Enero de este año fue el más violento en términos de masacres, enfrentamientos armados y amenazas de muerte a líderes sociales, desde la firma del Acuerdo de Paz. Así lo señaló la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), que pidió al Gobierno afinar las garantías de seguridad en las regiones más afectadas por disputas territoriales de grupos armados.
De acuerdo con este informe, continuó el patrón de asesinatos a excombatientes de las Farc, pues durante los primeros 24 días del año se registró un caso cada cinco días. Los homicidios y las amenazas de personas que ejercen un rol de liderazgo persistieron, ya que en el mismo periodo se registró un asesinato cada 41 horas; y se presentó una masacre cada cuatro días. (ver infografía).
Este reporte oportuno de riesgo se realiza en medio del seguimiento permanente de los factores que puedan obstaculizar la participación efectiva de las víctimas, las organizaciones defensoras de derechos humanos y los comparecientes en los procesos que desarrolla la JEP en los territorios.
Las causas
Juan Carlos Garzón, coordinador del Área de dinámicas del conflicto de la Fundación Ideas para la Paz, explicó que estas cifras solo confirman la tendencia creciente que se viene presentando mes a mes y que las explicaciones son más territoriales que globales.
“El Gobierno sustenta que estas violencias, en especial las masacres, se presentan por la disputas territoriales de los grupos armados organizados interesados en las rentas ilegales, con énfasis en el narcotráfico, pero eso no lo explica todo”, dijo Garzón.
Según su análisis, sí hay una parte que responde a dicha disputa, pero hay otra que obedece a una “violencia oportunista que tiene que ver con lógica de grupos de individuos, que no tiene un objetivo político o armado, y hay que ser responsables con ambos relatos”.
Y entendiendo esto, Camilo Gonzáles Posso, director de Indepaz, expresó que “se ha construido toda una plataforma de irrespeto por la vida, hay en los territorios unos nichos de cultura de violencia y de completo desprecio por la vida, es una ruptura ética que se ha creado en Colombia por décadas”.
De acuerdo al seguimiento que Indepaz viene haciendo del conflicto, se presenta un impacto mayor en Cauca, la Costa Pacífica nariñense y el Bajo Cauca antioqueño.
La mayoría de las masacres y asesinatos han sido perpetradas por grupos armados organizados asociados a mafias urbano - rurales que disputan el control de negocios como el narcotráfico, la explotación ilegal de oro, la colonización de tierras, y la plusvalía de megacontratos de infraestructura. Entre ellos se destacan el Clan del Golfo, los Caparros, la Cordillera, los Contadores, la Constru y las disidencias de las Farc. En algunos casos los responsables han sido bandas locales y grupos de seguridad privada.
En Cauca y Choco, por ejemplo, estos hechos se han atribuido al Eln. Y cerca del 50 % de los asesinatos han sido cometidos por sicarios encadenados con grupos mayores y con autores intelectuales que están atrás como determinadores de la cadena de enriquecimiento criminal.
“Y ante todo esto es ineficiente la respuesta del Estado, del gobierno y de la Fuerza Pública”, adujo Gonzáles.
Desde el Gobierno
Emilio Archila Peñalosa, consejero para la Estabilización y la Consolidación, advirtió que no es responsabilidad del ejecutivo que se sigan teniendo estos niveles de violencia.
“Cuando se firmó el acuerdo con las Farc ya existían el Eln, el Clan del Golfo, los Caparros, los Puntilleros y otras bandas criminales, y se sumaron las disidencias. Así, afirmar que la firma de ese acuerdo era suficiente para lograr una paz estable y duradera fue un titular de prensa. Este gobierno está en resolver esos otros problemas”.
Aclaró por ejemplo que la seguridad de los excombatientes de las Farc es una prioridad y un compromiso que el gobierno del presiente Iván Duque. “Lo materializamos desde la implementación de todos los mecanismos e instrumentos previstos en el Acuerdo con la política de Paz con Legalidad y la mesa de coordinación interinstitucional donde se han adoptado de 57 medidas especiales, en las áreas de prevención y protección que han logrado, por ejemplo, reducir en 10,8% los homicidios el año pasado frente a 2019. Pero el objetivo es que no haya ni uno”.
De hecho señaló que este es el proceso de reincorporación con menos homicidios, es un 70% inferior a la registrada en el proceso de desmovilizados de las autodefensas en los primeros 4 años.
La UIA en su informe de riesgo evidenció el trabajo de la Fuerza Pública y del sistema de justicia para desmantelar esas organizaciones que mantienen en zozobra a las comunidades.
Se logró una importante afectación al Clan del Golfo, ya que el 52% de los detenidos (55) pertenecían a este GAO. A nivel logístico, también se vio afectado porque el Ejército desmanteló un hospital de campaña perteneciente a la subestructura Javier Yepes Cantero” en Tierralta, Córdoba.
Se registraron capturas de integrantes de las disidencias de las Farc. Del Frente Oliver Sinisterra y Los Contadores fueron detenidos 13 hombres. De igual manera, cinco miembros del Frente Suroccidental Alfonso Cano perteneciente a la Segunda Marquetalia y cinco hombres que pertenecerían a estructuras bajo el mando de “Gentil Duarte”.
Y hubo capturas del Eln en Nóvita (Chocó) y en Riohacha (La Guajira); de Los Caparros en Caucasia y Tarazá (Antioquia); y de Los Pelusos en Ábrego y Cúcuta (Norte de Santander).
Pese a ello, la situación de violencia sigue aumentando, por eso es que Garzón se cuestiona: “¿Cuál es la capacidad disuasión que tienen los organismos de seguridad y el sistema de justicia para que esto no siga ocurriendo?”.
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alertas tempranas emitió la Defensoría del Pueblo en enero de 2021.
