“Ellos están buscando vehículos grandes, como camionetas, camperos o camiones, para que no se les note mucho el peso y el desnivel de los amortiguadores cuando le monten más de 200 o 300 kilos de explosivos. Así los pueden transportar de una manera más desprevenida desde las áreas rurales, donde les acondicionan los artefactos, hasta los cascos urbanos, donde siempre los estallan”.
Las palabras son de uno de los investigadores que le siguen la pista a la alerta de las agencias de seguridad por los planes del Estado Mayor Central de las Farc (EMC) para atacar sedes policiales y militares con la temida modalidad de los carrobombas.
Desde julio del año pasado han ocurrido ocho atentados con ese método, sobretodo en los municipios fronterizos de Cauca y Valle (ver el mapa). El caso más reciente se presentó el viernes pasado en el municipio valluno de Jamundí, en la cabecera del corregimiento de Robles.
A una cuadra de la subestación policial, estalló una camioneta Hyundai Tucson GI. Aunque causó destrozos materiales, no dejó muertos.
El vehículo usado por los terroristas cumplía las características enunciadas por el investigador a este diario 24 horas antes del ataque: un automotor de carrocería grande, con amortiguadores que permitieran disimular el peso de los explosivos.
EL COLOMBIANO consultó fuentes de la Policía, el Ejército y la Fiscalía para comprender cómo funciona la siniestra logística detrás de la instalación de un carrobomba, práctica que muchos colombianos creían superada, pero que el conflicto armado nos recuerda con una tenebrosa frecuencia.
El encargo de los carros
Las fuentes coinciden en que la principal característica de un atentado con carrobomba es la compartimentación de la información, es decir, que los delincuentes involucrados en la logística solo conocen una parte de la información y no el plan general.
La mecánica del proyecto implica el uso de células independientes, cada una con una función específica: una se encarga de adquirir el automotor, otra de gestionar la consecución de explosivos, una de armar la bomba, otra más le hace espionaje al futuro blanco y otra se encarga de llevar hasta allá el carro y de la detonación final.
“El plan por lo general nace del comandante de EMC, o sea ‘Iván Mordisco’, o de los cabecillas de los frentes de la zona en la cual se va a hacer el ataque; luego, los jefes de las milicias urbanas contactan a bandas delincuenciales de las ciudades, y les encargan el robo de los vehículos. Nunca les dicen para qué son los carros, y muchas veces los ladrones ni siquiera saben que es un encargo para la guerrilla”, expresó otro agente.
Los hurtos de estos vehículos se realizan sobretodo en Cali, Popayán, el Valle de Aburrá y la región del Catatumbo, por parte de estructuras de crimen organizado o delincuentes comunes.
Los terroristas esconden el automotor por varias semanas, “lo ponen a dormir” o le “gemelean” la placa, según el argot criminal, para evitar que las autoridades lo rastreen.
En algunos casos excepcionales, lo compran de segunda en concesionarios o contactando directamente al dueño por avisos clasificados de periódicos y redes sociales, como sucedió en el recordado atentado contra la Escuela de Cadetes de la Policía General Santander, perpetrado por el ELN en 2019.
La camioneta Nissan Patrol empleada para tal fin fue comprada en Bello, Antioquia, y luego conducida hasta Arauca, donde otras personas la cargaron de explosivos. Finalmente la llevaron hasta el claustro policial en Bogotá, para detonarla y asesinar a 23 personas.
En las zonas en las que la guerrilla tiene dominio territorial y hay escasa vigilancia de las autoridades, como el área rural del Cauca, el EMC se encarga de obtener los vehículos por su cuenta, tal cual lo narró un fiscal a este diario.
“Los frentes Jaime Martínez y Dagoberto Ramos vienen haciendo retenes ilegales en ciertas carreteras y se están robando los vehículos, sobre todo camionetas”, detalló.
Estas estructuras disidentes son las responsables de la destrucción de las subestaciones de Policía de los corregimientos de Timba y Potrerito, en Jamundí, con carrobombas que detonaron el 20 y el 22 de septiembre de 2023; así como de los daños materiales a las estaciones de Suárez y del corregimiento Mondomo de Santander de Quilichao (ambas en julio 29/23); y la de Miranda (abril 11/24).
Corruptos y rutas de explosivos
En los atentados recientes en el suroccidente colombiano, los investigadores constataron que los terroristas emplearon dos clases de explosivos: anfo y pentolita, los cuales son de uso regular en las industrias minera y militar.
Aunque son productos de circulación restringida y vigilada, los guerrilleros los consiguen en el “mercado gris”, el cual se configura cuando estos tienen un origen legal, pero por diferentes razones terminan en manos de la ilegalidad.
El anfo, por ejemplo, es fabricado por la Industria Militar (Indumil), que lo distribuye con recelo entre los batallones y las empresas mineras.
