Los docentes en zonas rurales de Antioquia llevan varios años bajo un constante estado de zozobra. La Secretaría de Educación departamental señaló que en lo que va de 2023 más de 100 docentes están amenazados en diferentes subregiones. En total, desde 2022 se han reportado 400 casos de amenazas contra educadores.
Las amenazas contra su vida han llegado por cartas, anuncios en las fachadas contra toda la comunidad educativa y directamente por parte de integrantes de grupos armados como el ELN y el Clan del Golfo.
La Defensoría del Pueblo también se sumó a las denuncias y ha emitido varias alertas tempranas por esta situación, señalando que 50 docentes han sido amenazados por evitar el reclutamiento de sus estudiantes y que están a la espera de que el Estado les garantice las medidas de protección necesarias.
Los casos que han llegado al comité de amenazados, que coordina las denuncias y las acciones para resguardar la vida y trabajo de los educadores, son alarmantes y dramáticos. A los profesores que se convierten en objetivo por parte de los grupos armados les ordenan abandonar la vereda o el municipio en cuestión de una o dos horas. Hay casos en los que los profesores tuvieron que salir huyendo al recibir la noticia de que los criminales estaban próximos a llegar al colegio o a sus viviendas para matarlos, luego de proteger a sus estudiantes de reclutamiento o de denunciar casos de abuso sexual.
En el Bajo Cauca la Fiscalía tiene documentados al menos 15 casos de docentes extorsionados por parte del Clan del Golfo. Es tal el nivel de vulnerabilidad de los educadores y el nivel de control que ejercen estos grupos que apenas los profesores llegan a ocupar sus plazas reciben la visita de estos criminales quienes les dicen, con lista en mano, cuánto es su salario y por ende cuál es la vacuna que deben entregar cada mes.
Hay casos críticos como en Ituango, donde los criminales han exigido que los docentes que lleguen a las veredas sean de la zona, algo imposible porque al ser municipio Pdet las plazas de docencia se tramitan por la Comisión Nacional del Servicio Civil y los profesores de diferentes partes de Antioquia y el país que han llegado a ocupar sus plazas terminan siendo amenazados y desplazados del municipio.
La secretaria de Educación, Mónica Quiroz, manifestó que es una situación dramática e insostenible para las comunidades por el alto grado de vulnerabilidad que representa. “La escuela es el entorno protector, no tenerlo deja a la comunidad educativa en una situación insegura, por que entonces si no es la escuela, entonces dónde”, señaló.
Algunos de los docentes se encuentran actualmente trabajando de manera virtual mientras se tramitan las plazas y los procesos administrativos para reubicarlos.
