La Fiscalía General le imputará cargos al exgobernador de Antioquia, Luis Alfredo Ramos Botero; al exgerente del IDEA, Álvaro de Jesús Vásquez Osorio; al exalcalde de Medellín, Fabio Alfonso Salazar Jaramillo; y al ex gerente general de EPM ESP, Federico José Restrepo Posada y a otros cinco directivos de la empresa de servicios públicos y de Hidroituango por presuntas irregularidades en la construcción de Hidroituango.
El anuncio lo hizo el fiscal general Francisco Barbosa en su visita a Medellín.
Las pesquisas del ente investigador se centraron inicialmente en irregularidades de contratación directa ya que la entrega del contrato Boomt mediante una negociación con EPM sería una actuación que habría vulnerado principios esenciales de contratación pública previstos en la ley.
Por ello, la Fiscalía imputará el delito de interés indebido en la celebración de contratos a Ramos, Vásquez, Salazar y Restrepo.
Otro asunto referente a temas ambientales y que llamó la atención de la Fiscalía fue que en junio de 2015, EPM inició la implementación de un sistema auxiliar de desviación del río Cauca así como la construcción de un tercer túnel. Según el ente investigador, la empresa comenzó las obras sin tramitar u obtener previamente de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales Anla una autorización de modificación de la licencia ambiental que le fue otorgada.
El material de prueba con el que cuenta la Fiscalía indicaría que, con información presuntamente falsa, fue radicada una primera petición de ampliación ante la Anla el 22 de diciembre de 2015, la cual fue negada. Posteriormente, se presentó una segunda solicitud, el 5 de julio de 2016, que finalmente fue aprobada.
Según dijo el fiscal Barbosa en su visita a Medellín, se quería ocultar que las obras estaban en marcha sin el aval ambiental. Por ello se imputarán los delitos de falsedad ideológica en documento público y fraude procesal al abogado de EPM y apoderado de Hidroituango ante la Anla, Jesús Ignacio Echavarría Mejía; y al profesional de la Dirección Ambiental Social y Sostenibilidad del Proyecto Ituango, Hernán Sánchez Cruz.
Por último, frente al tema de la contratación del Sistema Auxiliar de Desviación Río Cauca, realizado por las demoras en la entrada de operación de Hidroituango por cambios en los diseños, retrasos en la contratación y ejecución de las obras, así como problemas geológicos y geotécnicos no detectados en estudios técnicos previos.
Dichos asuntos que generaban pérdidas económicas, llevaron al Consorcio CCC Ituango a contratar como “obra extra” dicho sistema auxiliar así como la construcción de un tercer túnel o galería auxiliar. Esta contratación, que ascendió a más de $127.000 millones, se hizo mediante modificaciones bilaterales al contrato original, en diciembre de 2015.
“Este proceso contractual, al parecer, no tuvo estudios geológicos suficientes y adecuados; además, no estaba definido el diseño ni se tenía la modificación de la licencia ambiental, entre otras posibles omisiones”, agregó el fiscal Barbosa.
Por estos hechos, la Fiscalía imputará los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación a favor de terceros agravado al vicepresidente de Proyectos de Generación de Energía de EPM Luis Javier Vélez Duque; al vicepresidente ejecutivo de Proyectos de Desviación de EPM, Wilson Chinchilla Herrera; y al director de desarrollo del proyecto Hidroituango, Álvaro León Ospina Montoya.
El anuncio de la Fiscalía ya comenzó a generar controversias. El alcalde de Medellín, Daniel Quintero, reaccionó al anuncio del Fiscal y aseguró en sus redes sociales que “faltan más por caer”.
