El presidente de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), magistrado Alejandro Ramelli, confirmó que no se publicarán los nombres de la lista completa de las 6.402 víctimas de las ejecuciones extrajudiciales conocidas como falsos positivos.
Esto como respuesta a la petición de la senadora del Centro Democrático, María Fernanda Cabal, que por medio de su cuenta de X afirmó que seguía esperando que le respondieran un derecho de petición en el que pidió que se revelaran los nombres e identificaciones de cada una de estas víctimas.
Le puede interesar: Pese a llegada de Bendetti, Laura Sarabia continuará en la dirección del DAPRE
“Magistrado Ramelli. Seguimos esperando que revele los nombres e identificaciones de cada uno de los 6.402. Estoy atenta a la respuesta a mi derecho de petición que se fundamenta en declaraciones suyas donde sostiene que sí existen los nombres de esas presuntas víctimas”, escribió Cabal.
De manera que por medio de la cuenta oficial de X de la JEP, el magistrado Ramelli respondió que en ningún momento ha tenido planeado divulgar los nombres completos de las víctimas y desmintió por completo algunas versiones de medios que dijeron que sí se publicarían.
Estas víctimas hacen parte del universo provisional identificado en el caso 03, el cual busca justicia por los asesinatos y desapariciones de civiles que fueron reconocidos como bajas en combate por agentes del Estado.
“La JEP dará a conocer los nombres de las víctimas identificadas en seis autos de determinación de hechos y conductas en los cuales han sido imputados los máximos responsables por asesinatos y desapariciones forzadas presentadas como bajas en combate por agentes del Estado”, dice en la publicación.
Además, este proceso judicial también investiga 85 miembros de la fuerza pública, incluidos dos generales retirados, que reconocieron en otros espacios públicamente su responsabilidad por estos asesinatos y desapariciones.
Y es que la polémica por la aparente “urgencia” por confirmar los nombres e identificaciones de todas estas víctimas se intensificó desde que el congresista Miguel Polo Polo protagonizó una agresión simbólica contra la familia de las mismas
El pasado 6 de noviembre, Polo Polo destruyó una exposición artística que se encontraba en una zona de la Plaza Rafael Núñez del Congreso y que fue construida por los familiares de las víctimas.
Se trataban de unas botas que estaban pintadas como símbolo de memoria por toda la cantidad de personas muertas en esos hechos de violencia, pero según el congresista, la cifra de 6.402 era un completo invento, por lo que las quitó del lugar.
“¿Quién les habrá pagado para ensuciar la plaza y hacer apología a los 6.402 falsos positivos?”, dijo Polo Polo en un video mientras quitaba las botas y las echaba a una bolsa de basura.
El hecho fue catalogado por la JEP como un acto que incitó al odio y a la estigmatización hacia las víctimas.
Por otro lado, el pasado 18 de noviembre, la Asociación de Madres Víctimas de los Falsos Positivos (Mafapo) denunció al congresista ante la Corte Suprema de Justicia por precisamente “incitar al odio y vulnerar la dignidad de las víctimas” y que con sus actos cometió mínimo cuatro delitos.
Otros congresistas como Iván Cepeda, María José Pizarro y María Fernanda Carrascal apoyaron la denuncia de Mafapo.
“Fue como revivir lo que pasó con nuestros familiares. Lo que él hizo con las botas nos hizo sentir como si hubieran tirado a nuestros hijos a una fosa común”, sostuvo Jacqueline Castillo, una vocera de la Asociación.