La jueza 39 municipal de control de garantías de Medellín ordenó este lunes medida de aseguramiento de casa por cárcel en contra de Alexandra Agudelo, secretaria de Educación, y Lina María Gil, exdirectora de Buen Comienzo, por presuntas irregularidades en la contratación del programa en 2020. Los defensores de ambas procesadas apelaron la decisión.
Sobre el otro imputado, Henry Paulison Gómez, representante para la fecha de la corporación Colombia Avanza, no concedió la petición del ente acusador de también ordenarle casa por cárcel, por lo que afrontará el juicio en libertad.
Aunque la jueza manifestó que no hubo una sustentación adecuada de la Fiscalía sobre la posibilidad de que los procesados incurran en obstrucción a la justicia, sí compartió con la fiscal y la procuradora del Ministerio Público su temor de que las dos funcionarias, Agudelo y Gil, pudieran incurrir en reiteración de las presuntas conductas por las cuales se les investiga, pues aún siguen en cargos públicos, en tanto que Agudelo sigue siendo la titular de Educación y Gil tiene un cargo en la Secretaría de Inclusión Social.
La fiscal 49 apeló la decisión respecto a Henry Paulison Gómez y pidió que se le imponga la misma medida de aseguramiento que a las dos funcionarias. La fiscal indicó que este hombre participó en el presunto acuerdo para “amañar” la adjudicación de los contratos y que también habría incurrido en el interés indebido. “Estos son delitos medios de cara a apropiarse de recursos públicos”, manifestó la fiscal e hizo referencia a las llamadas interceptadas a personas a través del teléfono corporativo de Colombia Avanza, en las cuales se habría hablado del ocultamiento de pruebas de detalles de la ejecución de los dineros en los contratos.
La decisión de la jueza se da tras unas 20 horas de audiencia de medida de aseguramiento, que se realizó el lunes, jueves y viernes de la semana pasada con la intervención de la fiscal y los tres abogados defensores de los imputados por los delitos de celebración de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, peculado por apropiación en tentativa, interés indebido en la celebración de contrato y peculado por apropiación consumado en favor de terceros.
Esto, por presuntas irregularidades en dos contratos de 2020. El 4600085185, para atender la modalidad familiar de Buen Comienzo, y el 4600085448 para entregar paquetes alimentarios a población escolar. Ambos fueron suscritos entre la Secretaría de Educación y Colombia Avanza y en los dos se habrían presentado anomalías como una oferta hecha a la medida para el contratista, sobrecostos y falta de idoneidad.