El acuerdo para movilizar a las 15 comunidades indígenas asentadas en el Parque Nacional desde hace más de siete meses, concluyó con dos de los puntos que había exigido dicha población desde que llegó: participación en política e ingresos “razonables” para poner a andar sus proyectos productivos.
Pese a que la Alcaldía de Bogotá no especificó de cuánto serán esos aportes económicos ni con qué periodicidad se les ofrecerá a los núcleos familiares, lo que sí se sabe es que varios líderes indígenas se fueron con la promesa de ser incluidos de manera directa dentro de las discusiones que adelantará el distrito para crear la Política Pública Indígena y discutir los problemas de seguridad, educación y alimentación que más aquejan a los 1.580 integrantes de esa comunidad que pernoctaban en dicho territorio desde el 29 de septiembre de 2021.
Los pactos
Tras dos días seguidos de negociación, los implicados llegaron a un acuerdo que se firmó bajo la condición de garantizar el traslado de cada uno de los asistentes con dos posibilidades. Un primer grupo fue devuelto a sus territorios o a hogares de apoyo en los que permanecerán mientras se solucionan sus demandas de vivienda digna.
Un segundo grupo de asistentes –que argumentó sentirse inseguro en sus anteriores hogares– fueron trasladados a la Unidad de Protección Integral de Engativá, un centro en el que recibirán alojo, alimentación, y apoyo psicosocial y de primera infancia para las 536 familias calificadas por la Defensoría del Pueblo como “vulnerables”.
Problema de salud pública
Solucionar las problemáticas de dicha población se convirtió en uno de los principales retos de la alcaldía de Claudia López no solo por la necesidad de proteger el Parque Nacional Enrique Olaya Herrera, declarado como Monumento Nacional de Colombia; sino por las vulnerabilidades de las comunidades indígenas que, a la larga, se convirtieron en un problema de salud pública que preocupaba al Gobierno Nacional y a los organismos defensores de Derechos Humanos.
En esos siete meses y nueve días que permanecieron dichas comunidades, se estima que permanecieron 600 niños con sus respectivos padres. Tres bebés más nacieron durante ese tiempo y dos fallecieron como consecuencia de problemas de desnutrición y falta de atención médica.
Se sabía, por ejemplo, que dichas comunidades no tenían acceso a agua potable dentro de las instalaciones del Parque y que, según sus denuncias, la comida a veces no alcanzaba para alimentar a las 536 familias.
La Alcaldía, por su parte, implementó varios frentes para aliviar los problemas de las comunidades y denunció que en varias ocasiones no se les permitió el ingreso a las instalaciones por “falta de confianza de la comunidad”.
Por ahora, los indígenas aseguraron que confían en que los acuerdos serán cumplidos. En palabras del coordinador de las autoridades indígenas, Jairo Montañez, dichos pactos no solo benefician “a los 15 pueblos indígenas, sino a toda una ciudadanía” que recibirá apoyo para un mejor futuro laboral y económico.
Al cierre de esta edición el reporte más actualizado de la Secretaría de Gobierno de la Alcaldía de Bogotá indicaba que 583 personas habían ya habían sido trasladadas con éxito a los lugares que ellas mismas escogieron.
El 66 % restante continuaba abordando los buses dispuestos por la Unidad de Víctimas y el Ministerio del Interior, quienes fueron designados para garantizar los traslados. (Ver: Paréntesis)
El acuerdo para movilizar a las 15 comunidades indígenas asentadas en el Parque Nacional desde hace más de siete meses, concluyó con dos de los puntos que había exigido dicha población desde que llegó: participación en política e ingresos “razonables” para poner a andar sus proyectos productivos.
Pese a que la Alcaldía de Bogotá no especificó de cuánto serán esos aportes económicos ni con qué periodicidad se les ofrecerá a los núcleos familiares, lo que sí se sabe es que varios líderes indígenas se fueron con la promesa de ser incluidos de manera directa dentro de las discusiones que adelantará el distrito para crear la Política Pública Indígena y discutir los problemas de seguridad, educación y alimentación que más aquejan a los 1.580 integrantes de esa comunidad que pernoctaban en dicho territorio desde el 29 de septiembre de 2021.
Los pactos
Tras dos días seguidos de negociación, los implicados llegaron a un acuerdo que se firmó bajo la condición de garantizar el traslado de cada uno de los asistentes con dos posibilidades. Un primer grupo fue devuelto a sus territorios o a hogares de apoyo en los que permanecerán mientras se solucionan sus demandas de vivienda digna.
Un segundo grupo de asistentes –que argumentó sentirse inseguro en sus anteriores hogares– fueron trasladados a la Unidad de Protección Integral de Engativá, un centro en el que recibirán alojo, alimentación, y apoyo psicosocial y de primera infancia para las 536 familias calificadas por la Defensoría del Pueblo como “vulnerables”.
Problema de salud pública
Solucionar las problemáticas de dicha población se convirtió en uno de los principales retos de la alcaldía de Claudia López no solo por la necesidad de proteger el Parque Nacional Enrique Olaya Herrera, declarado como Monumento Nacional de Colombia; sino por las vulnerabilidades de las comunidades indígenas que, a la larga, se convirtieron en un problema de salud pública que preocupaba al Gobierno Nacional y a los organismos defensores de Derechos Humanos.
En esos siete meses y nueve días que permanecieron dichas comunidades, se estima que permanecieron 600 niños con sus respectivos padres. Tres bebés más nacieron durante ese tiempo y dos fallecieron como consecuencia de problemas de desnutrición y falta de atención médica.
Se sabía, por ejemplo, que dichas comunidades no tenían acceso a agua potable dentro de las instalaciones del Parque y que, según sus denuncias, la comida a veces no alcanzaba para alimentar a las 536 familias.
La Alcaldía, por su parte, implementó varios frentes para aliviar los problemas de las comunidades y denunció que en varias ocasiones no se les permitió el ingreso a las instalaciones por “falta de confianza de la comunidad”.
Por ahora, los indígenas aseguraron que confían en que los acuerdos serán cumplidos. En palabras del coordinador de las autoridades indígenas, Jairo Montañez, dichos pactos no solo benefician “a los 15 pueblos indígenas, sino a toda una ciudadanía” que recibirá apoyo para un mejor futuro laboral y económico.
Al cierre de esta edición el reporte más actualizado de la Secretaría de Gobierno de la Alcaldía de Bogotá indicaba que 583 personas habían ya habían sido trasladadas con éxito a los lugares que ellas mismas escogieron.
El 66 % restante continuaba abordando los buses dispuestos por la Unidad de Víctimas y el Ministerio del Interior, quienes fueron designados para garantizar los traslados. (Ver: Paréntesis).
