Tres razones principales han levantado en protesta al Cabildo Mayor Indígena de Frontino conformado por los resguardos de Chaquenodá, Murry Pantano y Nusido. El bloqueo, en cabeza de Blanca Ligia Bailarín Sinigui, va contra la Alcaldía y se sitúa en las partidas de Frontino, en la vía Urabá-Medellín desde el medio día.
La protesta toma lugar como respuesta al incumplimiento de acuerdos alcanzados en una minga realizada en marzo pasado y a lo que consideran una violación de sus derechos constitucionales.
Los líderes indígenas han expresado su descontento con la administración municipal, acusándola de no respetar sus derechos y acuerdos previos.
El Cabildo ha señalado tres razones principales para esta movilización:
Primero, exigen la posesión inmediata de cabildos locales de los resguardos y del gobernador indígena de este mismo, así como del Cabildo Mayor de las comunidades indígenas de Frontino. A pesar de haber seguido el debido proceso, aún no se ha cumplido con estos nombramientos.
Segundo, demandan la entrega de los recursos del Sistema General de Participación, que ascienden a $2.000 millones. Estos fondos están destinados a proyectos de educación, salud y vivienda para los 6.500 indígenas que habitan en el municipio de Frontino.
Tercero, solicitan la presencia de la Procuraduría en la región para que ordene las posesiones inmediatas. “Desde que la Procuraduría no ordene las posesiones inmediatas, no se va a levantar el bloqueo”, afirmaron los líderes indígenas.
EL COLOMBIANO trató de contactar a la alcaldesa de Frontino, Luz Gabriela Rivera Cano, para preguntarle por las causas y consecuencias del bloqueo y a la Personería municipal. Al cierre de esta edición no obtuvimos respuesta.
