Cuando se habla de crisis alimentaria en Colombia, casi siempre se hace con datos generales o haciendo el recuento de las nefastas consecuencias.
Se sabe, por ejemplo, que menos de la mitad de los hogares en Antioquia tiene las tres comidas aseguradas. Y se sabe también que este año las cifras de desnutrición crónica y aguda duplicaron los valores históricos que presentó el departamento en los cinco años anteriores.
Pero las causas, todos esos factores y situaciones que ocurren dentro de los hogares y desembocan en la inseguridad alimentaria de las familias casi siempre permanecen ocultas. Por eso resultan fundamentales los hallazgos que arrojó el “Perfil alimentario y nutricional de los menores de 18 años en Antioquia 2023”, adelantado por la Gobernación y la Escuela de Nutrición y Dietética de la U. de. A.
El equipo de expertos recorrió durante casi cuatro meses 32 municipios de nueve subregiones. Analizó las medidas corporales de peso y estatura de 5.833 menores de 18 años y, con apoyo de las familias, se adentró y conoció en detalle la realidad de cientos de hogares para estudiar a fondo qué está fallando en la alimentación, qué carencias tienen, qué decisiones toman las familias para alimentar a sus hijos y qué impactos tienen estas en la salud y el bienestar.
La investigación arrojó que el 72% de los hogares visitados está en inseguridad alimentaria, quiere decir que carecen de acceso a suficientes alimentos seguros y nutritivos para un crecimiento y desarrollo normales.
Pero aquí viene lo verdaderamente revelador. El estudio encontró que la crisis social y económica derivada de la pandemia redujo la adquisición de carne de los hogares en un 51,4%; de leche, en un 39,1%; de frutas, en un 38,3%; de productos lácteos, en un 37,8%; y de verduras, en un 34,1%.
Y entonces si eventualmente faltaron la carne, las frutas, verduras y los lácteos, ¿con qué los reemplazaron? Hay algunas pistas interesantes. Según la profesora Lorena Patricia Mancilla López, coordinadora científica del Perfil, aunque esperaban un panorama más complejo en cuanto a capacidad de las familias para adquirir alimentos nutritivos por los efectos pandémicos, otros hallazgos del estudio fueron bastante preocupantes y se derivaron del consumo de alimentos ultraprocesados y el sedentarismo.
El estudio señala que un 14.4 % de los menores de 5 años a los que se les tomó el peso y la talla están en riesgo de sobrepeso. También, que los menores entre 5 y 18 años tienen un porcentaje de sobrepeso del 16.2 % y de obesidad del 7.2 %.. El 23,4% de los niños y jóvenes tiene el peso elevado para la estatura.
Al profundizar en las causas de estos resultados quedaron expuestos fenómenos inquietantes. El 28,8% de las familias no consumen frutas y el 27,4% no adquiere lácteos, mientras que el 48,4% recurren a los dulces y el 52,6% a la comida chatarra, para alimentarse.
Según Mancilla, la evidencia científica es concluyente al advertir que el consumo de ultraprocesados que contienen alto grado de componentes artificiales, aditivos, colorantes, azúcares desencadenan sobrepeso y de la alteración de los perfiles lipídicos en edades cada vez más tempranas, es decir, existe riesgo de que desde muy niños se enfrenten a enfermedades cardiovasculares.
Los resultados de la investigación enfocada en los niños y jóvenes de Antioquia refuerzan los postulados del Ministerio de Salud en defensa del impuesto a las bebidas azucaradas y los alimentos ultraprocesados que entró en vigor hace mes y medio y que ha sido objeto de una intensa campaña de rechazo por parte de grandes conglomerados económicos.
En la otra orilla, académicos de todo el país como el experto en bioquímica nutricional y docente de los Andes, Carlos Mendivil, defienden la medida y señalan que el impuesto de este tipo logró en México reducir el consumo de calorías en menores de edad y mejorar los índices de talla y masa corporal.
Mendivil sostiene que Colombia tiene grandes probabilidades de alcanzar logros similares, además de recaudar millonarios recursos para invertir en salud preventiva y obligar a las empresas a emplear componentes cada vez menos nocivos.
El consenso entre los expertos es que el país no puede dejarse llevar hacia la premisa de la industria de alimentos y los grandes gremios que han llegado a asegurar que el impuesto saludable pone en riesgo la seguridad alimentaria de los ciudadanos, sobre todo los de clase media y baja, al no encontrar baratos los embutidos y la comida chatarra.
Para Mauricio Mancilla, investigador en epidemiología, salud y nutrición, la posición de los gremios busca desviar la verdadera discusión que, según apunta, debe centrarse en cómo asegurar que la cadena productiva garantice el acceso de frutas, verduras, cárnicos y lácteos a toda la población y cómo lograr que no se pierdan 10 millones de toneladas de alimentos al año en el país.
Adriana Suárez Vásquez, líder de la Gerencia de Seguridad Alimentaria y Nutricional —Maná—, señala que los resultados de la investigación refuerzan el Plan docenal de seguridad alimentaria y nutricional 2020 – 2031. En otras palabras, es un insumo fundamental para que el gobernador electo, Andrés Julián Rendón, tenga una hoja de ruta para emprender su estrategia de reducción del hambre en la cual asegura que invertirá los recursos del recaudo por impuesto vehicular.
Esto sugiere que con información como la que arrojó este Perfil se puede orientar mejor la inversión que pretende ejecutar Rendón para reducir el hambre en Antioquia, un plan que debería ampliarse para crear una política más ambiciosa de alimentación saludable que blinde el PAE, que enfrente con prevención enfermedades crónicas en niños y jóvenes y apoye decididamente los esfuerzos de organizaciones que actualmente luchan contra el desperdicio de comida, como los bancos de alimentos que, por cierto, ganaron recientemente un reconocimiento internacional por su intensa –y a veces solitaria lucha– para rescatar miles de toneladas de alimentos nutritivos y de calidad que el ciclo productivo desecha incomprensiblemente, y que gracias a ellos terminan en los hogares más vulnerables.
