El Consejo de Estado, por auto del 20 de junio de 2024, y al considerar que no hay mérito para pronunciarse frente a medios de impugnación que no ofrezcan razones concretas contra las decisiones controvertidas, confirmó que “corresponde al Consejo Nacional Electoral adelantar las actuaciones administrativas tendientes a la investigación y posterior decisión de fondo frente a los hechos que constituyan una violación de topes de la campaña electoral”.
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“Terminada esa etapa y, encontrándose mérito, se debe remitir lo pertinente a la autoridad que resulte competente, según el cargo”, agregó el fallo, es decir, la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes en el caso del presidente Gustavo Petro.
Eso no quiere decir, sin embargo, que el CNE no pueda investigar la presunta violación de topes de campaña que habría violado la campaña del hoy jefe de Estado.
“La pérdida del cargo frente a los aquí demandados (Presidente y Vicepresidente de la República) debe ser conocida y tramitada por el Congreso de la República, como lo dispone el numeral 4o del artículo 21 de la Ley 966 del 2005”.
Ese triunvirato encargado de investigar las denuncias está conformado por el representante Alirio Uribe, del Pacto Histórico y quien es un petrista de antaño, así como Gloria Arizabaleta, quien llegó al Congreso con la bendición del partido Fuerza de la Paz, que lidera otro de los escuderos del mandatario: el exsenador y hoy embajador Roy Barreras. El tridente lo cierra Wilmer Carrillo (Partido de la U).
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¿Qué investiga el CNE?
Entre los hechos que investiga el CNE, están las cuentas reportadas de la Sociedad Aérea de Ibagué (SADI), donde el presidente Petro se transportó mientras era candidato a la presidencia. El órgano investiga los aportes a SADI por 4.000 millones de pesos y de la Unión Sindical Obrera (USO) a la campaña por 600 millones, así como los 500 millones que Fecode aportó a Colombia Humana.
Además, el CNE indica que no se reportó el préstamo realizado por el Polo Democrático Alternativo por 500 millones de pesos y tampoco reportaron el pago a testigos electorales por 931 millones de pesos.
Asimismo, “omitieron el reporte de gastos por concepto de propaganda electoral por la suma de 356 millones de pesos”.La violación de los topes de financiación en una campaña política es un delito, lo que podría implicar la invalidación de los resultados electorales si se confirman las irregularidades. Sin embargo, tras conocerse la decisión del CNE, Gustavo Petro arremetió contra la entidad, argumentando que se trata de un intento de “golpe de Estado”.
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