Mientras el presidente Gustavo Petro presidía su más reciente Consejo de Ministros, transmitido en horario prime por canales privados, el Consejo de Estado admitió para estudio una tutela que busca regular esta práctica, cada vez más frecuente.
La acción judicial fue presentada por María Cristina Cuéllar, quien argumenta una presunta vulneración de derechos fundamentales y solicita que estos consejos de ministros no se transmitan en vivo en horario estelar.
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“La información y el respeto por el derecho a la libertad de escoger el medio masivo que convenga al ciudadano con ocasión de las intervenciones televisivas y radiales de los Consejos de Ministros”, señala la demanda.
Tras la admisión de la tutela, el jefe de Estado reaccionó con varios mensajes en su red social X, cuestionando la decisión:
“Sabremos por fin los colombianos si la democracia informativa es posible bajo nuestra Constitución y nuestra ley, o si lo que se desarrolla es el linchamiento del presidente porque es progresista”, escribió.
Sus comentarios fueron variados y hacían referencia a la noticia publicada en distintos medios: “Es decir, los contratistas del Estado quieren censurar al jefe de Estado”, expresó el mandatario en otra publicación.
En otro mensaje, el jefe de Estado hizo alusión a las transmisiones de los consejos del pasado Gobierno: “Duque si podía salir todos los días en tv y no había problema”.
Y concluyó aseverando que quienes buscan “censurarlo” lo hacen por “miedo a verdades muy ocultas”.
Al admitir la tutela, el Consejo de Estado vinculó como terceros interesados a Caracol Televisión, Canal RCN y el Canal UNO. Los canales deberán enviar su intervención frente a lo argumentado en la tutela.
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Este recurso se suma a otro admitido por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca el pasado 13 de marzo, en el que se pide garantizar la reserva de estos encuentros. En el documento, el demandante exige que el presidente Gustavo Petro y el Dapre cumplan con esta disposición y se abstengan de divulgar información sobre las reuniones.
La admisión no implica una decisión de fondo sobre la controversia, sino el inicio formal del proceso judicial. La Presidencia de la República y el Dapre podrán responder a la demanda y aportar argumentos en su defensa.
El debate sobre la publicidad de los Consejos de Ministros ha generado diversas posturas, ya que, mientras el Gobierno sostiene que la divulgación de estas reuniones busca mayor transparencia, sectores críticos advierten que podría afectar la deliberación interna del Ejecutivo.
