Audios, chats de Whatsapp y documentos oficiales hacen parte de la lista de pruebas que la Fiscalía reveló este viernes durante la audiencia de imputación de cargos contra los capturados por el caso conocido como “Contraloría de Bolsillo”.
Durante la audiencia que comenzó a las 2:47 p.m., y que al cierre de esta edición no había culminado, alcanzaron a ser imputados los alcaldes de La Pintada, César Augusto Zapata Pérez; Jardín, William Enrique Rendón Agudelo; San Carlos, Luz Marina Marín Daza; y el gerente del hospital de Copacabana, Héctor Darío Cano Arango.
Durante la diligencia, la Fiscal 28 Seccional, encargada del caso, señaló a los funcionarios de la Contraloría de Antioquia de alterar información para reducir la gravedad de los hallazgos que encontraron durante las auditorías que cada año hacen a los municipios.
Puede leer: Los contratos que enredan a los contralores de Antioquia
Los protagonistas del caso son el contralor titular, Sergio Zuluaga Peña —quien ya fue sancionado por la Procuraduría por falsificar información de sus títulos académicos en la hoja de vida que presentó para postularse al cargo— y el subcontralor Rubén Darío Naranjo, quien reemplazó a Zuluaga mientras cumplía una suspensión de 10 meses.
Negocios cruzados
En el caso de San Carlos, la Fiscal aseguró que hubo alteraciones en el informe de Contraloría correspondiente a la vigencia 2017 (entregado en 2018) y que tanto Zuluaga como Naranjo “tuvieron interés y participación”.
El ente acusador señaló a Zuluaga y a Naranjo de “recibir atenciones y reuniones”, de parte de la alcaldesa y su esposo, el exalcalde Juan Alberto García, quien en 2014 fue condenado por un juez de Marinilla a 16 meses de prisión por haber desviado $813 millones destinados a la salud.
Le puede interesar: Los delitos por los que capturaron al contralor y a tres alcaldes
Según el relato del ente investigador, al parecer Zuluaga y Naranjo tienen participación en el negocio de una mina que es propiedad de García.
En La Pintada, la Fiscalía acusa al alcalde de suscribir contratos para favorecer al subcontralor Naranjo. Las representantes legales de dichas compañías, añadió la fiscal, son la esposa y la hija del funcionario.
La fiscal hizo una relación de 9 contratos, de los cuales seis —celebrados entre 2017 y 2018— eran para proporcionar transporte escolar. El patrón en cada contrato es el mismo: todos de menor cuantía (máximo $21 millones), con únicos proponentes y por duraciones de entre 15 y 20 días. A varios de ellos se les hicieron adiciones. “No hubo estudios previos, no se determinaron rutas ni características del servicio”, añadió la fiscal.
Más información: El contralor de Antioquia, Sergio Zuluaga, capturado por la Fiscalía
En Jardín, la Fiscalía presentó audios en los que el alcalde Rendón habla con el subcontralor Naranjo para contratar servicios en una hostería de propiedad del grupo Inversiones Naranjo Escobar. Aunque los servicios se prestaron en la hostería Las Vegas, ubicada en La Pintada, la factura por $5 millones se expidió a nombre del restaurante Los Colores.
Finalmente, el gerente del Hospital de Copacabana fue señalado de contratar a la odontóloga Sara Isaza Lema, a quien Naranjo reconoce como sobrina en una de las interceptaciones presentadas. Ese contrato, al parecer, sería una contraprestación por cambiar algunos de los hallazgos de la auditoría de 2017. Contra Naranjo y su esposa, María Elena Escobar, hay órdenes de captura vigentes. Fuentes oficiales confirmaron que ambos están fuera del país.
