Hace apenas 12 horas, el ELN anunció el fin del paro armado que, durante más de ocho días, impuso en gran parte del sur del departamento del Chocó, afectando a más de 50 mil habitantes, principalmente de comunidades indígenas.
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Sin embargo, a pesar de los anuncios sobre el levantamiento de las medidas restrictivas, la Defensoría del Pueblo ha constatado que persisten las afectaciones a los pobladores, especialmente en la subregión del San Juan. Por esta razón, hace un llamado al Gobierno Nacional para que implemente medidas de atención en salud, necesarias para enfrentar un brote de paludismo en la zona.
De acuerdo con el organismo, en la comunidad indígena La Lerma (zona rural del municipio del Medio San Juan), alrededor de 600 personas han presentado síntomas de la enfermedad y solamente se han practicado 200 pruebas; 160 de ellas resultaron positivas, en un proceso que se ha venido realizando desde hace varias semanas.
“Preocupa que los diagnosticados no hayan tenido acceso a medicamentos ni a servicios médicos por cuenta del paro armado, que duró ocho días. Por ello, es apremiante un trabajo conjunto de la institucionalidad, a fin de que se realicen jornadas de salud en La Lerma”, informó la entidad.
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Detalla además que el paludismo es una enfermedad que causa síntomas leves, como escalofríos, dolor de cabeza, fiebre; sin embargo, puede desencadenar síntomas mucho más preocupantes, como fatiga, dificultad profunda para respirar, incluso convulsiones, entre otros.
Si la patología no es tratada a tiempo, podría ser mortal para menores de cinco años, mujeres embarazadas y personas susceptibles a una infección aguda, razón por la que es determinante la atención urgente y el reinicio en la toma de medicamentos.
Coletazos del paro armado
Además de la problemática en salubridad, la Defensoría también encontró que el paro armado dejó una crisis por desabastecimiento en varios renglones de la economía. Uno de ellos está relacionado con la falta de combustible, necesario para la movilización, principalmente vía fluvial (a través de los ríos San Juan, Sipí y Cajón), de alimentos y enseres.
“Preocupa a la entidad de derechos humanos que los cerca de 45.000 afectados por la medida del grupo rebelde en cinco municipios (Nóvita, Istmina, Medio San Juan, Sipí y El Litoral del San Juan) estén sintiendo la ausencia de productos indispensables de la canasta familiar. Por consiguiente, la seguridad alimentaria debe ser garantizada en la subregión del San Juan”, concluye un informe del organismo.
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