Arriba, el presidente Gustavo Petro y Federico Gutiérrez; abajo, Danilo Rueda e Isabel Zuleta. Fotos: Archivo y cortesía.
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Paz con las bandas de Medellín, entre cálculos políticos y avance
Desde la cárcel de Itagüí se negocia la paz del Valle de Aburrá, pronto se conocerán los temas de diálogo y su protocolo. Más de un político quiere pescar en río revuelto.
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Mesa de diálogos de paz entre el Gobierno y las bandas de crimen organizado del Valle de Aburrá. Foto: Manuel Saldarriaga
26 de agosto de 2023
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La paz total del gobierno de Gustavo Petro, además del capítulo del ELN, tiene su historia más importante en la cárcel de Itagüí, donde están recluidos quienes fueron los cabecillas de las bandas criminales más importantes de Medellín —con excepción de alias Douglas, que paga condena en La Picota— y quienes ahora dicen no tener conexión con los hombres que controlan el microtráfico, las extorsiones y más rentas ilegales en las calles, sin embargo echarán mano de su liderazgo —“antes negativo y ahora positivo”— para poner a andar una paz duradera en la ciudad.
Es cierto que quienes ahora están en la cárcel no son los mandamases de las bandas, pero sí son reconocidos como los “apás”, los hombres que por experiencia y autoridad pueden aconsejar y hasta detener órdenes de venganzas, negocios y hasta apoyos políticos. Muchas veces, estos “apás” que están presos ayudan desde la cárcel para que no se enciendan guerras en las calles y es esa autoridad la que los tiene al frente de una negociación de paz más.
Y fue a ellos a quienes esta semana les cayó tremendo chaparrón cuando el exalcade y candidato Federico Gutiérrez aseguró que esos hombres —que en su mayoría fueron capturados durante su mandato (2012-2015)— saldrían de la cárcel en septiembre para interferir en las elecciones. Gutiérrrez dijo que tenía información, más no reveló su fuente. Incluso el exsecretario de Gobierno, Andrés Tobón, candidato al concejo, dijo que allí lo que había era un concierto para delinquir.
Mesa de diálogos de paz entre el Gobierno y las bandas de crimen organizado del Valle de Aburrá. Foto: Manuel Saldarriaga
Gutiérrez nombró a Juan Carlos Mesa Vallejo (Tom), Sebastián Murillo Echeverry (Lindolfo), Jorge de Jesús Vallejo Alarcón (Vallejo), Jhon Fredy Yepes Hoyos (Clemente), Iván Darío Suárez Muñoz (Barbas), alias Grande Pa, Luis Rodrigo Rodríguez (El Montañero), Carlos Augusto Correa López (Mono Pepe) y Freyner Alfonso Ramírez García (Carlos Pesebre), todos hombres que hacen parte de la negociación de paz del Gobierno.
Antes de las declaraciones del exalcalde, también habían caído las de Juan Carlos Upegui, candidato del continuismo, quien había asegurado que en algunos barrios de la ciudad estaban amenazando a sus colaboradores y no los dejaban repartir publicidad.
Los “apás” entonces enviaron un comunicado en que aseguraron que como “voceros de las estructuras armadas del Valle de Aburrá presentes en el centro carcelario la paz (...) manifestamos nuestro férreo compromiso con la democracia en el escenario electoral que se avecina. Como parte de este compromiso, y como en otros periodos electorales, como voceros manifestamos que en los municipios del Valle de Aburrá no existe veto alguno a candidato o partido político, tampoco existirá ninguna forma de interferencia al libre ejercicio de los derechos políticos de los ciudadanos y de los partícipes de la contienda electoral”.
En la mesa de negociación de la cárcel se sabe que están en un momento que deben aprovechar: las elecciones, y sí es cierto que el Gobierno Nacional no quiere que llegue a la Alcaldía de Medellín un opositor tan férreo como Federico Gutiérrez, pero los representantes de las bandas criminales de la ciudad tampoco quieren que lleguen a la Alpujarra los representantes de Daniel Quintero, que serían Juan Carlos Upegui o Albert Corredor. “En las bases sociales esta administración no ha caído nada bien, y eso lo saben ellos, por eso están mirando cuál es el candidato que apoya los diálogos”.
La molestia de los “apás” es tan grande que incluso están pensando en demandar a Federico Gutiérrez y a algunos miembros de su campaña porque se refirieron a una mesa amparada por el Gobierno Nacional como un concierto para delinquir o una reunión de delincuentes.
¿Cómo va la mesa?
Lo que más se dice por los pabellones de la cárcel de Itagüí es que hay una buena voluntad por parte de los reos que eran capos, sin embargo, en algunos hay inconformidad porque las cosas van lentas y además están echando a un lado organizaciones como Sinergia, que tiene gran peso social en el norte del Valle de Aburrá.
