De los 110 asesinatos cometidos en lo que va de 2020 en Medellín, hubo uno que afectó de manera especial al alcalde Daniel Quintero. El mandatario subió a la comuna 13, en la frontera de San Javier N°1 y La Pradera, y recorrió la escena del crimen, donde le contaron que habían hallado un letrero junto al cadáver, que decía “Siga robando hp”.
Aquel 13 de febrero, con las luces de las sirenas iluminando el crepúsculo, Quintero dio las condolencias a los dolientes de Wílmar Sánchez Gutiérrez. Luego tomó el megáfono de una patrulla e improvisó un discurso de seis minutos y 53 segundos en un callejón.
“No importa qué haya hecho, las madres lloran igual a sus hijos. Si alguien roba, lo mejor es entregarlo a las autoridades. No vamos a permitir que alguien se tome ese derecho de impartir justicia por mano propia”, exclamó, y después prometió que las autoridades no descansarían hasta encerrar a los culpables.
Para enmarcar su posición, escribió en Twitter: “Acabo de dar mi pésame a familia que lloraba a hijo asesinado. Le dejaron el mensaje que ven. Al parecer robó bicicleta días atrás, quedando registrado en redes. Muchos pidieron su muerte. Vamos a capturar a homicidas. ¿Pero cómo capturar una reflexión?” (sic).
Acompañó el trino con el aviso que escribieron los verdugos con marcador morado. Obtuvo 496 retuits, 2.4 millones de likes y una avalancha de comentarios. Para sorpresa, o tal vez tristeza, muchos se fueron en su contra por compadecerse de esa víctima.
“Esos son capaces de matar un joven por robarle la bici... se lo buscó...un voto menos para usted”, publicó @DionisioHermes; “una rata menos, lo que se siembra se recoge, una pequeña reflexión”, puso @Mile192405; y “muerte, ya que la ley no actúa, uno menos”, respondió @hincapie_g, por citar algunos de los que celebraron la noticia.
Por esos días aterrizaron en Medellín los afanes de la pandemia del nuevo coronavirus y el debate sobre este hecho quedó sepultado. Sin embargo, persisten las preguntas: ¿por qué esta reflexión ofuscó a tantos medellinenses? ¿Y qué ha pasado con la investigación del caso que le estrujó el pecho al alcalde?
El expediente
A sus 32 años, el alma de Wílmar Sánchez deambulaba entre el infierno y la tierra. La peste de las drogas lo arrastró a mendigar en esquinas y a robar para seguir encadenado a su adicción.
Algunos residentes de los barrios San Javier y El Socorro, hastiados de su conducta, se quejaron ante “la Agonía”, la banda que rige el bajo mundo del sector. Los ilegales amenazaron a Wílmar, como en el Viejo Oeste: o se iba del barrio o se moría.
Su padre, que lo amaba a pesar de las fallas, le ofreció dinero varias veces para que huyera. El hijo no aceptó y con eso selló su destino.
Los detalles del caso están en el expediente N°0500 16000206 202003317, que la Fiscalía Seccional de Vida ha expuesto en varias audiencias de control de garantías, conocidas por EL COLOMBIANO.
Al día siguiente de que “la Agonía” cumpliera su sentencia, agentes de la Sijín y el CTI iniciaron una trepidante cacería. Varios pobladores les contaron que en el crimen participaron alias “Santiaguito”, “Luisito”, “Mono Florida” y “Soto”.
Al revisar las cámaras de vigilancia del 123 observaron un par de motos con dos ocupantes cada una, que desde las 12:30 p.m. merodearon el vecindario. A las 4:25 p.m. volvieron a pasar los mismos vehículos, rumbo al occidente, pero en uno de ellos iba un quinto ocupante. Veinte minutos más tarde retumbaron los disparos en unas escalas y de nuevo regresaron los velocípedos, sin la víctima.
En bases de datos de Sijín y CTI estaban reseñados los alias suministrados por la comunidad, con su respectiva identificación. La Fiscalía obtuvo sus fotos de la Registraduría y un perito hizo el cotejo morfológico, comparándolas con los videos del 123. Según su dictamen, el grado de semejanza era superior al 90 %, coincidían las contexturas, el tabique, la frente y otros parámetros físicos.
El fiscal recalcó: “Hicimos reconocimiento videográfico con la familia de la víctima. Dijeron ‘el que va en la mitad de esa moto es mi hijo, y es mi sobrino, ahí lo llevan, y por el temor que nos da la Agonía no vamos a señalar a nadie más, no pregunten por los de las motos’”.
