Luego de que fallara el intento de conciliación entre la empresa Thomas Greg & Sons y el Ministerio de Relaciones Exteriores por la truncada licitación de los pasaportes en el país, esa firma confirmó que demandará al Estado por la suma de $117.000 millones.
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Ante esto, la Cancillería contrató al abogado Ernesto Matallana para que asuma la defensa legal de esa entidad, luego de la renuncia de Martha Lucía Zamora, quien se desempeñaba como directora de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado y que salió de pelea con el canciller Álvaro Leyva.
En ese sentido, la postura actual de Matallana muestra un cambio de posición respecto al proceso de contratación, puesto que cuando fueron reveladas las acusaciones de maltrato del canciller a Martha Lucía Zamora, Matallana respaldó la postura legal asumida por su colega.
“Comparto su criterio en cuanto a que cuando el único proponente cumple con todos los requisitos debe ser el adjudicatario del contrato”, escribió el abogado en ese entonces.
Además, aseguró que “se debe revocar la declaratoria de desierta y adjudicar para reducir el riesgo de demanda”.
Finalmente, eso no se llevó a cabo ante la falta de una conciliación y, de hecho, Thomas Greg & Sons anunció formalmente su decisión de demandar al Estado ante lo que calificó como “ausencia total de ánimo conciliatorio” de la Cancillería.
“En ejercicio de sus derechos, la Unión Temporal procedió a formular la demanda para que sean los jueces de la República los que en derecho diriman la controversia”, señaló la compañía en un comunicado.
Al asumir su nuevo cargo, el abogado Matallana manifestó un cambio de opinión, -ahora, según dijo, con más elementos después de haber estudiado los detalles del caso-, bajo el argumento de que la adjudicación estaba viciada.
Por eso, el apoderado de la Cancillería dijo en entrevista con W Radio que “yo supuse en su momento que ella (Zamora) había estudiado el tema, yo no conocía el proceso. Ahora es cuando encuentro que la adjudicación se pretendía sobre unos vicios en el tema de la participación”.
Y agregó que le corresponde ahora “hacer un estudio porque me están contratando para eso, en ese momento solo estaba respaldando a alguien que conozco”.
Además, sobre su postura inicial, el abogado aseguró en entrevista con Blu Radio que: “Yo lo escribí en su momento porque yo conozco a la doctora Martha Lucía Zamora y conozco de sus capacidades y sus competencias. Desde el punto de vista, de las normas internas colombianas, cuando usted obtiene la máxima calificación, está habilitado y cumple con todos los requisitos, no hay lugar a la declaratoria desierta porque la norma prácticamente te obliga a adjudicar. Y yo pensé que eso fue el estudio que hizo la doctora Marta Lucía y por eso en algún momento consideré que, digamos, la posición que ella estaba asumiendo era la correcta”. Sin embargo, aclaró que “cuando a mí me llaman a asesorar a la Cancillería, yo me encuentro con una declaratoria desierta. Que está basada justamente en este estudio que se hizo sobre las reglas de participación”.
Finalmente, no pasó desapercibida la reacción del canciller Leyva tras la audiencia de conciliación ante la Procuraduría, que no dio los resultados esperados.
Aunque se mostró confiado, aprovechó para enviar pullas al periodista Daniel Coronell y al abogado de la Unión Temporal de Pasaportes, que encabeza la demanda contra el Estado.
“Daniel Coronell y su íntimo amigo Juan Pablo Estrada, abogado del CARTEL DE LOS PASAPORTES (TGreg), presionaron conciliar, desprestigiando a mi familia. Hasta a mi padre muerto en 1968. ¡No pudieron!”, escribió en su cuenta de X (antes Twitter).
Y luego vaticinó con que “¡ahora el gobierno de Gustavo Petro les ganará en los tribunales!”.
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