Las comunidades en zona rural del municipio de Cáceres, Bajo Cauca antioqueño, atraviesan una situación insostenible por cuenta de las disputas entre grupos armados en la zona. Ante la crítica vulneración de derechos humanos que se viene presentando en esta zona, en la que el Clan del Golfo, la guerrilla del ELN y las disidencias de las Farc se disputan metro a metro el control del territorio, la Defensoría del Pueblo le exigió a los grupos armados respetar los derechos de la comunidad y lo establecido en el Derecho Internacional Humanitario (DIH).
La Defensoría rechazó el retorno de las minas antipersona, los desplazamientos individuales, la restricción a la movilidad y la prohibición del ingreso de alimentos y combustibles.
Así mismo, les exigió a los grupos armados no instrumentalizar a los campesinos, personas trabajadoras y humildes que se ven obligadas a realizar manifestaciones contra la fuerza pública, que ejerce su labor constitucional en el Bajo Cauca. También rechazó de manera categórica el reclutamiento, uso y utilización de niñas, niños y adolescentes. Los menores de edad no tienen por qué estar integrando las filas de los ilegales, bajo ninguna circunstancia, práctica cruel que contraria la normativa del DIH.
La Defensoría también repudió los asesinatos sistemáticos que vienen cometiendo estas estructuras y la práctica inhumana de no permitirle a los parientes de las víctimas trasladar los cuerpos a los cascos urbanos, ni reportar su fallecimiento. Los obligan a enterrarlos en zonas rurales, lo que evita el registro del hecho criminal.
Esta subregión, la del Bajo Cauca antioqueño, es una de las zonas donde más se ha agudizado el conflicto armado en los últimos años, razón por la que la Defensoría llama a los entes nacionales y territoriales y a las fuerzas del orden, a brindarles las debidas condiciones de seguridad a todos los habitantes de Cáceres y sus alrededores.
“La Defensoría del Pueblo les exige a estas organizaciones criminales no afectar a la población civil, respetar sus derechos a la vida, a la integridad, a la libre movilidad, a la alimentación; igualmente, sus derechos económicos y sociales”, señala el pronunciamiento.
Propiciar escenarios de diálogo en los territorios, sumar esfuerzos reales de voluntad para sentarse a conversar, en los que participen todos los actores armados, es el verdadero camino que debe ser recorrido para encontrar la anhelada paz que claman los colombianos.
Este llamado se suma al de la Gobernación de Antioquia en días recientes, en el cual se le solicitó al Gobierno Nacional que le entregue al departamento los protocolos de verificación del cese bilateral con el ELN. El Bajo Cauca es una de las poblaciones que están en vilo ante el cumplimiento de este cese de hostilidades entre la Fuerza Pública y la guerrilla, pues esta es una de las subregiones donde el ELN hace presencia con más fuerza en Antioquia. Allí delinquen los frentes Sur - Sur, Resistencia Guamucó, Héroes de Tarazá y un reducto del Capitán Mauricio.
Sin embargo, el jefe de la guerrilla, Antonio García, negó que el ELN esté implicado en las recientes amenazas y ataques contra la población civil en el Bajo Cauca y aseguró que son los paramilitares del Clan del Golfo, en alianza con el Ejército, los que tienen militarizados municipios como Cáceres, Tarazá y Valvidia y andan, según él, a sus anchas buscando expulsar a la guerrilla de esas zonas.
