El presupuesto que tendrá Medellín en 2023, otro de los polémicos novelones entre el Concejo y la Alcaldía, está rodeado de nuevos cuestionamientos y algunos hablan, incluso, de que tiene tintes de prevaricato. Esto, porque varios concejales consideran que el monto fijado debía ser el mismo de 2022, en vista de que la administración no presentó el proyecto en los tiempos y formas estipulados por la normatividad y ello impidió que lo pudieran discutir y aprobar en el recinto, como es habitual en cada vigencia.
El nuevo capítulo de esta historia comenzó el viernes pasado, cuando trascendió que el alcalde Daniel Quintero había fijado, vía decreto de dictadura fiscal, un monto de $7,5 billones para el próximo año, lo que a los ojos de varios concejales sería una irregularidad y una extralimitación.
Según su versión, como dicho presupuesto no se pudo discutir ni aprobar en la corporación por una falla propia de la Alcaldía, sí se debía fijar por medio de decreto, pero no por el valor de 2023 (los $7,5 billones), sino por el mismo de 2022, es decir, $6,5 billones. Lo que varios concejales esperaban que sucediera era que Quintero citara a sesiones extras en enero y, así, pudieran aprobar la adición presupuestal de ese billón restante, es decir, esa plata no se perdía.
La controversia alrededor de este tema salió a la luz en octubre pasado. Hasta el 10 de ese mes, la Alcaldía tenía plazo para radicar el proyecto del presupuesto y, según los concejales, debía hacerlo de forma presencial un funcionario de alto nivel, como el mismo alcalde, un secretario o alguien de carrera administrativa.
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Pues lo que pasó fue que ese 10 de octubre el proyecto fue enviado por una contratista de la Secretaría de Hacienda, a través de correo electrónico, lo que iría en contravía del reglamento interno del Concejo y de otras normas.
“Se pudo evidenciar que ayer lunes 10 de octubre, a las 20:11 llegó un correo con el proyecto de acuerdo correspondiente a la vigencia 2023 del Municipio de Medellín, enviado por la señora Mónica Isabel Aristizábal, contratista de la Secretaría de Hacienda”, dijo el secretario del Concejo.
La alerta la hizo la concejala Leticia Orrego, del Centro Democrático (CD), quien también denunció que ese día fueron enviados dos correos en horas de la noche, uno de ellos con un documento al que le faltaba la firma de Quintero y el otro, con el mismo ya firmado. Al comparar las dos cartas que tiene Orrego se ve que también tienen cambios de ortografía, pero poseen el mismo número de radicado.
Un día después se llevó el proyecto de forma presencial, pero ya había pasado el plazo límite. Entonces, empezó a correr en el Concejo el temor entre algunos corporados que dijeron que la forma cómo se presentó el documento les quitaba competencia para discutirlo y aprobarlo. Y si lo hacían, dijeron muchos de ellos, se exponían a incurrir en faltas. De hecho, el concepto jurídico de las abogadas de la corporación concluía que debían abstenerse.
Críticas al decreto
El caso es que tras conocerse el Decreto 1127 del 15 de diciembre de 2022, con el que se fijaron los $7,5 billones, varios corporados criticaron la decisión de Quintero. Una fue Orrego, quien manifestó que según las leyes, “no había otra vía distinta que la repetición del presupuesto de 2022”.
La corporada explicó que la actuación del alcalde sería un incumplimiento al decreto de Estatuto Orgánico del Presupuesto de Medellín, específicamente a los artículos 50 y 61. El primero establece que la Alcaldía debe someter el proyecto a consideración del Concejo a través de la Secretaría de Hacienda durante los primeros 10 días del último periodo de sesiones ordinarias de cada vigencia. O sea, antes del 10 de octubre en este caso.
El segundo estipula que si el Concejo no aprueba el presupuesto, la administración lo puede adoptar por decreto, pero con una salvedad: “Si el proyecto no hubiese sido presentado dentro de los diez primeros días de sesiones ordinarias, regirá el del año anterior y el alcalde expedirá el Decreto de Repetición del Presupuesto General del Municipio de Medellín”.
Esta consideración la comparten otros corporados, como Alfredo Ramos, también del CD, y Daniel Duque, de Alianza Verde. Este último dijo que los concejales que se abstuvieron de discutir el presupuesto por la forma como fue presentado ven con preocupación lo que pueda suceder, en especial si algún ciudadano decide demandar el decreto expedido por Quintero, pues esto pondría en aprietos el desarrollo de la inversión en la ciudad.
EL COLOMBIANO consultó a la Alcaldía sobre este tema, pero no obtuvo respuestas. No obstante, en las consideraciones del decreto que fijó los $7,5 billones la administración argumenta que hizo los trámites correspondientes ante la corporación.
Y alegaron que el mismo decreto citado por Orrego les da competencia de presentar el presupuesto de la vigencia fiscal de 2023, pues siempre han tomado como válido el envío del proyecto por correo electrónico.
Varios expertos consultados por este medio indicaron que una situación de este tipo no tiene precedentes en la ciudad, por lo cual consideraron difícil establecer cuál de las partes tiene la razón.
