La Contraloría General de la República imputó cargos de responsabilidad fiscal a cuatro altos exfuncionarios de la Gobernación de Antioquia, de los gobiernos de Luis Pérez y Aníbal Gaviria, por ser presuntamente responsables de un detrimento patrimonial de $112.684 millones en las obras del autódromo de Bello o Central Park.
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La decisión quedó oficializada a través de un auto emitido por ese ente el pasado 21 de marzo y notificado este 27 de marzo, en el que se señala a los exgerentes de Indeportes Antioquia, Lisana Sofía Sánchez Ledesma, Sergio Roldán Gutiérrez y Héctor Fabián Betancur, y la exgerente de la Empresa de Vivienda e Infraestructura de Antioquia (Viva), María Fanery Sucerquia Jaramillo, como presuntos responsables “a título de culpa grave” de ocasionar ese millonario daño a Indeportes Antioquia, ente que desde 2019 es el responsable de ese proyecto, hoy convertido en un elefante blanco.
En su auto, la Contraloría decidió archivar el proceso en favor de otros funcionarios que estaban vinculados, como el exgerente de Indeportes, Javier Mauricio García Quiroz; el exgerente de Viva, Alexander Flórez García, y otros funcionarios identificados como Oscar Alberto Osorio Builes, Jorge Alberto Carrasquilla, Ángela María Sánchez, Edwin José Olivero Amell, Sergio Lucas García, John Alexander Salas Morales, Bernardo Arteaga Velásquez, Juan David Gómez Flórez, Mario de Jesús Correa Arroyave y Dora Cristina Oliveros Zapata.
Además de esos particulares, el ente también exoneró de los cargos a los constructores originales del megaproyecto, la empresa Ingeniería y Construcciones S.A.S. (Ingecon).
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Las consideraciones de la Contraloría
La génesis de este proceso se remonta al 23 de marzo de 2022, cuando la Contraloría General de la República abrió formalmente el caso y vinculó a 17 sujetos como presuntos responsables fiscales.
En su auto de apertura ese ente señaló encontrar la obra con deterioros, múltiples componentes inconclusos y problemas para terminar de ejecutarse.
Para el momento del inicio del proceso, las pesquisas se centraron en un paquete de contratos firmados por $148.207 millones, incluyendo aquellos relacionados con la administración de los recursos, la interventoría, las obras principales y convenios realizados entre entidades.
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Con corte al 25 de octubre de 2021, la Contraloría señaló que de esos $148.207 millones firmados, las entidades involucradas ya habían desembolsado por lo menos $112.684 millones.
Este último dato es clave, dado que, por esta razón, en el proceso se revisó principalmente esa primera oleada de contratos firmados desde 2019, aún durante el periodo del exgobernador Luis Pérez Gutiérrez, y las adiciones y modificaciones posteriores, ya en los primeros meses de la administración de Aníbal Gaviria.
Además de ordenar la práctica de pruebas y enviar las notificaciones del caso, la Contraloría convocó a los implicados a rendir descargos.
Tres años después de esa apertura, la Contraloría planteó que solamente cuatro de los 17 involucrados iniciales cumplían con los requisitos para una formulación de cargos.
En el auto que se conoció este viernes quedó precisamente la defensa que presentó cada uno de ellos.
Los implicados
La primera indagatoria en aparecer corresponde a la de la exgerente de Indeportes, Lisana Sofía Sánchez, quien rindió versión libre el 29 de septiembre de 2023, refiriéndose a su paso de seis meses por la entidad, clave por coincidir con el inicio de la ejecución de los contratos, en pleno ocaso del gobierno de Luis Pérez.
En sus declaraciones, Sánchez cuestionó las razones con las que la Contraloría abrió el caso, no sólo poniendo en duda las evidencias que lo respaldaban, sino la forma en la que se habría calculado el presunto detrimento patrimonial y hasta el respeto al debido proceso.
“Es manifiestamente temerario, caprichoso e infundado, calcular el daño patrimonial como aquí se hizo, por el valor total de los pagos realizados, a sabiendas de que existen unas obras tangibles, que si bien al momento de hacer la valoración del monto estaban inconclusas, jamás dejaron de hacen parte de los activos de la entidad”, dijo Sánchez.
Otro que compareció ante el ente fue el exgerente de Indeportes, Sergio Roldán, quien fue el primero a cargo de esa entidad durante la era de Aníbal Gaviria.
