La Procuraduría General de la Nación decidió anoche suspender por tres meses del cargo al alcalde de Medellín, Daniel Quintero Calle, por su presunta participación en política en la actual contienda electoral, horas después de que este encendiera una controversia nacional tras publicar un video en sus redes sociales en el que habla de “el cambio en primera”, en una implícita alusión al eslogan que ha utilizado la campaña de Gustavo Petro a la Presidencia de la República.
En su anuncio, que terminó con la frase “no se equivoquen conmigo”, la procuradora general Margarita Cabello reiteró que los servidores públicos deben tener en cuenta que la intervención en política no se reduce al pedido expreso de votar por un candidato, sino que contempla cualquier actuación que genere en el imaginario colectivo la realización de alianzas o apoyo que rompan con el equilibrio de la contienda electoral.
Cabello advirtió que hasta tanto no exista ley estatutaria, ningún servidor público, desde el menor rango y hasta el más alto nivel, puede utilizar el cargo para participar en las actividades de los partidos, movimientos y en las controversias políticas, sin perjuicio de los derechos previstos en la Constitución y la ley.
La jefe del Ministerio Público advirtió que el uso de redes sociales como “instrumentos” pueden “afectar la imparcialidad que debe caracterizar este proceso”.
Apenas minutos después de conocerse la decisión, Quintero trinó: “Ha iniciado el golpe de estado en Colombia” y añadió luego en otro mensaje en Twitter: “La democracia está en riesgo. Quieren sacarnos del cargo para intervenir en las presidenciales”.
¿Rebosó la copa?
El video con la frase “El cambio, en primera” fue el último de varios hechos que directa o indirectamente conectan a Quintero y su círculo cercano con la campaña de Gustavo Petro. De hecho, exfuncionarios de la alcaldía que renunciaron para hacer campaña a Petro replicaron el mismo mensaje de “El cambio, en primera” con videos similares, como Juan Pablo Ramírez, su exsecretario de Inclusión Social. Esteban Restrepo, exsecretario de Gobierno, incluso justificó lo hecho por Quintero y, en una entrevista en Blu Radio, dijo que el mensaje de “el cambio, en primera”, podría obedecer a una campaña de expectativa de la Alcaldía.
Ante la controversia que generó la publicación, la Procuraduría General de la Nación decidió temprano revisar la pieza audiovisual y remitirla al delegado que adelantaba la investigación en contra de Quintero por lo que sería su participación en política.
El otro hecho polémico corrió por cuenta de la estampida del gabinete de Quintero rumbo al Pacto Histórico. Cinco secretarios y una directora de una entidad dieron un paso al costado y apenas horas después de sus dimisiones ya estaban engrosando las filas de la campaña de Petro en Antioquia.
¿Qué recursos le quedan?
Ante la suspensión provisional de la Procuraduría se abren varias posibilidades jurídicas para el suspendido mandatario y deja en vilo el nombramiento de un alcalde encargado. EL COLOMBIANO consultó con exprocuradores y abogados para saber qué camino podría seguir el alcalde.
Lo primero que tiene a mano el mandatario es un recurso de reposición ante la decisión tomada por el ente de control. Para ello, el equipo jurídico del alcalde deberá consultar el Código Disciplinario de la Procuraduría para conocer los detalles y tiempos que tiene para usar el recurso.
En segundo lugar, explicó el exprocurador Alfonso Gómez Méndez, el alcalde podrá poner una acción de tutela. Para ello deberá agotar primero los recursos ante la misma Procuraduría.
Una vez agotado este trámite, el alcalde podrá acudir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). “Lo más seguro es que este asunto termine allá. El camino para ir a la CIDH, aunque por otros motivos, ya lo recorrieron otros mandatarios como Leopoldo López y Gustavo Petro”, comentó un exmagistrado del Consejo de Estado.
Esto tiene un antecedente y es que el alcalde viajó a Washington en febrero pasado para poner de manifiesto ante la CIDH una supuesta persecución política en su contra. Por eso, para los expertos consultados, lo más probable es que el litigio vaya a la CIDH.
Para el constitucionalista David Suárez, la decisión de la Procuraduría marca un hito en la historia de las ciudades capitales. “Es una decisión muy valiente de la Procuraduría. Es la primera vez que pasa esto en una Alcaldía de Medellín, en una ciudad capital. La gota que rebosó la copa fue la participación en la campaña del ‘Cambio, en primera’. Fue muy provocador. Eso los obligó a tomar la medida”.
Sobre los recursos con los que contará el alcalde Quintero, sostuvo: “No es fácil, porque la Procuraduría está en reforma. Me imagino que Quintero, como han hecho Petro y otros mandatarios en el pasado, se irá para la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), o acudirá a tutelas”. El mandatario podría elevar un grado de consulta al organismo, especie de recurso que opera en estos casos, y agotar las instancias internas.
“Será necesario conocer el auto oficial de la decisión para conocer qué recursos proceden. Por ahora, la Procuraduría aplicó una especie de medida cautelar, para proteger las posibles pruebas, que no se oculten, y que el mandatario no incurra en la misma conducta”, concluyó Suárez.
Para el constitucionalista Rodrigo Uprimny, la suspensión desconoce la sentencia del caso Petro emitido por la Corte IDH, que dijo que una entidad administrativa como la Procuraduría no puede separar de su cargo a funcionarios electos: “solo puede hacerlo un juez. Pero la procuradora los suspende, a pesar de que amplió planta para cumplir ese fallo”.
¿Y la Alcaldía qué?
El abogado Suárez añadió que la decisión de la Procuraduría tiene efectos inmediatos y que será el presidente Iván Duque el que designe un alcalde encargado, pues Medellín es un distrito desde el año pasado y así lo dispone la ley.
Se recuerda que la capital antioqueña se convirtió en Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación a través del acto legislativo 01 del 14 de julio de 2021.
Al elevarse Medellín a categoría de distrito, le corresponde al presidente hacer efectivas suspensiones y destituciones, así como designar reemplazos y alcaldes encargados, tal como lo dispone el artículo 32 de la ley que reglamentó los distritos (1716 de 2013).
Tormenta política
La decisión de la Procuradora desató una tormenta política. Senadores y políticos del Pacto Histórico, como la senadora electa, María José Pizarro, asoció la sanción a Quintero con el caso de Gustavo Petro, que tras ser destituido por la Procuraduría logró un histórico fallo de la CIDH que restituyó sus derechos.
Entre los candidatos presidenciales, solo Petro y Sergio Fajardo se pronunciaron. El candidato del Pacto Histórico le pidió a la ciudadanía y a la CIDH “respetar el voto popular” y aseguró vía Twitter que “el golpe de estado en Medellín” se desató por la tendencia que le favorece en intención de voto, tal como lo señaló la última Gran Encuesta.
Fajardo manifestó que “funcionarios que participan en política” deben ser investigados, “pero sí hay que decir que la capacidad de investigación de la Procuraduría es muy particular. Duque ha participado en política, hoy (ayer) lo denunciamos en Comisión de Acusaciones y no hay ninguna sanción”
CUATRO HECHOS QUE DEMUESTRAN LA AFINIDAD DE QUINTERO CON EL PACTO HISTÓRICO