Las disidencias de las Farc tienen contactos corruptos en esas bases del Ejército, que falsifican los registros e inventarios de los armerillos para vender los explosivos.
El mes pasado hubo un escándalo en las Fuerzas Militares, cuando salió a la luz un informe preliminar de la Inspección del Ejército, el cual documentaba material bélico extraviado en bases de La Guajira y Cundinamarca.
Para rematar, en el último año han sido capturados cinco militares activos, tres retirados y cinco civiles, involucrados en el tráfico de armas y explosivos de la Fuerza Pública que terminan en poder del EMC, el ELN, el Clan del Golfo y otras bandas criminales.
El episodio más reciente fue conocido hace dos semanas y condujo a las detenciones del soldado profesional Esinhawer Romero Moreno, el sargento (r) Harold Ráquira García y el soldado (r) Sergio Lozano Morales.
Los tres trabajaron para las Unidades Móviles de Mantenimiento de Armamento de la Cuarta y la Sexta División del Ejército, de donde al parecer sustraían el arsenal.
El problema es tan delicado que el propio comandante de las FF.MM., general Helder Giraldo, lo reconoció públicamente el mes pasado. “Aquí no se trata de tapar la realidad, lamentablemente sí tenemos ese delito de fuga de material, con personal implicado en la venta a grupos armados organizados del país”, declaró.
Los terroristas también obtienen los explosivos mediante hurtos a las bodegas y camiones transportadores de las empresas de minería legalmente constituidas.
Y, de manera más sofisticada, crean compañías mineras como fachada para acceder al recurso.
“Hemos detectado que también importan explosivos e insumos, como la pólvora, desde Venezuela y Ecuador. En esos países los controles a la minería y a los cantones militares son menos severos, entonces lo compran o lo roban allá, y luego lo meten a Colombia por las trochas y los ríos de las fronteras”, argumentó un agente de Inteligencia.
La instalación de la bomba
Una de las modalidades empleadas por los explosivistas tiene que ver con el uso de pipetas de gas para llenarlas de explosivos y metralla, que son instaladas en los carros.
“Para eso los desbaratan por dentro, remueven las sillas y a veces le refuerzan el piso con placas de metal, para que la onda explosiva no se vaya para abajo. Les gusta poner estos carros en esquinas, para que la onda se disperse por todos lados”, acotó un experto.
Los explosivistas del EMC aplican dos sistemas para la detonación de la carga a distancia: un cordón detonante de mecha lenta, como en la minería, que se activa de forma manual; o un estopín ineléctrico encendido con un celular que recibe una llamada.
Las disidencias de las Farc también acondicionan camiones y volquetas con rampas de lanzamiento de cilindros-bomba (tatucos), como se observó en el atentado del pasado viernes contra el comando de la Policía de Popayán.
Usaron una volqueta estacionada cerca del aeropuerto local, llena de tierra en el volco, donde enterraron cuatro cilindros improvisados como cañones. Lanzaron dos tatucos: uno que explotó junto a la fachada de la estación, y otro que cayó sin estallar a pocos metros del automotor.
Hay casos más especializados y de doble función, en los que el vehículo es usado como rampa para cilindros y después explota, tal cual sucedió el pasado 4 de abril en las afueras del batallón Pichincha del Ejército, en Cali. A un camión NPR le adaptaron una rampa en la parte trasera, desde la cual disparó un cilindro que cayó en el colegio en el que estudian los hijos de los militares; luego, el automotor explotó, dañando un muro exterior del cantón. No hubo heridos, por suerte.
Carrera contra el tiempo
En las agencias de seguridad hay un estado de alerta por los planes comprobados del EMC para seguir atacando guarniciones militares y policiales con carrobombas.
El pasado 28 de mayo el Ejército distribuyó un radiograma advirtiendo la alta posibilidad de ataques contra las brigadas de Tunja, Ibagué, Armenia, Neiva, Chaparral y Bogotá. El documento advertía que los insurgentes planeaban utilizar una camioneta Ford Explorer con placas IGR178, acondicionada con explosivos.
La situación provocó la activación de decenas de fuentes humanas y recursos tecnológicos de inteligencia, gracias a los cuales ya se han interceptado tres intentos del EMC.
El 30 de mayo agentes de la Dipol ubicaron en una finca de Jambaló (Cauca) dos camionetas Toyota 4Runner y Montero Mitsubishi, cargadas con 10 pipetas de 60 libras que contenían 600 kilos de explosivo, además de cordón detonante, metralla y dos sistemas de activación a distancia.
Y al día siguiente el Ejército descubrió un camión junto al Comando Aéreo de Combate N°2, en Puerto López (Meta), al cual le habían adaptado una plataforma hechiza para lanzar granadas de mortero por una rampa de metal.
Pero no aparece la Ford Explorer y los investigadores están en una carrera contra el tiempo, temerosos de que en algún lugar de Colombia esté circulando en este momento un vehículo portador de la destrucción.
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