Un nuevo capítulo se abre en el escándalo de las interceptaciones ilegales a Marelbys Meza y Fabiola Perea, empleadas de Laura Sarabia, exjefa de gabinete del gobierno de Gustavo Petro.
Este miércoles, durante una audiencia crucial, la Fiscalía General de la Nación anunció un avance significativo: dos agentes de la Policía Nacional, la patrullera Danna Alejandra Canizales y el intendente Luis Alfonso Quinchanegua Quinchanegua, aceptaron su participación en el delito tras firmar un preacuerdo con el ente investigador.
El preacuerdo firmado entre Canizales y Quinchanegua y la Fiscalía establece que ambos agentes reconocieron su implicación en los delitos de fraude procesal, falsedad material en documento público y falsedad ideológica en documento público. Según el informe presentado por la Fiscalía, los policías participaron en la creación de documentos falsos que justificaron la solicitud de interceptaciones a las líneas telefónicas de Meza y Perea, quienes trabajaban en la residencia de Laura Sarabia.
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Además de admitir estos delitos, ambos firmaron un principio de oportunidad por el delito de violación ilícita de comunicaciones. Este acuerdo les otorga inmunidad parcial, permitiéndoles colaborar como testigos en los futuros procesos penales que se derivan del caso. La Fiscalía espera que su testimonio sea clave para esclarecer las acciones y decisiones que llevaron a las interceptaciones ilegales.
El principio de oportunidad aún está pendiente de la aprobación de la fiscal general Luz Adriana Camargo y será presentado ante un juez de control de garantías para su validación. Este mecanismo permitirá a los agentes colaborar con la justicia mientras reciben una reducción de su pena.
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Durante la audiencia, los agentes involucrados en el caso ofrecieron disculpas públicas por sus acciones. La patrullera Danna Canizales expresó su arrepentimiento, alegando que, con solo dos años de experiencia en la institución, había seguido órdenes de sus superiores sin cuestionarlas, creyendo que estaba realizando un trabajo honesto y conforme a la ley. “En mi condición como patrullera al momento de los hechos, con solo dos años en la institución y por falta de experiencia, recibí órdenes de mis superiores, donde creí que podía hacer un trabajo honesto y correcto para la comunidad. Sin embargo, quiero pedir disculpas a las víctimas”, afirmó.
Por su parte, el intendente Quinchanegua también pidió perdón, reconociendo el impacto negativo de sus acciones en las víctimas y en la confianza de los ciudadanos en las instituciones. “A todas las partes afectadas, a los ciudadanos que afectamos tanto moral como psicológicamente, prometo no volver a hacerlo e igualmente pido mil disculpas a los afectados”, aseguró el oficial.
Implicaciones legales y futuros procesos
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Según la Fiscalía, varios agentes utilizaron información falsa para obtener autorizaciones judiciales que permitieron la interceptación ilegal de comunicaciones. Estas autorizaciones se basaron en informes falsos que sugerían que Meza y Perea estaban involucradas en actividades criminales, lo que resultó ser completamente infundado.
Entre los implicados en el caso también se encuentran el capitán de la Policía, Carlos Andrés Correa Loaiza, y el patrullero Jhon Fredi Morales Cárdenas, quienes enfrentan cargos similares a los de Canizales y Quinchanegua.
