El Juzgado Segundo Civil Municipal de San Andrés admitió una tutela instaurada por la Procuraduría General de la Nación contra la Unión Temporal (UT) Progreso Vial San Andrés 22 y la Asociación Regional de Municipios del Caribe (Aremca), en la que se solicita restablecer la conexión al servicio público esencial de acueducto en la isla.
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El recurso judicial fue solicitado, según explicó la entidad, teniendo en cuenta que mientras se pavimentaba la carrera 13 y las avenidas Loma Barrack y Colón de San Andrés, la maquinaria pesada utilizada por el personal de la UT causó daños al sistema de captación de la nueva planta desalinizadora y a la red de fibra óptica, necesarios para garantizar el suministro de agua potable.
Sin embargo, a pesar de múltiples requerimientos, a juicio del Ministerio Público, ni el contratista ni Aremca —firma ejecutora de las obras realizadas en la isla con recursos de regalías— han asumido la responsabilidad de los riesgos previsibles que se han presentado durante la ejecución del contrato.
Para el ente de control, esta situación generó un impacto negativo y graves daños a la comunidad.
Por eso, en la acción judicial pidió proteger el derecho fundamental al abastecimiento de agua potable de los habitantes del archipiélago.
Así mismo, pidió al juzgado adelantar las acciones técnicas y económicas necesarias para arreglar de manera óptima y sin remiendos la línea de energía media, así como contratar y pagar la instalación de la fibra óptica que permite la generación de agua.
Finalmente, la Procuraduría solicitó al juez advertir a los accionados la necesidad de contar con planes estructurados para que se abstengan de generar daños a los sistemas que garantizan el funcionamiento de la planta desalinizadora.
Con esta actuación, se busca solucionar el impacto negativo y los daños a la comunidad, que se ha visto privada del agua para cubrir sus necesidades básicas, poniendo en riesgo otros derechos fundamentales como la salud y la vida.
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