Sobre el caso del expresidente Álvaro Uribe por presunto soborno a testigos y fraude procesal el país viene hablando desde 2018. Nunca antes había avanzado tanto un proceso judicial contra un exinquilino de la Casa de Nariño. Pero al mismo tiempo, por diversos factores, el reloj de la prescripción marca que en octubre de este año se vencen los términos.
EL COLOMBIANO conversó con Jaime Granados, abogado del expresidente Uribe, para conocer los argumentos que la defensa expondrá este lunes en la audiencia.
¿En qué parte del proceso se encuentra el expresidente Álvaro Uribe con el inicio de la primera parte del juicio?
“Hay que explicar que el juicio, a pesar de nuestra protesta, se instaló el 6 de febrero con la manifestación, como lo obliga la ley, que se le debe preguntar al acusado si se declara inocente o culpable. El expresidente Álvaro Uribe Vélez de manera categórica rechazó los cargos porque es inocente. Cumplida esa formalidad, le corresponde a la Fiscalía exponer su teoría del caso, que lo hizo, a su particular manera de ver las cosas. Lo que seguirá es nuestra defensa el lunes 10 de febrero. El expresidente Uribe ha manifestado que quiere dar su teoría complementaria del caso en ejercicio de su defensa material. Eso formará parte de lo que la defensa plantee en su turno”.
¿Qué fue lo que decidió el tribunal superior frente a lo que ustedes estaban pidiendo como pruebas?
“El tribunal tomó dos determinaciones fundamentales de fondo y además hizo una exhortación al final. ¿Cuál fue la primera de fondo? Referida a las exclusiones probatorias de las grabaciones, acompañadas por la Procuraduría, como ilegales y que, por tanto debían ser excluidas apenas se detectasen.
La jueza había considerado que no excluía las grabaciones porque la Corte Suprema en su Sala de Instrucción las había validado y que ella no podía ir en contra de esa determinación, pero que además estaba de acuerdo en el análisis de fondo de esa determinación. Nosotros, al cuestionar esto en apelación, postulamos lo contrario, que en ese momento era en esta audiencia preparatoria, para eso se estableció, y que fijamos en detalle los motivos por los cuales eran ilegales. El tribunal, en su criterio, que acatamos pero no compartimos, determinó que por las mismas razones expresadas por la juez en cuanto a que la Corte Suprema se había pronunciado, ya habían sido validadas. Pero se separó el tribunal, y eso es muy importante, de la juez al establecer que sí era posible que se diera un debate, porque todavía no estaba cerrado este asunto, ante el proceso de su primera instancia.
Implica por tanto que siga abierto el debate. En segundo lugar, el tribunal determinó revocar la mayor parte de las pruebas que habían sido negadas por la jueza.
Estamos hablando que en su momento cerca de unas 50 pruebas de carácter testimonial y documental, en su mayoría testimoniales, habían sido negadas por la señora juez. El tribunal revocó cerca de más de 40, aproximadamente 44 pruebas de carácter testimonial a favor de la defensa. ¿Eso qué significa? Por ejemplo, gracias a la decisión del tribunal, que fue razonada y opuesta a lo que dijo la juez de primera instancia, sí es determinante poder establecer, por ejemplo, la relevancia de las comunicaciones que tuvo vía chat, el testigo Carlos Eduardo López Callejas alias Caliche con el entonces representante de la Cámara, Álvaro Hernán Prada.
No solamente a la regla de la mayor evidencia, sino por razones obvias, cómo se va a desechar una entrega, además con una extracción forense, mediante documentada de la totalidad de las comunicaciones y preferir unos pantallazos editados. Eso realmente sería un contrasentido y en buena hora el tribunal revocó y permite a la defensa hacer ese ejercicio”.
Señalar eso, teniendo en cuenta que el sistema judicial les ha concedido la razón en algunas garantías que han solicitado, ¿no es un mal mensaje para el Estado de Derecho?
“Pues yo creo que es una sensación mixta. Porque de un lado, en la primera instancia hemos encontrado una constante oposición de la juez que preside el caso, de reconocer esas garantías básicas, lo vimos desde la audiencia de acusación, lo vimos también en la preparatoria y lo estamos viendo ahora iniciando el juicio. Y cada vez que hemos tenido que ir ante el tribunal, pues se ha podido de alguna manera corregir el desafuero, especialmente cuando incluso nos tocó recurrir al mecanismo excepcional de una acción de tutela. Y también nos tocó recurrir a un recurso de queja y también nos tocó recurrir la apelación en esta negativa de pruebas y ahora pues estamos confrontados con estas últimas decisiones.
Entonces el hecho de que el tribunal de alguna manera haya avalado las garantías del expresidente Álvaro Uribe Vélez, pues es una manifestación de la vigencia del Estado de Derecho, pero el hecho que también la juez de primera instancia las haya negado, como se ha visto de manera sistemática, pues está poniendo en peligro la vigencia del Estado de Derecho en cuanto a la garantía de imparcialidad del juez”.
¿Usted dice que el expresidente está siendo perseguido por la justicia?
“Pues está siendo perseguido políticamente, es un caso clásico de lawfare (guerra jurídica). Recordemos cómo fue que se originó este proceso, en el año 2018 en medio de la campaña al Congreso donde el expresidente sacó como senador la más alta votación en la historia, en donde su partido el Centro Democrático obtuvo la presidencia de la República. En ese debate electoral tan difícil surge este proceso, a partir de febrero y se extiende hasta cuando se le informa el 25 de julio de 2018. Recordemos que este proceso se inició en donde el mismo funcionario judicial que había conocido de la asociación inhibitoria a favor del senador Iván Cepeda es el que retiene la competencia en averiguación y para investigar al senador Álvaro Uribe Vélez y al congresista Prada, y luego le oculta esa información al senador Uribe y él solo se viene a enterar seis meses después cuando lo llaman a interrogatorio el 25 de julio del año 2018.
