Los alcaldes de los 19 municipios del Occidente antioqueño se unieron para enviar una carta a Juliette de Rivero, representante en Colombia de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, en la que le piden acciones contundentes ante las acciones violentas que ha cometido el Clan del Golfo en la zona que, según dicen, no se resumen al paro armado que tuvo lugar desde el pasado jueves 5 de mayo hasta la medianoche de este domingo.
En la misiva, los mandatarios locales argumentan que las comunidades viven en medio del temor por la presencia de hombres del Clan del Golfo, que han cometido otros hechos criminales antes del paro armado, como el reciente asesinato de siete soldados, en jurisdicción de Frontino.
“Hoy los alcaldes del Occidente antioqueño vivimos una situación quizá más caótica que la reciente pandemia, algunos amenazados producto del cumplimiento de las funciones propias del cargo en especial las que se refieren al microtráfico dominado por los mismos ilegales. Otros, con un temor irresistible pensando de día y de noche si habrá o no retaliaciones de estos grupos una vez se termina el periodo constitucional”, se lee en la carta fechada este 8 de mayo.
El alcalde de Frontino, Jorge Elejalde, recordó que está amenazado y que ello le impide ejercer sus funciones en el territorio. También criticó la posición del gobierno nacional ante el paro armado, pues en su consideración se minimizó el poder que puede ejercer el Clan del Golfo al acorralar al pueblo y afectar su vida y cotidianidad.
Aseguró el mandatario local que en jurisdicción de su municipio y otros aledaños opera la subestructura Edwin Román del Clan del Golfo, que tendría unos 1.000 hombres armados generando hostigamientos y vulneraciones a los derechos de la comunidad, con una capacidad de Fuerza Pública que es insuficiente para afrontar esta situación.
De hecho, en días pasados los alcaldes ya le habían enviado una carta al presidente Iván Duque en los mismos términos.
“En nuestras estaciones de policía, desde hace varios meses, se encuentran recluidos varios integrantes de grupos ilegales a los que se han venido sumando los recién capturados por el paro armado, haciendo que nuestra fuerza policial con sus escasos hombres, tenga que prevenir cualquier acto que se pueda dirigir por parte de los grupos ilegales a la liberación de sus compañeros; poniendo en riesgo no solo la infraestructura institucional de las estaciones de policía, sino también la vida e integridad de nuestra fuerza pública”, indicaron los alcaldes en la misiva.
Por ello, la solicitud que le hacen a la Alta Comisionada de Derechos Humanos es que haga un llamado de urgencia al gobierno nacional para que refuerce la presencia de la fuerza pública en el Occidente antioqueño, “para que el estado ejerza el control de las vías y los territorios”.
No obstante, también hicieron un llamado al Clan del Golfo para que respete la vida y los derechos de la población civil y de la misión medica, afectada por varios atentados en el paro armado de los últimos días.
“Por último, dejamos constancia que los alcaldes del occidente nos sentimos vulnerables y en riesgo inminente, sin libertad y garantías plenas de ejercer nuestras funciones constitucionales. Nuestras familias están sintiendo el mismo temor y ansiedad derivada de los mismos acontecimientos descritos anteriormente”, concluye la carta que aparece firmada por los mandatarios de Abriaquí, Anzá, Armenia Mantequilla, Buriticá, Caicedo, Cañasgordas, Dabeiba, Ebéjico, Frontino, Giraldo, Heliconia, Liborina, Olaya, Peque, Sabanalarga, San Jerónimo, Santa Fe de Antioquia, Sopetrán y Uramita.
