En un miércoles normal la zona urbana de Ituango luce sola y silenciosa por estar justo en mitad de la semana laboral de los campesinos y porque acá la mayoría dejan para salir a mercar y hacer sus “vueltas” el fin de semana. Pero este miércoles en especial el parque del pueblo parecía que fuera escenario de ferias.
En realidad, lejos de una celebración, se trataba de una actividad a la que convocaron para atender asuntos de Derechos Humanos y víctimas, y cuando de personas afectadas por el conflicto armado se habla, acá no falta la “clientela”, pues la característica especial de este municipio del Norte antioqueño, que ningún sitio del país la quisiera, es que tiene más afectados por el conflicto armado que habitantes: son 46.300 contra 24.000 si se contrasta el registro oficial de la Unidad para las Víctimas con datos de la alcaldía local.
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Este no es el único municipio con esa condición, pero sí está entre los de mayor presión cuantitativa y fuera de eso la “fábrica” de víctimas no deja de funcionar debido a que la confrontación entre grupos armados si acaso da pausas, pero no ha terminado en más de tres décadas. El problema adicional es que, del total, apenas el 20% ha obtenido una reparación económica y es la razón para que las caras se repitan cada que hacen una jornada de este tipo.
En la calle amplia que da al frente de la Alcaldía, varias especies de salas al aire libre dotadas de sillas plásticas servían para que la gente esperara y no desesperara mientras que los atendía algún funcionario de la Defensoría del Pueblo, Personería, Agencia Nacional de Tierras u otra de las dependencias que desplegaron su capacidad operativa hacia este municipio.
Más arriba del parque, a cuadra y media, al final de un callejón ciego, en la casa del adulto mayor la congestión era mayor porque era el sitio designado específicamente para atender a las víctimas del conflicto. Acá no había asientos para el gentío, la fila de parados que comenzaba en la puerta de la sede llegaba a la esquina y se devolvía por la acera del frente, prolongándose por una cuadra.
En total, de acuerdo con la defensora regional del Pueblo, Yucelly Rincón, fueron 40 profesionales los que recorrieron las cinco horas de camino desde Medellín para ir a hacer la jornada más grande de atención que ella recuerde.
El primer día EL COLOMBIANO se topó en la fila de las víctimas con una adulta mayor y con su esposo, un hombre de piel cobriza y sombrero blanco de ala ancha que se apoyaba en un bastón para soportar de pie la cola eterna. Ella tiene 62 años y él 76.
La mujer, que no dio el nombre, dijo sin vacilar una verdad que no pierde su valor revelador ya que viene de una sobreviviente: que “en Ituango todo mundo es víctima” y que ni una vereda se escapa de esa condición.
En su caso, desde 1999 o el 2000, cuando los ‘paras’ comenzaron a incursionar, fueron desplazados varias veces de El Quindío, una vereda ubicada en la zona de Quebradona, a la que se llega en chiva después de dos horas.
Al principio, iban y volvían dependiendo de si la marea de la guerra subía o bajaba, de manera que una y otra vez repetían el ciclo de romperse el lomo en la finca de tres hectáreas sembrando maíz, fríjol, yuca, plátano y “cafecito”, para dejarlo todo al garete cada que los armados lo determinaban.
La familia se dividió porque mientras que ellos se iban a otros municipios donde creían que podían subsistir dejaban a los hijos al cuidado de familiares en el área urbana de Ituango para que no se desescolarizaran, y jamás se volvieron a juntar.
Finalmente, los años le quitaron la fuerza al bastión del hogar como para intentar un nuevo comienzo y vendieron por cualquier cosa la parcela para comprarse una casita en un barrio, donde hoy sobreviven con la ayuda de la descendencia. Al preguntarles qué han logrado de la reparación como víctimas, su respuesta es rotunda: absolutamente nada.
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“Nosotros hicimos todas las vueltas que nos dijeron en la oficina de víctimas y estamos esperando desde el año 2012”. El destino de la plata, si es que por fin llega, serían las mejoras a su vivienda.
El miércoles 8 de mayo, hacia las tres de la tarde, cuando los periodistas de este diario los encontramos, pensaban que por fin iban a lograr algo, pero ni siquiera alcanzaron ficho para conversar con los funcionarios.
