Luego del informe de EL COLOMBIANO que expuso la guerra que se vive al interior de los socavones de la mina de Continental Gold en Buriticá, tomada a sangre y fuego por mineros ilegales y el Clan del Golfo, la Procuraduría recorrió la mina y atestiguó la crisis social y ambiental desatada por la visita a la minera Continental Gold, en Buriticá, Antioquia.
La Procuraduría General de la Nación constató que se viene acrecentando de manera preocupante la crisis social y ambiental generada por la práctica de minería ilegal por grupos presuntamente financiados y administrados por el Clan del Golfo. De hecho, la información que tienen las autoridades es que el Clan del Golfo lleva registros con números de cédula de quienes entran y salen, la cantidad de oro que extraen para cobrar un impuesto, los permisos y hasta los castigos a los que infrinjan normas.
De acuerdo con el ente de control, durante el último mes, se han multiplicado los ataques con armas largas y explosivos de uso privativo de las Fuerzas Militares contra trabajadores y vehículos de la empresa multinacional Zijin-Continental Gold e integrantes de la Policía, por parte de estos grupos criminales, quienes han cavado túneles artesanales de al menos 400 metros, desde el casco urbano del municipio hasta los socavones de la empresa, con el fin de tomárselos por la fuerza para ejercer allí su actividad ilegal.
En su recorrido, la Procuraduría precisó que, las cifras de saqueo por parte de los ilegales alcanzan las 2 toneladas de oro anuales en Buriticá, causando perdidas cercanas al billón de pesos, que la Nación estaría dejando de recibir en términos de aportes por el desarrollo de un proyecto legal minero.
La Procuraduría también refirió que según la empresa minera, la problemática ilegal y la falta de control del estatal, ha contribuido a que actualmente el 60 % de los túneles estén bajo el control de estos grupos, con el alto riesgo de avance y la pérdida total del control de la mina.
Según la información oficial recogida por EL COLOMBIANO, dentro de los socavones hay personas que les cocinan a los mineros y también hay mujeres que ejercen la prostitución. El coronel Andrés Ossa Muñoz, comandante del batallón Pedro Nel Gómez, le dijo a este medio que por estos mismos socavones entran la comida, “las cocineras que además de preparar alimentos satisfacen los deseos sexuales de los mineros atrincherados por días, las armas usadas en el control bajo tierra y los insumos que sus hombres no logran detectar y terminan en un viaje directo al centro de las minas”.
De acuerdo con las denuncias hechas por funcionarios de la empresa minera, en 2023 se han presentado más de 5000 hostigamientos, con un saldo de dos trabajadores muertos y 14 heridos.
Los directivos de la empresa solicitaron al procurador delegado para los Derechos Humanos intervención urgente ante las entidades estatales para recuperar el control de los socavones que estos grupos tienen en su poder.
La Delegada para asuntos ambientales, minero energéticos y agrarios agregó que a la alarmante situación se le suman las graves consecuencias ambientales que se generan por el uso de mercurio, afectando las fuentes hídricas subterráneas de manera irremediable, generando un riesgo geológico y la inestabilidad en el macizo, ocasionado por las falta de condiciones técnicas en el uso de explosivos por parte de los grupos ilegales.
Con toda esta información recaudada, el equipo de la Procuraduría anunció que se reunirá con altos funcionarios de Estado y les exigirá soluciones urgentes a esta problemática, que está poniendo en riesgo la vida y los derechos de al menos 5000 empleados de la minera y 22 mil entre habitantes y población flotante de este municipio.
