La polémica resolución 0119 DE 2024 que permite la “pesca incidental” de once especies de tiburones y cuatro de rayas marinas tiene enfrentados a quienes defienden el derecho de las comunidades costeras a sobrevivir con la pesca artesanal y quienes señalan que la nueva normativa incentivará la comercialización de esas especies en riesgo.
Pero, ¿qué dice realmente la normativa y cómo cambia las cosas para el país?
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El mejor ejemplo para entender qué cambia es el de un pescador artesanal que está buscando su sustento y el de su familia en los mares.
Antes de esta resolución, si esa persona llegaba a capturar por accidente una de esas once especies de tiburones o rayas, iniciaría una persecución legal en su contra por cometer un acto ilícito castigado por la Ley de Colombia.
Sin embargo, al declarar esas especies como “recursos pesqueros aprovechables” esta nueva normativa lo que indica es que si esas personas “captan” uno de esos animales de manera “incidental” no están cometiendo un delito y no deben ser castigados por la Ley.
Así las cosas, ese documento –que tiene 6 páginas y fue emitido el pasado 24 de enero– deja claro que está prohibido “en todo el territorio marítimo nacional el ejercicio de cualquier modalidad de pesca dirigida a tiburones y rayas marinas”, pero que en esas pescas que no estén “dirigidas” específicamente a esa captación no habrá problema.
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Eso último supone un problema claro para un país como Colombia en el que es normal buscarle “la salida a la Ley”, como dice el dicho, pues para un policía marítimo o cualquier otra autoridad ambiental será muy difícil determinar si la comunidad que pescó ese tiburón o raya lo hizo de manera intencional o accidental.
Todo el lío, por su puesto, tiene sus orígenes en el decreto 281 de 2021 que emitió el gobierno de Iván Duque y que, desde ese entonces, prohibió la pesca de todas esas especies de manera estricta.
Pese a que ese documento fue aplaudido por ambientalistas que lo vieron como un camino hacia la no extinción de esas especies, en la comunidad preocupó a locales que viven y se alimentan de la pesca. Dicho eso, el argumento de este gobierno ha sido insistir en que no se puede “criminalizar” a las comunidades y que, de hecho, hay que defender su soberanía alimenticia.
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Aún así, los expertos en la materia, como la conservacionista Sandra Bessudo y el profesor de cambio climático Camilo Prieto, le han hecho serias observaciones a la resolución que, según ellos, “no protege de ninguna manera a esas especies”.
“La resolución tiene muchos vacíos que sería recomendable ajustar y complementar. Estamos para ayudarle. Si lo desea, indíquenos con quien podemos reunirnos en su despacho para poder ampliar este mensaje (...) necesita urgentemente un cambio”, concluyó Bessudo tras una discusión contra la ministra de Agricultura Jhenifer Mojica.