Todas las semanas hay reuniones encabezadas por el jefe negociador Jorge Mejía Martínez, quien se sienta a hablar largas horas con los excapos de la mafia local. Se espera que para el próximo viernes y sábado se puedan concretar dos puntos importantes: el protocolo de funcionamiento —temas como la periodicidad, el quorum, el rol de quienes participan del espacio, de los delegados, de los asesores, de los acompañantes internacionales, cómo se toman las decisiones, en qué circunstancias hay que recurrir a terceros, y otros— y la agenda de funcionamiento.
Quizá la agenda de conversación, que el gobierno insiste en que es conversación y no negociación, es lo más importante de todo. Hay varios compromisos: el Gobierno Nacional quiere caracterizar a todas las estructuras armadas de la ciudad, dónde están ubicadas, cuántos miembros tienen, cómo controlan los territorios; por otro lado, se quiere investigar cómo funcionan las economías ilegales y cómo pueden cambiarse o transformarse. Se ha sabido que incluso los excapos han pensado en que les entreguen la comercialización de productos a base de cannabis o de cocaína, pero solo se trata de una idea que no termina de cuajar.
Una de las cosas que más han pedido los “apás” es que quieren contar sus vivencias, cómo se involucraron en el mundo criminal y cómo fue crecer en la sombra del mito que instauró Pablo Escobar, pues personas como alias Tom y Pesebre fueron gatilleros de los Pepes (Perseguidos por Pablo Escobar) y tienen toda una historia por contar. Y entre todo ese relato, para muchos está por conocer la relación entre los capos históricos del crimen y la política. EL COLOMBIANO supo que varios candidatos actuales, de varias corrientes políticas, ya han mandado a sus emisarios, porque como dijo uno de ellos: “Nos condenan, pero nos buscan cuando necesitan votos”.
Los líos
El asunto con los procesos de paz es el protagonismo y parece que en esta mesa se lo quiere llevar la representante Isabel Zuleta, quien les dice a los “apás” que es ella la que habla con el presidente Gustavo Petro, que es muy cercana y puede mover algunos hilos de poder. Esa figura ha molestado a algunos miembros de la mesa, quienes creen que esa figura la debería tomar el comisionado para la Paz, Danilo Rueda, a quien a veces ven más concentrado en las negociaciones con el ELN y con el Clan del Golfo.
Ahora bien, Rueda sí ha estado en la cárcel después de la instalación de la mesa de paz meses atrás y les ha hecho ver algunos asuntos problemáticos, como la negativa de los excapos a somerterse a la justicia, pues lo que están pidiendo es un acogimiento, un diálogo con la comunidad, los académicos y las autoridades, pero Rueda sabe bien que el Congreso no aceptaría tal cosa.
A favor de Zuleta está que, dicen algunos miembros de la mesa, en Bogotá le copian desde el Ministerio de Defensa y desde la Policía, pues algunas labores que se le han encomendado las ha sacado adelante.
Y entre los otros miembros de la mesa del Gobierno está Fernando Quijano, quien era todo un problema para algunos capos hoy presos, pues fue él quien les puso más de una vez a las autoridades encima con sus investigaciones; sin embargo, aseguran algunos que es él quien se ha encargado de que la “estructura política y social que tienen las bandas en Medellín se puedan entender”.
Por ahora las partes se mantienen en que habrá un diálogo “sociojurídico” para encontrar un instrumento que traiga paz a las comunidades, resultados a las autoridades y beneficios para quienes están imputados, investigados y condenados por sus delitos. Se espera que en octubre se abra una agenda grande de discusión, mientras tanto hay un compromiso de los voceros de la criminalidad por sacar a los menores de edad del conflicto urbano, de luchar contra el fentanilo —droga que nunca daría las ganancias que dan la cocaína o la marihuana— y de proteger las elecciones.
Se cree que algunos voceros de la criminalidad, los excapos, están inquietos porque el proceso parece ir muy lento y al Gobierno se le han ido enredando sus reformas en el Congreso. Ya los “apás” sobrevivieron a la pesca en río revuelto que hicieron los abogados, muchos de ellos pidiendo dinero a manos llenas para supuestamente sacarlos rápido de la cárcel, pero ahora se enfrentan a uno más difícil: la política. Esto sin contar con que es difícil creer en una paz que en Medellín se viene haciendo desde las épocas del M-19 y sus campamentos, pasado por la entrega amañada de Pablo Escobar, y las negociaciones con las milicias y luego con el EPL.
Alguien muy cercano a las organizaciones criminales le dijo a EL COLOMBIANO: “Los ‘apás’ ya están pagando su condena, son respetados en las calles, aunque no manden, ellos quieren vivir en paz afuera y que no les caigan las venganzas que les han caído a otros, pero tampoco quieren salir sin un peso, quieren mantener algún patrimonio; ellos quieren ser vistos como líderes negativos que pueden ser líderes positivos”.
Esa negociación va a estar muy difícil, lo cierto es que nadie negocia con la intención de clavarse el puñal, y en Medellín la seguridad la mayoría de las veces ha andado por cuenta del control criminal y de los pactos. La paz que ha respirado la ciudad en la administración de Daniel Quintero encuentra eco en los ‘apás’ que desde la cárcel de Itagüí mueven los hilos del mundo oscuro, dicen ellos que apunta de consejos, de experiencia.
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