Aunque el alcalde Daniel Quintero se encargó todo el año de anunciar con bombos y platillos fechas para el encendido de Hidroituango, ahora, con el agua al cuello por los plazos y multas que generaría un nuevo incumplimiento, su apuesta es por un discurso técnico para ganar tiempo y evitar más sanciones. Justo ayer anunció que llegó a un acuerdo con el Gobierno Nacional para no acelerar las pruebas previo al encendido con el ánimo de proteger a las comunidades aguas abajo. Este argumento salió a flote esta semana, luego de los pedidos del presidente Gustavo Petro, y se ha convertido en el comodín del alcalde y EPM para calmar las aguas.
Lo que dijo el mandatario es que mañana, durante el Puesto de Mando Unificado (PMU) que tendrá lugar en Puerto Valdivia, se formalizará la decisión. “Llegamos a un acuerdo con el Gobierno Nacional: vamos a tener los tiempos necesarios para poder hacer las pruebas, chequeos y simulaciones del proyecto. No quiero encender Hidroituango si no está 100% seguro”, sostuvo.
El plazo mencionado por el mandatario está en el aire por ahora: las fechas con las que EPM cuenta para cumplirle a la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg) —y evitar así las sanciones económicas que recaerían sobre la empresa— siguen siendo las mismas hoy; mientras que cualquier bendición que provenga del PMU o de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) no supliría las obligaciones contractuales de la empresa con el sistema eléctrico nacional.
Desde febrero de este año, Quintero ha hablado de varias fechas e incluso ayer, pese a desestimar el 30 de noviembre como día del encendido, se mantuvo en el mismo tono ambiguo: que el proyecto podría generar energía antes o después de este mes, cuestión que para la Gobernación de Antioquia y la Sociedad Ituango —propietaria del proyecto— es poco probable.
La puja por más tiempo, según el mandatario, busca que las pruebas técnicas requeridas para el encendido de las unidades 1 y 2 puedan tener lugar sin poner en riesgo a las comunidades aguas abajo del proyecto. Ese fue el pedido que hizo el presidente Gustavo Petro esta semana, al igual que la ministra de Ambiente, Susana Muhamad, al recomendar la evacuación de los habitantes de la zona de influencia directa una vez proceda el encendido.
Pero este no ha sido el discurso que ha manejado la administración. La sanción que podría afrontar EPM por incumplirle a la Creg encabeza, desde hace meses, el abanico de preocupaciones: la empresa afrontaría una multa de 190 millones de dólares en caso de no generar energía este mes, además de la pérdida del cargo por confiabilidad, lo cual representaría un valor cercano a los 65 millones de dólares durante 18 años.
El plazo ante la Comisión es el que no se ha gestionado y el que, para Quintero y el gerente de EPM, Jorge Andrés Carrillo, podrá tramitarse después de la reunión de mañana sábado. “Lo bueno que hemos logrado es que en la circular quede una recomendación a la institucionalidad en general, que incluye a la Creg, en la que se muestra el costo que implicaría no alargar los tiempos. Ya nosotros con esa recomendación pasamos a otras instancias y podemos pedir que no se apliquen las sanciones”, dijo el alcalde.
En el mismo tono se pronunció el gerente Carrillo, quien secundó al mandatario al precisar que el acuerdo que se firmará mañana “permitirá que EPM haga todas las pruebas y que se alarguen los tiempos necesarios, de modo que no haya presión”. Horas antes el gobernador Aníbal Gaviria reiteró la solicitud de suspender las sanciones que recaerían sobre la empresa en caso de un incumplimiento.
¿Habrá sanciones?
Lo que resulta pintoresco respecto al anuncio hecho ayer por Quintero y Carrillo tiene que ver con el tono del pedido. Si de por medio hay un acuerdo, que hasta el cierre de esta edición no había sido confirmado por la Nación, no se entiende la insistencia del gerente de EPM en lanzarle pullas a los altos funcionarios del gobierno Petro.
Fue la ministra Muhamad la que dejó claro el miércoles que el PMU no tiene funciones frente a la situación regulatoria de EPM; que si bien la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla) puede facultar a la empresa para que tome todas las medidas relacionadas con la gestión del riesgo, el PMU no cambia en nada las obligaciones contractuales que tiene.
Ante esta acotación, el gerente Carrillo respondió: “Sorprende que haya tantas ganas de una sanción para EPM”. La afirmación no es un dardo aislado. El alcalde Quintero también arremetió esta semana en contra de esta funcionaria y la ministra de Minas y Energía, Irene Vélez, afirmando que quieren ponerle trabas al proyecto. “A pesar de que el presidente está de acuerdo con que haya pruebas, parece que ellas quisieran que sancionaran a EPM”, aseveró.
El tono respecto a las ministras es inconveniente. No hay que olvidar que la Creg, donde terminaría la “pelota” una vez la Ungrd emita un concepto sobre el proyecto, está adscrita al Ministerio de Minas y Energía. Sin embargo, para algunos expertos esto no representa actualmente un comodín: la mayoría de comisionados que tienen asiento en la junta directiva no estarían alineados con el nuevo gobierno.
Esto tampoco quiere decir que no se pueda ajustar la resolución que rige actualmente los compromisos de energía en firme que tiene EPM con el sistema nacional. La empresa podría salvarse de responder por las garantías ante el incumplimiento si logra un consenso al interior de la Creg o mayorías, en su defecto, una vez se consideren las consecuencias en que resultaría un nuevo aplazamiento.
El argumento del gobernador Gaviria habla, por ejemplo, de que un par de semanas no van a impactar negativamente el sistema energético. “Todos los embalses están llenos. No hay riesgo de desabastecimiento de energía en el país”, dijo esta semana. El propósito común es que EPM no tenga que desembolsar recursos por incumplirle a la Creg, como sucedió en 2019, cuando tuvo que responder por una garantía bancaria de 43 millones de dólares.
Por el momento, habrá que esperar si del PMU de mañana sale humo blanco, más cuando las versiones de la administración y la Ungrd parecen reñir respecto a los riesgos que afronta el proyecto. Mientras que Quintero afirmó que la próxima semana desaparecerán las preocupaciones por los movimientos en frentes como el macizo rocoso, Javier Pava Sánchez, de la Ungrd, insistió en que aún no se puede desestimar el riesgo para las poblaciones aguas abajo.
El plan de gestión del riesgo de desastres del megaproyecto hidroeléctrico tiene identificados dos escenarios críticos, según un documento de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo. El primero de ellos es una eventual falla de la presa generada por problemas en el vertedero, o por la respuesta del macizo tras la entrada en operación, entre otros, lo que puede generar un enorme caudal de 368.000 metros cúbicos por segundo (m3/s).
Para ver ese dato en contexto, basta indicar que el caudal del río Cauca en las obras, en temporada de lluvias, está entre 2.000 y 2.500 m3/s.
El segundo escenario crítico en el megaproyecto es el destaponamiento del túnel derecho de desviación, lo que puede generar un caudal de 8.000 metros cúbicos por segundo (m3/s). Este escenario tiene mayor probabilidad, dado que no se ha terminado al 100% su taponamiento definitivo, según la Ungrd.
