En el Bajo Cauca, donde el 90% de la población depende de la minería para sobrevivir y constituyen la columna vertebral de esta región, decidieron frenar sus labores en protesta por el Decreto 1035, emitido el pasado 14 de agosto. Este decreto otorga a las fuerzas militares la facultad de destruir la maquinaria amarilla utilizada con fines ilícitos en Colombia, pero ¿por qué el paro minero no se extiende a nivel nacional?
El anuncio del paro no fue sorpresivo. El fin de semana pasado, en medio de una asamblea permanente, los mineros concluyeron que no había posibilidad de diálogo con el gobierno. El lunes por la mañana, motobomberos, barequeros, beteros y operadores de minidragas decidieron poner fin a sus labores, iniciando así un paro indefinido.
El paro afecta no solo a estos trabajadores, sino también a miles de familias que dependen directamente de la minería para su subsistencia.
Este movimiento ha contado con el respaldo de los alcaldes del Bajo Cauca, quienes, aunque apoyan las demandas de los mineros, han garantizado que otras actividades económicas, como el comercio y el transporte, continúen operando con normalidad. Sin embargo, la preocupación por el impacto del paro en la economía local y regional es palpable.
El detonante: decreto 1035, ley 2250 y las tensiones con el gobierno
El principal motivo detrás de la protesta es el Decreto 1035, que otorga a la Policía, el Ejército y la Armada de Colombia la autoridad para incautar y destruir maquinaria amarilla, como excavadoras y dragas, utilizadas en la minería sin las debidas autorizaciones.
Esta medida, que antes era controlada exclusivamente por la policía, ha sido vista por los mineros informales como un ataque directo a su modo de vida, llevándolos a sentirse criminalizados por las autoridades a pesar de que muchos han trabajado en la minería de manera tradicional durante generaciones. “Nos condenaron a volver a la batea. Somos víctimas de los grupos ilegales y ahora de los operativos de la fuerza pública”, dijo uno de los protestantes en marzo de 2023, durante el paro minero en el Bajo Cauca.
Rubén Darío Gómez Cano, secretario general de la Confederación Nacional de Mineros de Colombia (Conalminercol) explicó que el paro en el Bajo Cauca es una decisión autónoma y no ha sido respaldada por otras regiones mineras del país.
Aunque reconoció que existen problemáticas comunes, el secretario Gómez reconoció que las condiciones para un paro nacional no están dadas. “No se concertó conjuntamente, es una decisión autónoma del Bajo Cauca”.
En cuento a las demás regiones del litoral pacífico que también se dedican a la minería y no se encuentran en paro, el secretario afirmó que comparten los mismos problemas. Entre ellos, la destrucción de maquinaria amarilla por parte de la fuerza pública y los años de espera porque se reglamente la ley 2250 de 2022, la cual establece un marco jurídico especial en materia de legalizar y formalizar la minería en Colombia.
“Todos compartimos las problemáticas del Bajo Cauca, pero no tenemos la capacidad de salir a un paro nacional, por lo que eso significa económicamente para los mineros. Si frenamos nuestras actividades, nos quebramos nosotros”, dijo Rubén Darío.
Impacto ambiental en el Bajo Cauca
En el Bajo Cauca se presentan dos protestas con polos completamente opuestos, desde los activistas ambientales que apoyan la quema e inutilización de maquinaria para la explotación ilegal de yacimientos mineros, hasta los mineros que se sostienen de esta práctica.
Antioquia ha perdido cerca de 500.000 hectáreas de bosque en los últimos 30 años, y la mitad de esa deforestación se concentra en municipios como Remedios, Segovia, El Bagre, Zaragoza y Yondó. La minería ilegal ha devastado el paisaje, afectando 60.000 hectáreas y talando alrededor de 200.000 árboles.
Esta situación no es nueva. La minería ha sido el caldo de cultivo de múltiples conflictos en el Bajo Cauca, desde la distribución de la tierra hasta los enfrentamientos armados entre grupos ilegales. La región, que concentra el 91% de la producción de minerales metálicos en Antioquia, sigue siendo un foco de tensión entre las comunidades, el gobierno y los grupos armados que operan en la zona.
Un paro que agrava la crisis social
La suspensión de actividades mineras es un freno de mano para la economía en el Bajo Cauca, donde muchas familias dependen exclusivamente de estos ingresos. Con el paro en marcha, cientos de trabajadores se han quedado sin sustento, y las comunidades temen una hambruna si la situación se prolonga.
Los mineros han pedido a los alcaldes de la región, así como a los municipios del sur de Bolívar y Valdivia, que tomen medidas preventivas para enfrentar la crisis que se avecina.
Alejandro Suárez, alcalde encargado de Caucasia, se pronunció sobre la situación, expresando su apoyo a los mineros: “Hay un apoyo y compromiso por parte de las administraciones municipales; en primer lugar, se tiene un apoyo de la administración municipal de Caucasia, en donde el coliseo municipal servirá como epicentro y centro de formación del comité por la vida y la formalización minera”, afirmó.
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Según Rubén Darío Gómez Cano, secretario general de la Confederación Nacional de Mineros de Colombia (Conalminercol) se espera que el próximo 27 de septiembre se realicen negociaciones en Medellín, donde los representantes del gremio minero esperan la presencia de los ministerios de Minas, Defensa y Medio Ambiente.
La agenda incluye la discusión sobre la reglamentación de la Ley 2250 de 2022, que establece un marco para la formalización minera, pero que aún no ha sido implementada por el gobierno.