Precisamente por llegar a esa entidad luego de que el proyecto iniciara, Roldán sostuvo que durante su gestión el proyecto continuó avanzando y solo se vio afectado por cuenta de la pandemia.
“Hubo demoras por la aplicación de protocolos de bioseguridad. Fue época de la ola invernal y hubo escasez de insumos y productos para la construcción de obra pública, tales como el acero, hierro y cemento, entre otros”, expresó Roldán, al tiempo que señaló no ser responsable de los líos que luego siguieron en la obra por cuenta de la liquidación del contrato, que se produjo luego de su salida de la entidad.
El exgerente que sí se refirió a esas suspensiones fue Héctor Fabián Betancur, quien reemplazó a Roldán.
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“Estas suspensiones obedecieron a las dificultades de orden predial en los parqueaderos existentes y de la urbanización La Vida es Bella, demoras por la aplicación de protocolos de bioseguridad, la ola invernal y la consecución del acero de refuerzo, el cual escaseaba para esta época”, dijo, insistiendo en que esos problemas ya habían sido heredados del gobierno pasado.
En último lugar aparecieron los descargos de la exgerente de Viva, María Fanery Sucerquia Jaramillo, quien en una línea similar señaló haber actuado con rectitud y enfrentado problemas de administraciones anteriores.
“No participé en el diseño del proyecto, ni en las etapas precontractuales, ni en las adjudicaciones, ni en las celebraciones de los contratos, ni tampoco adicioné ninguno de los contratos en su valor y nunca en desembolso de anticipos. Mi participación se limitó a suspensiones, y adiciones de plazo, las cuales fueron obligatorias por la emergencia social y sanitaria al que nos encontrábamos producto de la pandemia del COVID-19, más nunca adicioné en valor”, expresó por su cuenta.
Lo que se determinó en el auto
Pese a que en el auto de apertura la mayor parte de la atención se centró en la situación física de la obra, a la hora de imputar los cargos fiscales la Contraloría se centró en las responsabilidades que tenían los funcionarios implicados con base en lo estipulado en los contratos.
A su juicio, uno de los principales errores que habían afectado el desarrollo del proyecto fue que, a pesar de que las obras empezaron a ejecutarse y los recursos a desembolsarse, varios cabos se habrían quedado sueltos, sobre todo en lo respectivo a permisos y licencias.
En una consideración que abarcó a todos los exgerentes de Indeportes involucrados (Sánchez, Roldán y Betancur) la Contraloría consideró que durante su gestión Indeportes tenía la responsabilidad de gestionar todos los permisos y licencias necesarios para el autódromo, gestión que no habría sido exitosa.
En el caso de la exgerente de Viva, Maria Fanery Sucerquia, la Contraloría sostuvo que habría fallado a la hora de revisar que todos los permisos, licencias y estudios estuvieran en regla, tal como lo exigía el contrato.
En el caso de los demás vinculados, la Contraloría estableció que no se cumplían los requisitos para una imputación fiscal.
Al tratarse de un proceso de gran cuantía, la Contraloría señaló que los procesos en contra de los cuatro implicados serán de doble instancia, razón por la cual la decisión de este mes no es todavía una conclusión del caso.
Según se lee en el auto, los implicados tendrán un plazo de diez días para presentar sus alegatos de defensa ante la Contraloría, para que el trámite siga su curso.
Varios de los involucrados en el proceso, se refirieron a las implicaciones del mismo, como por ejemplo los constructores originales del proyecto, que ya vienen entablando un pleito legal con el Departamento por la liquidación de ese primer contrato.
“Ingecon no tenía responsabilidad alguna frente a los diseños del proyecto. Aquí la Contraloría dice que, revisando los contratos de obra, se evidenció que las dificultades en los diseños afectaron los tiempos de ejecución del proyecto y que implicaron unas gestiones de planeación que no estaban terminadas y que no eran responsabilidad de Ingecon”, planteó la abogada Laura Holguín Giraldo, quien representa a la empresa Ingecon.
La abogada también planteó que los problemas que hubo en las licencias necesarias para hacer la obra no se le podían atribuir al constructor.
Por su parte, la Veeduría Ciudadana de Seguimiento al Central Park planteó que este auto de la Contraloría refuerza la necesidad de que se siga profundizando en ese proyecto y se esclarezcan las presuntas irregularidades que lo han rodeado desde hace más de seis años.