Al hombre se le notaba el esfuerzo descomunal para no llorar mientras contaba su historia, pero el sombrero que lo cubre del sol no le alcanzaba a ocultar los ojos encharcados.
Efectivamente, el segundo día de la cruzada de atención fue necesario que pasaran a los profesionales que habían estado en el parque hacia el otro frente, el de las víctimas. Lograron atender a 1.800 personas en total, pero quedó gente pendiente porque la demanda sobrepasó la capacidad, como pasa siempre.
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De nuevo, le pregunto al enlace de Víctimas de Ituango qué significa para un municipio tener más víctimas que población y Jorge Gallo responde con cara de creer que lo interrogan sobre una obviedad: “Que este ha sido un pueblo muy sufrido”.
A quien piense que la afirmación es exagerada o fatalista vale la pena recordarle que la guerrilla de las Farc fue ama y señora en estas tierras en las últimas décadas del siglo pasado, y luego, desde 1999 o el año 2000, los paramilitares se ensañaron contra la población perpetrando varias masacres –las más emblemáticas fueron las de La Granja y El Aro, con 19 muertos, en junio de 1996 y octubre de 1997–.
Después de las dejaciones de armas siguieron operando los herederos de esos grupos y en los últimos años, como si fuera poco, hasta bandas del Valle de Aburrá han extendido su accionar hasta allí, porque Ituango tiene la bendita maldición de estar en un corredor estratégico para transitar con armas y droga hacia Urabá, Chocó, Bajo Cauca y el Nordeste antioqueño.
Además, en estas postrimerías de Antioquia, el 60% de la población vive en el campo y en pleno siglo XXI hay veredas, entre las 125 que tiene el municipio, a las que todavía uno se puede demorar tres días en llegar en bestia, y están incomunicadas porque no hay puentes ni vías; como si fuera poco, cerca del 60% de la población rural ni siquiera cuenta con señal de telefonía móvil, lo que a su vez repercute en las condiciones de inseguridad.
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“Aquí se nos muere la gente porque no hay forma de comunicarse con el hospital”, recalca Gallo. Luego, explica que Ituango clasifica en todas las priorizaciones para que llegue la inversión social del Estado, porque están dentro de las los municipio Pdet, las Zomac (zonas más afectadas por el Conflicto Armado) y en el PNIS (Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos ilícitos), pero la realidad es muy diferente.
“Somos el único entre los 170 municipios Pdet al que no le han aprobado nada dentro del sistema Educapaz, que lleva cinco años funcionando, a pesar de que cuando el alcalde actual llegó había 27 proyectos en fase tres, lo que quiere decir que estaban listos para su implementación”, se lamenta Gallo y recalca que “hemos sido un pueblo muy sufrido y abandonado por el Estado”.
Teniendo en cuenta que el 55% de la población se desplazó y que el ideal es propiciar su retorno, este solo va en un 5% porque de hecho, a raíz de la presencia de grupos armados y de la existencia de campos minados, no se cuenta con concepto de seguridad favorable, que es un requisito indispensable para animar a las personas a que vuelvan.
Y la respuesta no es distinta tampoco para asuntos de restitución de tierras debido a que, según Gallo, los funcionarios encargados no salen a las áreas rurales supuestamente por miedo a los grupos armados. “¿Y entonces por qué sí salimos los de la Alcaldía y los de otras dependencias?”, pregunta.
Lo único que no marca del todo en rojo, es el programa de Obras por Impuestos, en cuyo marco, hace cerca de dos años, Celsia entregó tablets, bibliotecas y laboratorios a los colegios rurales, y páneles solares a muchos hogares. Además, Argos tiene previsto construir la escuela de La Pérez, en la vereda Quebrada del Medio.
En el tema de reparaciones colectivas, después de tantos años, apenas se están dando pasos las comunidades de El Aro, La Granja y el resguardo indígena de Haidukama. Una de las acciones es la reconstrucción de la vía al Aro, a cargo de EPM -2,8 kms- y el Invías -5,9 kms-; el costo total son $56.000 millones.