El 23 de febrero fue capturado Santiago Gil Oquendo (“Santiaguito”), de 24 años, a la salida de un centro de detención transitoria, adonde lo habían llevado la noche anterior por hacer escándalo borracho.
A los cuatro días cayó en un allanamiento en la comuna 13 Estiven Morales Hernández (“Mono Florida”), de 27 años, dueño de una de las motos registradas en los videos y sobrino de Diego Hernández (“Diego Almuerzos”), un jefe de la facción encarcelado.
El 4 de marzo arrestaron en un motel del Centro a Sebastián Soto Cuartas (“Soto”), quien iba en la otra moto reseñada en el video. Su ubicación fue más difícil, pues al parecer pernoctaba en lugares diferentes, pero el teléfono estaba interceptado y se delató al pedir un domicilio.
En esas interceptaciones, los agentes registraron una llamada suya del 27 de febrero, en la que al parecer daba órdenes sobre el cobro de extorsiones. “Soto le dice a una mujer que vaya donde la cucha, ‘porque el pelado (cobrador) acabó de pasar y ella le estaba pagando a los de abajo, y dígale que la plata se la pase a usted, los $20.000. Si hay cámaras yo mando a alguien para que las mire, a ver cuáles son los de ‘el Chispero’ (otra banda) que están yendo a cobrar, porque ellos no tienen por qué ir allá a nada, y que les diga a los de ‘el Chispero’ que allá cobra es la Agonía”, contó el fiscal.
El ente acusador abrió una investigación paralela para determinar si hay corrupción en esta trama, pues al parecer hay un empleado de la rama judicial con acceso al sistema de la Fiscalía que les avisa a los sospechosos si tienen órdenes de captura vigentes.
“Santiaguito”, “Mono Florida” y “Soto” se declararon inocentes en estrados, al ser imputados por homicidio agravado y porte ilegal de armas, y fueron enviados a la cárcel como medida de aseguramiento.
Aún falta por capturar al cuarto presunto autor material y a los intelectuales.
Propuestas de cambio
Las cuestiones éticas detrás del crimen fueron tratadas en las audiencias. El fiscal lo calificó como un caso de “la mal llamada limpieza social, que es bien vista por algunos”.
En diligencia del 28 de febrero, el Juez Tercero Penal Municipal de Medellín opinó que “hay que hacer un alto en el camino. Por muy desechable, entre comillas y respetando ese término, que se pueda considerar una persona, hay otras vías para resolver los conflictos: las legales”.
Consultamos a William Asprilla, magíster en Bioética de la U. Europea del Atlántico (España). Dijo que un cambio en la mentalidad colombiana tomará tiempo, “aunque desde la política pública, se puede comenzar incorporando programas de perspectiva ética en los planes de desarrollo”.
Jairo Herrán Vargas, expersonero de Medellín, acotó que hemos llegado a este nivel de intolerancia por un hastío de la sociedad, causado por la ineficacia de la justicia. “Surgió una contracultura de la violencia, que se puede combatir impulsando una transformación educativa que vuelva a privilegiar los valores, al tiempo que el Estado debe invertir en reforzar su sistema de justicia” (ver recuadros).
Dos días después de la muerte de Wílmar Sánchez, por circunstancias distintas se deterioró el orden público en la comuna 13. “La Agonía” se enfrentó al combo de “Peñitas”, lo que dejó nueve muertos y dos heridos en dos semanas; el peor episodio fue la masacre de cuatro personas en el barrio Antonio Nariño (febrero 15), en la que, según el análisis balístico, sicarios de “la Agonía” emplearon la misma pistola con la que mataron a Wílmar.
Quintero exigió resultados a la Fuerza Pública, que en 15 días lanzó dos operaciones, capturando a 47 sospechosos en la zona, incluyendo a “Santiaguito” y “Mono Florida”. Según fuentes judiciales, estas han sido las únicas operaciones estructurales contra el crimen organizado en lo que va de esta administración.
En su exposición, el fiscal proclamó que, a pesar de lo que algunos piensen frente a esta historia, es posible lograr un cambio: “Lamentablemente en nuestro medio las víctimas son catalogadas de primera y quinta categoría, y como él era un habitante de calle que se apropiaba de lo ajeno, se hizo justicia por mano propia. Pero aquí no hay víctimas de primera ni quinta, su señoría, el derecho a la vida lo tenemos todos, desde el peor criminal hasta la abuelita más tierna que pueda existir. Y así lo estamos demostrando con esta investigación”.
