La coalición de gobierno que respaldaba la venta de las acciones de UNE tuvo este jueves un revés cuando a última hora apareció una solicitud de recusación en contra del concejal Lucas Cañas, porque su padre Gerardo Cañas es propietario de una empresa del sector minero que podría generar un conflicto de intereses con EPM.
Horas antes de que se iniciara el debate en el Concejo, y en medio de la tensión política entre las bancadas por saber cómo quedaría finalmente la votación a la apelación que presentó la Alcaldía sobre la venta de UNE, que se había negado en Comisión Primera el pasado 28 de septiembre, salió a la luz pública un documento del 31 de marzo de este año en el que el mismo Gerardo de Jesús Cañas se declaró como representante legal y dueño único de Grupo Global de Energía SAS.
Según la información financiera que trascendió sobre la compañía, la empresa reportó en 2021 activos por $1’000.000 y en 2022 el patrimonio se elevó a $897 millones. Aunque el presidente Cañas insistió en que la empresa no tenía ningún contrato vigente con EPM ni estaba inscrito en la lista de proveedores no impidió que durante dos horas se debatiera sobre el posible conflicto de intereses en el que podría incurrir.
El debate arrancó cuando antes de iniciar la plenaria, un ciudadano identificado como Sebastián Acosta Moncada presentó la solicitud de recusación contra Cañas con el argumento de que aunque dicha empresa no participa en el sector de las telecomunicaciones, al ser UNE un activo estratégico de EPM, actor en el negocio de la energía, habría un conflicto de interés para el presidente del Concejo.
En medio de la discusión Cañas expresó su rechazo a una inhabilidad y dijo que no aceptaba el impedimento. Argumentó que su papá no estaba en el negocio de las telecomunicaciones, que tampoco ha tenido contratos ni vínculos con EPM y que, de cualquier forma, él no tiene nada qué ver con las actividades particulares de su padre, pues hace dos años que no se hablan.
Mientras defendía su participación en el debate, Cañas cedió de forma temporal su calidad de presidente a Julio González, quien pidió someter a votación de la plenaria la solicitud de recusación. Y entonces, otros concejales manotearon, gritaron, se pararon y la situación se volvió un desorden, tanto, que los ciudadanos también se sumaron desde las gradas a favor y en contra de Cañas.
Para dirimir la polémica, y como se hace cuando aparecen estas cuestiones legales, varios concejales solicitaron un concepto de la Personería de Medellín. Tras escuchar las posturas de unos y otros y posterior a un breve receso, el personero de Medellín, William Yeffer Vivas, emitió concepto sobre los argumentos jurídicos para declarar al concejal Lucas Cañas impedido y manifestó que, con base en los análisis, llegó a la conclusión de que a futuro sí podría constituirse un conflicto de intereses.
Esto, porque el proyecto estratégico que EPM sacaría adelante con el dinero que podría obtenerse de una eventual venta de las acciones, unos $2,8 billones, está relacionado con el sector energético, mismo en el que se encuentra la empresa del padre de Cañas. Este argumento, recordó el personero, fue fundamentado en el Código Procesal Administrativo.
Sin aceptar la recusación, Cañas se retiró del recinto y selló su salida diciendo: “me pueden sustraer del debate, me pueden silenciar hoy, pero la historia lo dirá”.
16 votaron por recusar
La decisión de recusación fue después sometida a la votación de la plenaria. Votaron sí 16 concejales: Julio González, Luis Carlos Hernández, Aura Marleny Arcila, Fabio Humberto Rivera, Luis Bernardo Vélez, Carlos Mario Romero, Daniel Duque, Jaime Cuartas, Simón Pérez, Babinton Flórez, Lina García, Nataly Vélez, Leticia Orrego, Claudia Ramírez, Sebastián López y Alfredo Ramos. Por el no votaron Juan Ramón Jiménez, Dora Saldarriaga y Juan Felipe Betancur.
También pidieron recusar a Alfredo Ramos
Entre tanto, otro ciudadano solicitó una recusación en contra del concejal Alfredo Ramos, bajo el argumento de que su padre Luis Alfredo Ramos está involucrado en la investigación que se sigue por la contingencia de Hidroituango, como presunto responsable siendo gobernador de Antioquia.
En el concepto que entregó la Personería se aseguró que esta no era una causal para declararlo impedido de participar en el debate de la venta de las acciones de UNE. Al proceder con la votación, los 18 concejales presentes en el recinto negaron la recusación.
