El ente de control inspeccionó uno de los puestos de atención y determinó que se requiere actualización y modernización de la plataforma, así como refuerzos en controles de seguridad informática para evitar tramitadores.
Tras la visita técnica que adelantó la Procuraduría General en la sede de la Cancillería en Bogotá, por cuenta de las irregularidades en la asignación de citas para expedir o renovar el pasaporte, este martes el organismo determinó que el sistema para el agendamiento de citas está “desactualizado y obsoleto”.
Durante este lunes, el Ministerio Público adelantó una inspección técnica para verificar, con un equipo especializado, el sistema de información para la asignación de citas para expedición de pasaportes. Lo anterior, ante las quejas de ciudadanos que han tenido que acudir a tramitadores informales que les cobran por la diligencia.
Para el ente de control, el software está “desactualizado, obsoleto y falto de capacidad de funcionamiento”. Por ello, tras la inspección a uno de los puestos de atención, el Ministerio Público demandó actualización y modernización de la plataforma y refuerzos en controles de seguridad informática para evitar corrupción de tramitadores.
La procuradora segunda delegada para la Vigilancia, Claudia Hernández, hizo el ejercicio de tratar de agendar una cita desde las 5:00 de la tarde, cuando se abren los turnos; sin embargo, pudo evidenciar que apenas pasados cinco minutos ya no había citas.
“Podemos evidenciar que es un sistema obsoleto. Es un sistema que se ha quedado atrás en la tecnología y no responde a las necesidades de los ciudadanos. A los cinco minutos ya estaba totalmente colapsado el sistema. Tenían 10.000 solicitudes frente a 3.000 citas que estaban disponibles”, manifestó la funcionaria.
De acuerdo con Hernández, es necesaria una mejora en el sistema de información con niveles de seguridad que permitan evitar que una sola persona pueda tener cinco, 10 o 20 citas: “Eso generará que el tramitador se reduzca, pero tiene que ir acompañado con un plan de acción que complemente, no solamente la parte tecnológica, sino la capacidad de los servidores públicos destinados al trámite”.
Por todo esto, la Procuraduría exigió a la Cancillería un plan de acción integral, sumado a la instalación de una mesa de trabajo, “que va a tener cada 10 días una reunión de seguimiento para el cumplimiento del cronograma que nos van a presentar esta semana”, precisó Hernández.
El ente de control manifestó que desde el pasado 18 de julio la Cancillería anunció ajustes al sistema de información agregando medidas de seguridad, “es decir, que la persona que esté solicitando la cita sea la que la requiere con una identificación con la Registraduría”, precisó Hernández.
La Procuraduría precisó que este tipo de actuaciones, de carácter preventivo, se realizan desde el año pasado y se busca que la Cancillería tome acciones de mejora. “No le debe corresponder al ciudadano esa carga de pagar por una cita para renovar su pasaporte”, puntualizó la procuradora segunda delegada para la Vigilancia.
La semana pasada, en respuesta a múltiples quejas de ciudadanos que han tenido que acudir a tramitadores para conseguir una cita en la entrega de pasaportes, la Procuraduría alertó por “posibles focos de corrupción” y advirtió que se harán indagaciones para verificar la realidad de estos hechos.
Así lo anunció la procuradora Margarita Cabello Blanco, quien participó la semana pasada en una mesa de trabajo que contó con la participación del canciller Luis Gilberto Murillo y el contralor Carlos Hernán Rodríguez. En dicho espacio, la jefa del Ministerio Público reiteró “el dolor de cabeza” en el que se ha convertido el agendamiento de citas, el acecho de tramitadores, las largas filas y el límite de tiempo al que se ven sometidos los usuarios.
