A punta de resoluciones –que no dejan de generar suspicacias y dudas atizadas por el hervor político–, el Consejo Nacional Electoral (CNE) define por estos días el tablero electoral del próximo 29 de octubre. El organismo, cuyos magistrados son postulados por los partidos y escogidos por el Congreso, tiene hasta hoy (justo a un mes de los comicios) para definir qué candidaturas mantiene y qué otras tumba por inhabilidades, sanciones o incumplimientos.
Son más de 3.500 aspiraciones demandadas las que están en juego y las determinaciones que ha venido tomando esta semana la autoridad electoral –por cuenta de su origen político–, no dejan de levantar ampolla. No solo dejó en firme candidaturas como las de Julián Bedoya a la Gobernación de Antioquia, sino que echó al traste las de Samuel Santander Lopesierra, “el Hombre Marlboro” (Alcaldía de Maicao, en La Guajira), Tulio Gómez (Gobernación del Valle) o más recientemente, la de Rodolfo Hernández (Gobernación de Santander).
Justo sobre esta última decisión están puestas todas las miradas, al punto que el propio presidente Gustavo Petro salió en defensa de quien fuera su contendor en la segunda vuelta presidencial. ¿La razón? Los magistrados, acogiendo conceptos y sanciones de la Procuraduría, resolvieron tumbar la candidatura de Hernández, hoy por hoy uno de los favoritos a llegar a la Gobernación de Santander.
De hecho, con corte al 21 de septiembre, son 724 los candidatos que, según el organismo electoral, están inhabilitados para participar en los comicios por cuenta de sanciones disciplinarias. En su gran mayoría (596), son aspirantes a concejos y a juntas administradoras locales (80), mientras que los casos de candidatos a alcaldías (20), asambleas (23) o gobernaciones (5), apenas representan el 6.6 %. No obstante, en los casos más delicados hay un acuerdo tácito entre los magistrados para tener en cuenta los conceptos de la Procuraduría.
Lo cierto es que esta determinación contra el ingeniero le sirvió a Petro para reforzar su retórica de que la Procuraduría –que dirige Margarita Cabello–, no puede inhabilitar a funcionarios elegidos por voto popular, como lo reconoció la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) en un fallo de 2020 que salió a su favor. Sin embargo, fuentes en el CNE aseguraron que los magistrados tuvieron en cuenta un fallo de la Corte Constitucional que en agosto ratificó que el Ministerio Público sí puede sancionar a este tipo de funcionarios.
“Debo expresar mi desacuerdo con lo que está aconteciendo en el CNE. Con el caso de Hernández se ha revivido la tesis de quitar derechos políticos por sanciones administrativas en abierto desacato a la sentencia de la CIDH”, reclamó Petro, que advirtió que las determinaciones “están cambiando la decisión de los pueblos”.
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En línea con lo dicho por Petro, el ingeniero –que recién la semana pasada acudió a la CIDH en búsqueda de medidas cautelares–, reclamó que detrás de la decisión del CNE hay politiquería. “(Hay) magistrados que están a la orden de partidos contra los que he luchado desde que empecé, instituciones como la Procuraduría maniatadas por clanes sirviendo a merced para asesinar políticamente a sus contenedores”, manifestó.
CNE, cada vez más en la mira
Actualmente, en el Congreso cursa un proyecto de acto legislativo –es decir, que implica modificar la Constitución–, para reformar la forma como son elegidos los magistrados del CNE. La iniciativa, de autoría del senador Humberto de la Calle, le apuesta a que, en lugar del Congreso, sean las altas cortes vía concurso de méritos las que escojan a los magistrados.
Para el exmagistrado Armando Novoa, quien hoy aspira a ser registrador, es evidente que, aunque no todas estén motivadas por razones partidistas, las decisiones del CNE “generan prevenciones y suspicacias por su origen político”. Por ello, es partidario de la reforma.
En ese sentido, explicó que detrás de las decisiones del organismo electoral también entran consideraciones y conceptos de la Procuraduría, el Consejo de Estado y otros organismos. Sin embargo, admitió que también influyen dirigentes políticos: “Debe haber un ambiente difícil al interior del CNE. Hay unos agentes que son más partidistas y políticos que otros”.
Por su parte, el analista José Penso, expresidente de la Asociación Colombiana de Consultores Políticos, alertó por capacidad del CNE para impactar y modificar los escenarios electorales locales. No obstante, instó a analizar caso por caso.
“Es claro que el CNE, por su misma esencia, tiene una naturaleza política y en el pasado se han cuestionado muchas de sus decisiones, pero pareciera ser que en esta oportunidad, al menos las que se han conocido, se fundamentan en derecho, como debe ser”, señaló, insistiendo en que el organismo está llamado a recomponer la credibilidad “que le ha faltado en los últimos años”.
Tras las determinaciones que tumbaron candidaturas, ahora se espera que los aspirantes afectados, una vez notificados, interpongan recursos para tratar de revertir las decisiones. El CNE tiene apenas días para responder, teniendo en cuenta que este viernes cierra el plazo para la modificación de candidaturas revocadas por causas constitucionales o legales. Se prevé que este lunes ya esté todo listo para que la Registraduría proceda con las impresiones de los tarjetones, bien sea con los candidatos ratificados o con otros nuevos que acuerden los partidos. ¿Figurarán Rodolfo Hernández y compañía?
