Este viernes la Fiscalía reveló las primeras pruebas de la red de corrupción de la que se habrían beneficiado el contralor de Antioquia, Sergio Zuluaga, el subcontralor –y contralor encargado durante 10 meses–, Rubén Darío Naranjo, tres contralores auxiliares y los alcaldes de los municipios de Jardín, William Rendón; de San Carlos, Luz Marina Marín; y La Pintada, César Augusto Zapata.
La Fiscal 28 Seccional, encargada del caso, aseguró durante la diligencia que los funcionarios de la Contraloría de Antioquia alteraron información para reducir la gravedad de los hallazgos que encontraron durante las auditorías que cada año hacen a los municipios.
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En el caso de San Carlos, aseguró que el informe alterado corresponde a la vigencia 2017 (hecha en 2018) y que tanto Zuluaga como Naranjo “tuvieron interés y participación”.
El ente acusador señaló a los funcionarios de recibir atenciones y reuniones, además de negocios relacionados con una mina, de parte de la alcaldesa y su esposo, Juan Alberto García, quien también fue alcalde de ese municipio. Al parecer la Contraloría le avisaba con anticipación a la alcaldesa qué contratos iban a ser revisados.
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En Jardín, la Fiscalía anticipó que de acuerdo con sus investigaciones, el alcalde habría celebrado contratos con empresas de la familia del subcontralor Naranjo, a cambio de modificar los hallazgos para que no tuvieran efectos legales ni fueran remitidos a otros entes de control.
Finalmente en La Pintada se celebraron contratos con las empresas de la familia Naranjo, sin cumplir los requisitos legales.
Naranjo aún no ha sido capturado.
