Para el ente acusador es claro que Merlano tenía pleno conocimiento de lo que estaba haciendo y era consciente de que fugarse del centro de reclusión en el que estaba presa por compra de votos significaría un delito.
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Sumado a eso, la Fiscalía asegura que hubo todo un entramado de corrupción con los guardias del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, Inpec, para ayudarla a salir sin mayores complicaciones.
Por eso, la Fiscalía acusó a Merlano por el delito de fuga de presos contemplado en el artículo 448 del código penal colombiano.
“El que se fugue estando privado de su libertad en centro de reclusión, hospital o domiciliariamente, en virtud de providencia o sentencia que le haya sido notificada, incurrirá en prisión de tres (3) a seis (6) años (hoy cuarenta y ocho (48) meses a ciento ocho (108) meses)”, reza el reglamento judicial.
Tras su fuga, Merlano viajó a Venezuela y se escudó allí durante más de tres años. Para esa época, el gobierno de Iván Duque había roto las relaciones diplomáticas con Nicolás Maduro y, por ende, era imposible solicitar su deportación.
Así las cosas, Merlano estuvo protegida por Maduro hasta el pasado marzo, cuando el presidente Gustavo Petro solicitó su envío al país, teniendo en cuenta que ya se habían normalizado las relaciones comerciales y de cooperación internacional con ese país.
Con todo esto, la excongresista ha ido salpicando a supuestos personajes que la ayudaron a planear y ejecutar su fuga.
Dentro de sus explosivas declaraciones, Merlano ha señalado a los clanes Char y Gerlein de pactar y financiar su escapada del Buen Pastor.
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Puntualmente, la exsenadora asegura que días antes de que se escapara fue contactada por Arturo Char, Alejandro Char, Fuad Char y Julio Gerlein para explicarle los pormenores de su salida del consultorio y del país. Aunque todos estos datos aún son materia de investigación y no han sido corroborados por las autoridades.