Sin embargo, Esteban Manco, abogado constitucionalista y docente universitario, emitió un concepto desde la función pública, según el cual el decreto emitido por Quintero para fijar el presupuesto estaría viciado y adolecería de nulidad porque quien presentó el proyecto el 10 de octubre fue una contratista, quien no tiene esas competencias.
En su opinión, una contratista, que se vincula a la administración por contrato de prestación de servicios, no tiene ni relación legal o reglamentaria ni un contrato de trabajo oficial ni manual de funciones, como sí lo tienen los trabajadores oficiales o los funcionarios de libre nombramiento y remoción, que es la categoría de los secretarios de despacho.
“El competente para presentar el proyecto es un funcionario de carrera o un secretario elegido mediante libre nombramiento y remoción, que son los que generan autoridad civil y política dentro de la administración, un contratista no tiene igual rango”, expresó el abogado.
En este sentido, sería irregular que el secretario de Hacienda o el alcalde, quien sí tienen esa autoridad ratifiquen un proyecto presentado por un “sujeto que no es competente desde sus funciones para hacerlo”.
Así las cosas, Manco considera que el decreto de presupuesto debía ser de repetición del de 2022. Queda esperar lo que suceda en 2023, en caso de que a alguien se le ocurra demandar el decreto expedido por el alcalde. El abogado señaló que podría ser ante un juez administrativo de Medellín para que dirima ese conflicto.
Así fue el proceso del proyecto
Fue justamente el temor a una demanda en su contra, la que llevó a Orrego a alertar en varias ocasiones a sus compañeros sobre la inconveniencia de debatir el proyecto, ante la forma irregular en la que lo presentó la Secretaría de Hacienda, en cabeza de Óscar Hurtado y encargada de este asunto, uno de los más importantes de la dependencia cada año.
Desde ese momento, se dieron cruces de señalamientos entre quienes no querían estudiar el proyecto y los gobiernistas que sí querían hacerlo. Incluso, presentaron una acción de tutela para que les definieran si podían o no darle trámite al proyecto, pero el juez declaró improcedente la solicitud.
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Varias de las críticas se concentraron en el conservador Lucas Cañas, quien para muchos se habría dedicado a abonarle el terreno a la Alcaldía con el fin de que se pudiera socializar, debatir y aprobar el presupuesto. En su consideración, según lo expresó en varias ocasiones, la Alcaldía cumplió los requisitos de radicación.
Cañas, presidente del Concejo en 2022, se apoyó en otro concepto entregado por la Personería de Medellín, que dijo que el correo electrónico era válido para presentar el documento. “Me parece más grave aprobar el presupuesto mediante dictadura fiscal. Hasta el 28 hay plazo para definir si se discute, o no, y asignar los ponentes”, sostuvo en su momento.
El 1 de noviembre pasado, Cañas citó a una socialización en el recinto e invitó al secretario de Hacienda, Óscar Hurtado, quien es el responsable de que el proyecto se hubiera presentado con todas las de la ley. Fueron casi tres horas de discusiones y señalamientos entre corporados. Finalmente, a través de votación ordinaria, decidieron sacar dicha socialización del orden del día y posponer el avance del trámite administrativo hasta que hubiera una respuesta a la tutela, pues en ese momento el juez no se había pronunciado.
Ante las críticas de muchos a Cañas por haber citado a la socialización, él reiteró que lo hizo bajo los principios de legalidad y no por favorecer los intereses de la administración.
Lo cierto es que en medio de tanta polémica Cañas también asignó ponentes para su discusión. Varios corporados se lo tomaron como una invitación a “violar las normas” y algunos hablaron, incluso, de que era una inducción al prevaricato.
Tampoco creyeron en el argumento de la Alcaldía de que presentó el proyecto por medio virtual para ahorrar papel. Orrego indicó el mismo secretario del Concejo dio a conocer que desde que se levantó la emergencia sanitaria por la pandemia, con corte a ese 10 de octubre, solo el proyecto de presupuesto se había presentado de esta forma, mientras que los otros habían sido presentados de forma presencial.
Un mes después, el 28 de noviembre, Cañas citó al primer debate del proyecto y el desenlace, como era de esperarse, fue el mismo: la negativa de varios concejales a discutir con el riesgo que consideran tenían de incurrir en irregularidades.
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Ese día citaron a los 14 concejales que integran las comisiones primera y segunda, siete por cada una, quienes debían deliberar y, posteriormente, votar el proyecto. Pero el temor previo frente al tema hizo que varios se abstuvieran de asistir, lo que llevó a que solo hubiera cuórum para deliberar, pero no para decidir, es decir, no pudieron votar.
El pasado 5 de diciembre se dio uno de los momentos más álgidos de la situación. Ese día, el alcalde publicó un video, horas antes de un nuevo intento de votar el proyecto, en el que les pidió a los estudiantes del ITM presionar a los concejales para que lo aprobaran, con la amenaza de que si no lo hacían la institución universitaria perdería el aumento de recursos que venían pidiendo. Le salió el tiro por la culata, los mismos representantes de los estudiantes consideraron que los estaba utilizando para una pelea política en la que ellos nada tenían qué ver.
Será el próximo año cuando se defina si tienen alcance las eventuales demandas o si la ciudad se va con el monto fijado y las posibles adiciones presupuestales que deben aprobarse en el Concejo.