También, hace unas dos semanas que en El Aro entregaron aportes para que 48 familias monten negocios que les den autonomía económica, y el miércoles pasado en Haidukama hubo una jornada para atender a las víctimas del confinamiento que vivieron en 2022.
Si es que se quiere ser optimistas con este historial de destierros, asesinatos, secuestros y accidentes con explosivos, entre otros hechos dolorosos, el único y efímero instante feliz es cuando llega la compensación del Estado para las familias y la economía local se nutre de dinero.
Por ejemplo, hace poco más de un mes el Gobierno nacional entregó 50 carta-cheques por $700 millones, y en diciembre pasado a 1.500 víctimas les llegó la “prima” por $5.000 millones.
“¿Qué se les ha dicho a las familias? Lo primero es que cuiden su platica, que no le cuenten a nadie, porque si vos te vas para la vereda con $30 millones te los quitan y aunque es claro que cada uno decide qué hacer con lo que tiene, desde la Alcaldía y la Personería los aconsejamos sobre cómo usar esos recursos. La mayoría hace caso, aunque muchos también se lo han gastado”, cuenta el enlace de víctimas.
Al preguntarle por sus expectativas frente a la reparación a Heriberto Ciro, un hombre de 54 años de aspecto recio y quien estaba por lo menos 15 puestos en la fila después de la pareja de desplazados de El Quindío, también fue vertical en que “de eso es mejor no hablar porque con las pérdidas que uno ha tenido, ni dándole cuatro indemnizaciones lo recupera”.
Él ha sido víctima de desplazamiento forzado en varias ocasiones. La primera vez, a finales del año 2000 y estando en plena cosecha de café, los ‘paras’ irrumpieron en el corregimiento El Cedral, asesinaron a siete personas, entre ellos al presidente de la acción comunal, Rubén Darío Piedrahíta, robaron lo que encontraron y quemaron el caserío.
No atina a decir cuántas más veces tuvo que huir, pero sí es claro que él fue uno de los 4.500 campesinos de 30 veredas que protagonizaron en agosto de 2021 el último y más grande entre los desplazamientos recientes que ha sufrido Ituango (y Antioquia), esta vez por cuenta de las disidencias del frente 18 de las Farc. Cuenta que corrió el rumor de que había que desocupar y toda la vereda desocupó.
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Una semana después de abandonar la finca regresó con su esposa y sus dos hijos de 18 y 20 años, igual que lo había hecho antes, cada que le decían que había condiciones, porque prefiere la frescura del campo al aséptico asfalto.
Apunta que “la ciudad es muy buena pero para ir a pasear con plata, para estarse unos quince días y volverse, pero no para vivir”.
¿Y el trámite de la reparación? “Esto es muy lento. Desgraciadamente es así, el Gobierno o no sé quién lo llena a uno de papeles y cada ratico usted tiene que ir, y que traiga un documento, sabiendo que ya los ha llevado todos”.
El año pasado a tres integrantes de la familia Ciro les dieron parte de la reparación, reunieron $22 millones y con eso pagaron parte de un apartamento en el pueblo a donde llegan en los momentos en que requiere un refugio porque las cosas se ponen mal en el campo.
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A pesar de todo, los ituangueños no transpiran tristeza; como dicen líderes y funcionarios, los pobladores aprendieron a ser resilientes y a levantarse de la adversidad. Pero aún así subsiste una procesión que va por dentro, porque no hay semana que no salgan familias desplazadas. Este año ya van 15, conformada por 37 personas, de acuerdo con la personera Cielo Andrea Correa. A esto llaman desplazamiento a cuenta gotas y es como un gusanito que se va comiendo el tejido social de a pocos.
Fuera de eso, de acuerdo con la defensora del Pueblo, el reclutamiento de niños, niñas y adolescentes en Ituango ha aumentado este año un 300%: mientras que en todo el 2023 hubo 21 casos reportados, este año ya se cuentan 63 en menos de cinco meses “y eso que hay subregistro”. Y se trata de algo que se repite en otros municipios del norte antioqueño, como San Andrés de Cuerquia y Toledo, y se extiende al Bajo Cauca y el Nordeste. Siguen buscando combustible para atizar la guerra.
