este viernes el senador de oposición Miguel Uribe (Centro Democrático), quien sostuvo además que el gasto de personal del Ministerio creció 46% en cuatro años: pasó de $508.000 millones en 2021 a $742.000 millones proyectados para 2025.

Para el congresista, se trata de un “despilfarro sin precedentes” en el Ministerio de Relaciones Exteriores, en medio de una de las crisis fiscales más graves que atraviesa el país.

“El derroche también es corrupción. Es por eso que denuncio el gasto desmedido y escandaloso de la Cancillería, que entre el año 2021 y 2024 aumentó los contratos de prestación de servicios”, reclamó el también precandidato presidencial del uribismo.

En esa línea, cuestionó la apertura de embajadas en países con los que Colombia no tiene relaciones estratégicas de peso: “¿Para qué? ¿Cuál es el retorno real de estos gastos?”, advirtió Uribe, señalando que se trata de una política exterior “sin sustento, utilizada como excusa para la expansión burocrática”.

Hace más de un año, en febrero de 2024, el Gobierno de Gustavo Petro decidió reabrir la embajada de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO, por sus siglas en inglés), donde ubicó al hoy ministro del Interior, Armando Benedetti.

Se trata de una embajada con sede en Roma que estaba cerrada hace más de veinte años, pues sus funciones las asumía la Embajada de Colombia en Roma, Italia. No hay un valor exacto del costo de reapertura de ese puesto diplomático, pero sí un aproximado, según varias fuentes.

La senadora opositora María Fernanda Cabal señaló que la Embajada ante la FAO le ha costado al país más de 1.200 millones de pesos. Benedetti habría recibido unos 518 millones de pesos por sus servicios durante esos meses. Y según la propia Cancillería, “para el nuevo domicilio del embajador petrista, se pagó una comisión de 13.200 euros por el apartamento, equivalentes a $ 61’680.099”.

Frente a ello, el senador Uribe reclamó que la situación ocurre justo mientras el país atraviesa una grave crisis económica y un déficit fiscal del 6.8 % del PIB. A pesar de ello, el Gobierno anunció un tardío plan de austeridad en enero de este año, cuando ya había desbordado la contratación. “¿Austeridad después de haber desbordado la contratación? Eso no es planificación, es cinismo”, dijo.

Advirtiendo que el país “no tiene una política exterior seria”, Uribe insistió en que hay una “expansión burocrática sin control, disfrazada de diplomacia. Si el Gobierno quiere hablar de responsabilidad, que empiece por reconocer buena parte del deterioro fiscal que provocaron sus propias decisiones”.

De hecho, días atrás el exministro de Hacienda Mauricio Cárdenas advirtió que a la Cancillería habrían llegado 400 personas nuevas contratadas por prestación de servicios, pero que “no hay dónde sentarlos ni qué ponerlos a hacer” y que hasta se inventaron una modalidad para evitar las aglomeraciones en las oficinas.

“Inventaron el pico y placa: un grupo entra a las 7:00 a.m. y termina a las 11:00 a.m., libera un escritorio y un computador, y llega el siguiente turno”, dijo Cárdenas.

A esto lo describió como “empleo militante” y que es una estrategia que le está haciendo daño a las finanzas de Colombia, pero que los líos financieros se deben a lo que llamó “manejo irresponsable” del gasto público por parte del Gobierno de Gustavo Petro, más allá de los factores que son heredados.

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