El cuerpo de bomberos voluntarios de Granada, en el Oriente antioqueño, anunció que liquidaría todos los contratos de sus empleados, con lo cual se verá afectada la capacidad de respuesta ante las necesidades de la población.
Así lo informó a través de un comunicado que colgó en sus redes sociales en el que habla de “una situación crítica que afecta nuestra capacidad operativa y, por ende, la atención de emergencias en el municipio”.
En concreto, la razón sería la falta de recursos económicos, pues a la fecha no cuenta con un contrato con el Municipio ni ha podido llegar a un acuerdo con la Alcaldía sobre la manera en la cual operarían en el año 2025.
EL COLOMBIANO trató de contactar tanto a los voceros del organismo de socorros como al alcalde de Granada para ampliar la información al respecto, pero no obtuvo respuesta a las llamadas telefónicas y mensajes de WhatsApp.
Sin embargo, extraoficialmente se conoció que existe una brecha grande entre lo que pide la dirigencia bomberil local y lo que ofrece la administración para asegurar este servicio que los municipios están obligados a asegurar, de acuerdo con la legislación colombiana.
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La suspensión de las relaciones laborales habrían quedado en firme desde el pasado 4 de enero.
“La institución seguirá desarrollando labores de prevención, capacitación, inspecciones de seguridad humana, protección contra incendios y demás servicios propios que ayuden al financiamiento de las actividades bomberiles”, añadieron en la comunicación pública.
En una entrevista a un medio local realizada con anterioridad, la comandante de los bomberos, Paola González, había dicho: “En todas partes se presentan incidentes y accidentes, entonces si acá no tenemos el cuerpo de bomberos toca llamar a otros cuerpos de bomberos, y mientras que ese otro cuerpo de bomberos llega al municipio ya ha pasado mucho tiempo y puede haber sido peor, que es lo que ha pasado anteriormente”.
También explicó que esta es una empresa privada sin ánimo de lucro que en ese momento estaba conformada por siete bomberos capacitados y otros diez en formación, para un total de 17 rescatistas.
La entidad fue fundada el 10 de julio de 1990, es decir, hace 34 años y medio, pero había quedado inactiva por un tiempo y el año pasado se reactivó. Desde entonces hizo un esfuerzo por fortalecerse a punta de donaciones.
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Socorristas en situación precaria
En un informe realizado por este medio de comunicación en febrero de 2024, la secretaria de Asuntos Institucionales de la Gobernación, Lina Cuartas, informó que en el departamento existen 118 cuerpos de bomberos de los cuales 104 cuentan con personería jurídica vigente y con 2.435 socorristas, pero había otros 14 que solo tenían existencia en el papel. Cinco municipios no contaban entonces con estas entidades asistenciales.
Las condiciones de estas organizaciones son disímiles, desde las más opulentas, como en Envigado, hasta muchas que ni uniformes poseen.
Dirigentes del movimiento bomberil a nivel departamental se quejaron entonces de la forma precaria como tienen que operar y de que casi nunca los montos de los contratos que ofrecen las alcaldías son consecuentes con la importancia del servicio que prestan ni con el riesgo que asumen.
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“Muchas veces se escudan en el sofisma de que son voluntarios, pero resulta que voluntario no significa gratis, porque este personal se denomina de esta manera por no tener una relación contractual con el Estado”, dijo un líder de estos.