Pero lo más grave es que además es vigilado a través de unas escuchas telefónicas ilegales porque está reconocido que dice que por error se le escucharon más de 20.000 conversaciones tenidas en espacio de un mes en plena campaña.
Desde la primera interceptación que fue escuchada aparece claro que el interceptado es Uribe, es una entrevista que le hacen a él, así lo informa quien hizo la escucha a sus superiores, así se le informa al magistrado auxiliar para que se toman las medidas del caso, a los cuatro días lo informó y sin embargo estuvo cerca de 30 días siendo objeto de estas escuchas patentemente ilegales. Luego, es llevado a una medida de detención domiciliaria con una decisión tomada por una Sala de Instrucción donde el magistrado que terminó siendo el ponente del caso pues tenía unos vínculos como contratista de la administración del expresidente Juan Manuel Santos, opositor a Uribe.
Además, hemos tenido que confrontar al fiscal que presentó el escrito de acusación con todas las particularidades de ese escrito, la manera que asaltó a la defensa modificándolo faltando unas horas para la audiencia respectiva y quien había sido un directivo de la Fiscalía de Luis Eduardo Montelegre, ni más ni menos que una de las pretendidas alegadas víctimas de este proceso”.
¿La jueza ha tomado decisiones políticas y no judiciales?
“No, nosotros no podemos afirmar que ella haya tomado decisiones de carácter político, ella particularmente, estamos hablando del trasfondo de este caso y de la manera como ella ha mostrado una hostilidad. Hay que decir, por ejemplo, cuando tenía una situación de un viaje el expresidente para cumplir con compromisos internacionales le pidió un corto aplazamiento para poder él llegar después de un viaje largo en Argentina y ella prácticamente lo forzó a estar tomando la audiencia bajándose del avión. Es decir, con una actitud totalmente irrespetuosa atropellando no solamente la dignidad de un expresidente y exsenador sino de una persona que tiene 72 años de edad y tiene la dignidad humana como cualquiera. Me parece que ha habido múltiples actuaciones desobligantes y se han dejado las constancias respectivas”.
Los términos de este caso vencen en octubre de 2025, es decir en nueve meses, y hay un sector político del país que señala que ustedes están buscando dilatar el juicio para que los términos se venzan. ¿Qué responde?
“Nosotros no tenemos ninguna injerencia o responsabilidad porque se acerque el término prescriptivo el 8 de octubre de este año. Por la sencilla razón que si el proceso hubiera continuado como lo determinó cuando se hizo el traslado al sistema acusatorio, en la decisión tomada por la juez de control de garantías, quien no solamente dejó en libertad al ciudadano Uribe Vélez, sino que además consideró que no estaba imputado, si eso se hubiera quedado, los términos de prescripción se extendían hasta febrero del 2030”.
Hay una posibilidad de que el expresidente Uribe sea condenado. ¿Qué sigue si esto pasa?
“Cada vez que estamos frente a un proceso penal y cuando ya estamos en etapa de juicio, teóricamente existe un riesgo de condena porque las alternativas son la absolución o condena. Pero hay que decir que la presunción de inocencia se mantiene incólume en el caso del expresidente Uribe. Estamos convencidos y así quedará probado en el juicio, que es inocente y que deberá haber una sentencia correspondiente con esa realidad. Para nosotros no se contempla sino de una manera especulativa ese riesgo que usted indica y por el contrario estamos cierto desde el punto de vista de los elementos de prueba que la única alternativa jurídicamente viaje es su absolución”.
Pero si es condenado, ¿cómo operan los términos de la segunda instancia?
“En Colombia, a diferencia de otros sistemas, es más susceptible la sentencia de ser apelada tanto en eventos de condena como de absolución. Esa apelación, en cualquier circunstancia, implica que sea el honorable Tribunal Superior de Bogotá quien tenga que examinar esa apelación y el término de prescripción que llega al 8 de octubre de 2025 incluye hasta que se tome una decisión por parte del tribunal en segunda instancia. Lo único que interrumpe el término prescriptivo sería cuando se profiera la sentencia de segunda instancia o en cualquier evento que ocurra”.
¿Cómo afecta al caso la campaña a la Presidencia del 2026?
“Siendo Álvaro Uribe el líder de la oposición en Colombia, el fundador del partido de oposición Centro Democrático y la figura más destacada de nuestra vida pública, pues es un actor indispensable para la discusión del 2026 así él no pueda ser candidato. Sobre cálculos políticos no me corresponde como abogado defensor entrar en esa discusión”.
Finalmente, ¿todo este caso surge por un error del expresidente de delegar al abogado Diego Cadena para estas labores?
“No, de modo alguno se puede calificar como un error el haber recurrido a un abogado para actividades investigativas que él no buscó. El abogado Cadena fue el que lo buscó a él, ofreció sus servicios, él confió por la experiencia de Cadena de hacer esas tareas investigativas que son propias de los abogados y no tenía cómo anticipar lo que después ocurrió. En ese sentido, mal podría hablarse que haya sido un error del expresidente visto desde una perspectiva como se conoce en derecho penal: ex ante, si se diera ex post, es decir después de los hechos, eso es una valoración que se lo dejo a los lectores porque como abogado defensor no me corresponde”.
